El 27 de septiembre la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, recibía el primer toque de atención por una problemática que afecta de lleno a su cartera y que en las últimas semanas no ha hecho más que escalar. Los socios del Gobierno -ERC, EH Bildu y BNG- pedían la comparecencia en el Congreso de Rodríguez ante la “inacción” y la falta de medidas en materia de vivienda.
Posterior a esta petición parlamentaria, fueron los propios inquilinos los que se encargaron de romper el silencio y denunciar en calles y avenidas un malestar que a día de hoy es ya insostenible. Primero en Madrid y luego en Valencia -y en las próximas semanas se unirán otras ciudades como Málaga, Sevilla y Barcelona- miles de personas se movilizaron para reclamar el tope a los precios del alquiler, el fin a los pisos turísticos y para que la vivienda deje de ser un negocio.
Unas exigencias motivadas por los datos aportados recientemente que dibujan un panorama negro en el mercado de la venta y el alquiler. Entre ellos, según el portal inmobiliario Idealista, los precios de la vivienda en España se mantienen al alza y suben un 8,7% en la comparativa interanual del tercer trimestre. Llevan con esta tendencia ascendente 21 meses y desde el pasado mes de mayo han batido el precio máximo de la serie histórica del portal inmobiliario, que se estableció en 2.115 euros por metro cuadrado en 2007, coincidiendo con el boom inmobiliario. Una situación que afecta especialmente a aquellas provincias que se encuentran en máximos de vivienda: Baleares (4.561 euros por metro cuadrado), Guipúzcoa (3.652 euros), Madrid (3.569 euros), Santa Cruz de Tenerife (2.865 euros), Las Palmas (2.542 euros) y Alicante (2.298 euros).
Con este pretexto que no da margen para las palabras, solo para la acción, ha sido este mismo miércoles cuando la titular de Vivienda se ha subido al atril del Congreso para, teóricamente, dar respuesta a todas las preguntas que se le han planteado. Lejos de pasar a la acción y ofrecer una respuesta inmediata -lo mínimo esperado por aquellos que la han llevado hasta ahí- la postura de la responsable de Vivienda se ha limitado en volver a recurrir al blindaje del parque público de vivienda instando a las comunidades autónomas a hacerlo también.
En este sentido, se ha limitado a abogar por la regulación como herramienta para conseguir que los errores no se vuelvan a repetir, por lo que blindar el suelo público para que los esfuerzos de todos sirvan “al interés general” ha sido la piedra angular de su discurso. Precisamente esta propuesta ya se incluía en el artículo 16 de la Ley de Vivienda y fue presentada en los parlamentos autonómicos después de que el Tribunal Constitucional la tumbara al considerar que esta era una “competencia exclusivamente autonómica” y que no es deber del Estado dictar normativas “con el único propósito de crear derecho supletorio del de las Comunidades Autónomas en materia de la exclusiva competencia de estas”.
Lo cierto es que el suelo público ha disminuido en España de manera considerable. Según señalaban fuentes socialistas, “en España se han construido más de 2.500.000 viviendas públicas en democracia, lo que supondría más del 9% de vivienda protegida sobre el total de viviendas de nuestro país. Pero la venta de estas viviendas nos ha llevado a que, en la actualidad, el parque público de vivienda se sitúe en el 2,5% aproximadamente. La media europea es del 9%”.
En línea paralela al blindaje del suelo público, en el marco de la Operación Campamento, que contempla las obras del Paseo Verde del Suroeste, Rodríguez se ha comprometido que todas las viviendas de este plan se construirán en el “espacio que ocupaban cuarteles” en el barrio suroeste de Madrid y que “serán 100% asequibles”.
Menos propaganda, y más hechos
Poco más ha protagonizado el discurso de la titular de Vivienda, que ha dejado una sensación general de decepción entre los presentes. Los propios socios del Gobierno que reclamaron su comparecencia le han afeado el bajo grado de compromiso y la total falta de acción que, incluso después de la comparecencia, sigue brillando por su ausencia.
Desde EH Bildu, su portavoz en el Congreso, Oskar Matute, ha apelado a la necesidad de acción por parte de las administraciones para regular el mercado. “¿Existe una mayoría que sea consciente de que esta situación es insostenible para cada vez más gente y que esto no parece que vaya a mejorar de la noche a la mañana? Pues si también estamos de acuerdo en esto, es el momento de actuar”.
Por la parte que les toca a los nacionalistas gallegos, desde el BNG Néstor Rego ha instado a la ministra a que deje “la propaganda” a un lado y se implique con “los hechos”. Asimismo, ha exigido “políticas públicas efectivas y eficaces” para garantizar el acceso a una vivienda digna.
Desde ERC, su portavoz de Vivienda, Pilar Valluguera, se ha mostrado especialmente contundente con la postura de Rodríguez y ha acusado al Ejecutivo de que parezca que estén “del lado de los propietarios”.
Las críticas y los reproches también han salido desde Sumar. La portavoz adjunta, Aina Vidal, ha lamentado que "es decepcionante y se queda corta" la intervención de Rodríguez. "No solo es una cuestión generacional, que lo es, porque hay una generación entera a la que se le está privando de ningún tipo de capacidad para poder hacer un proyecto de vida autónomo", pero ha insistido en que le ha faltado "sensibilidad, toma de contacto con la realidad y medidas concretas".
Los sindicatos no ceden
Si el ambiente estaba caldeado previo a la comparecencia de la ministra, ahora echa humo. Tras la falta de acción demostrada esta mañana en el Congreso, el Sindicato de Inquilinos e Inquilinas de Madrid sigue en su postura de exigir la dimisión de Rodríguez.
“Los sindicatos de inquilinas exigimos la dimisión de la ministra de Vivienda por su nefasta gestión y porque solo está proponiendo políticas del ladrillazo, las mismas que está proponiendo el Partido Popular (PP) y la patronal inmobiliaria”, ha señalado Víctor Palomo, portavoz del Sindicato de Inquilinas.
Y ha proseguido: “No está escuchando el clamor de la calle, que está pidiendo que la vivienda sea un derecho”, ha continuado, exigiendo a la titular de la cartera de Vivienda que “suelte la mano de los Jesús Gil que vimos ayer en Moncloa y empiece a tomarse en serio este tema”.
