La Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT) ha presentado una demanda contra el Reino de España por el incumplimiento de la Carta Social Europea (y la Constitución Española) en materia de vivienda. El sindicato ha presentado la reclamación colectiva ante el Comité Europeo de Derechos Sociales, dependiente del del Consejo de Europa, por considerar que se vulnera el artículo 31 del tratado, que establece que “toda persona tiene derecho a una vivienda”, de igual manera que lo hace el artículo 47 de la carta magna española.
"Nuestra Constitución recoge como un derecho en su artículo 47 el derecho a la vivienda. Sin embargo, no ha sido un derecho que se haya podido ejercitar, sino que se ha convertido en un principio rector de la política económica y social en nuestro país”, ha criticado Fernando Luján, encargado de explicar la demanda. “Nosotros, con esta reclamación, queremos cambiar el paradigma del derecho a la vivienda en nuestro país para que deje de ser política de vivienda y se convierta en un derecho a la vivienda", ha continuado.
"Hemos decidido impulsar iniciativas jurídicas para que se pueda ejercer este derecho en nuestro país, que se encuentra claramente amenazado", ha desgranado Luján, que ha denunciado que sólo el 2,5% de la vivienda que se construye en España es vivienda social. Durante la comparecencia también han estado presentes, junto con el vicesecretrario general de UGT, la responsable de vivienda del sindicato, Ana Isabel García, y el secretario General, Pepe Álvarez. El máximo mandatario de la organización también ha trasladado su valoración a los medios de comunicación.
"Esta demanda es una demanda contra el Reino de España y, por tanto, es una demanda que implica a todas y cada una de las administraciones competentes en esta materia, que no es sólo el Gobierno del Estado, sino que fundamentalmente lo son las comunidades autónomas y lo son los ayuntamientos en nuestro país", ha apuntado Álvarez. Precisamente sobre la fragmentación de competencias ha girado la intervención del secretario general, que ha llamado que las administraciones se pongan “más de acuerdo” y dejen de lado debates sin fundamento.
Álvarez considera “absolutamente necesario” un acuerdo en materia de vivienda, dado que la situación se torna cada vez más dramática y a una velocidad muy elevada. "En pocos temas en nuestro país están tan fragmentadas las competencias como es el caso de la vivienda y, por tanto, requerimos ese esfuerzo de consenso, ese esfuerzo de acuerdo para que, repito, a corto, a medio y a largo plazo, este problema no se convierta en un problema gravísimo desde el punto de vista social", ha afirmado.
Fundamento de la demanda
El vicesecretario general de UGT ha sido el encargado de detallar el groso de la demanda presentada, que consta de 64 páginas y acusa a España de incumplir el artículo 31 de la Carta Social Europea Revisada, ratificada en 2021 en el Boletín Oficial del Estado (BOE), y que mandata lo siguiente: “favorecer el acceso a la vivienda de una calidad suficiente; prevenir y paliar la situación de carencia de hogar con vistas a eliminar progresivamente dicha situación; hacer asequible el precio de las viviendas a las personas que no dispongan de recursos suficientes”.
Resulta evidente que estos parámetros no se cumplen en España, ni e Europa, y desde UGT han trasladado que su intención con la presentación de la reclamación es cambiar esto. Si la reclamación prospera, el derecho a la vivienda "será un derecho que se podrá implorar, que se podrá pedir ante los tribunales en el momento en que cualquiera de las Administraciones Públicas niegue a las personas este derecho", ha trasladado Luján en la rueda de prensa.
Asimismo, el sindicalista ha criticado que la Ley de Vivienda puesta en marcha por el Gobierno de coalición "no tiene mandatos imperativos", pues se utilizan demasiados verbos como "favorecer, impulsar, fomentar, contribuir o, sobre todo, podrán". Verbos que, en la práctica, se quedan en nada al no haber obligatoriedad. "No hay nada imperativo, se están marcando principios que podrán ejercitarse o no, pero desde luego que no llevan aparejados el ejercicio efectivo de un derecho fundamental, como es el derecho a la vivienda", ha denunciado.
