La salud mental va a ocupar y centrar buena parte de esta legislatura para el Ministerio de Sanidad que lidera Mónica García. Así lo garantizó la titular de Sumar al tomar el cargo y así lo ha querido de poner de manifesto en sus primeras actuaciones al frente de esta cartera. Uno de los puntos que se ha ganado la confrontación de los de Yolanda Díaz es la elevada prescripción de psicofármacos, una situación a la que ha declarado la guerra bajo la promesa de atajar este "problema". Para ello, el nuevo Comisionado de Salud Mental ha propuesto reducir su uso con un plan que pasa por cursos, sindicatos o servicios sociales.

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El plan de Sanidad contra los antidepresivos masivos

Este jueves la directora del recién creado Comisionado de Salud Mental dependiente del Ministerio de Sanidad, Belén González, se ha sentado en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados para informar de las principales líneas generales de actuación que pretende acometer para esta legislatura. Un cónclave que ha aprovechado para defender la necesidad de mejorar la atención integral de la salud mental de los españoles con una fuerte crítica social.

Y es que, en línea con lo que defiende tanto esta cartera como Sumar -partido del que depende el ministerio ahora-, González ha puesto de manifiesto la guerra abierta que se ha iniciado entre los de Yolanda Díaz contra los factores de la vida cotidiana que afecta al buen estado de salud psicológica de los ciudadanos. Para la comisionada, es precisamente "lo social" lo que está teniendo una "influencia muy importante" en la salud mental, incluso llegando a crear sendos trastornos, incluso el suicidio.

"El diagnóstico de esquizofrenia es 12 veces más prevalente en rentas bajas que en rentas altas o que el uso de antidepresivos es cuatro veces mayor según la clase social", ha sostenido como ejemplo para apuntalar esta denuncia. A su juicio, hay muchos problemas que no se solucionan en las consultas de psicología. "Con frecuencia vemos que lo que necesita el paciente no es un psicólogo, es un abogado laboralista o un reconocimiento y compensación por los cuidados invisibilizados, un salario digno o un alquiler asequible", ha sostenido.

Dado que estas situaciones se escapan de la capacidad de acción de los profesionales sanitarios, "con frecuencia, frente a la impotencia de no hacer nada y la falta de tiempo se opta por la prescripción de psicofármacos", ha dicho para criticar la elevada disposición de este tipo de medicamentos. De hecho, tal y como ha recordado la propia González, España es el segundo país europeo que más ansiolíticos consume por detrás de Portugal, y el cuarto en antidepresivos, con especial atención a los jóvenes.

La Atención Primaria y las listas de espera

"El uso de psicofármacos es útil cuando la indicación es la correcta y no generan demasiados efectos adversos. Cuando prescribimos ajustándonos a las fichas técnicas y las guías clínicas y cuando somos capaces de retirar esos fármacos cuando han dejado de ser útiles", ha criticado. Es por ello que ha anunciado que su departamento va a impulsar "un plan integral para la deprescripción" de los psicofármacos así como para "La mejora del uso" de estos medicamentos. 

Este va a estar dirigido tanto a los equipos de Atención Primaria, de la red de salud mental especializada, así como para la población en general. "Vamos a crear materiales formativos a disposición de los clínicos, como guías clínicas y cursos, y vamos a promover la prescripción social como alternativa", ha explicado González, que ha anunciado también la creación de "una mesa estable con la Dirección General de Servicios Sociales", a la que se irán incorporando más miembros, para analizar la forma de llevar a cabo esta iniciativa.

"Se trata de poder prescribir, por ejemplo, grupos de deporte en lugar de Rubifén, asociaciones feministas en lugar de Sertralina, o un sindicato en lugar de Lorazepam", ha reivindicado la comisionada. Según González, esta práctica "está recomendada por la Organización Mundial de la Salud", por lo que la intención de la cartera de la que depende es que "sea más frecuente y más eficaz, coordinando con los agentes sociales, los servicios sociales, los barrios y los ayuntamientos para que se lleve a cabo". 

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Y es que, otra de las patas que sostienen esta complicada situación, es la "la medicalización de los problemas sociales", que a juicio de González, ha tenido dos consecuencias, relacionadas directamente con las tensiones que está experimentando la Atención Primaria. "La primera, el incremento de demanda en el sistema sanitario, lo que explica parcialmente el aumento desmesurado en las listas de espera; la segunda, los problemas que se derivan de intentar resolver con herramientas sanitarias lo que son problemas sociales", ha defendido.

La precariedad laboral y el suicidio

Si hay dos cuestiones sociales que afectan al estado de salud mental de los españoles es la precariedad laboral y el suicidio. "El trabajo cada vez es más difícil, más intenso, más rápido y más precario. Y cada vez hace más daño. Es una responsabilidad como gobierno que tomemos cartas en un asunto que ya es un problema de salud pública", ha sostenido González, que ha dado cuenta de la intención del Comisionado de iniciar un proyecto para detectar cuáles son los efectos del sufrimiento psíquico derivado del aspecto laboral.

En concreto, se trata de un plan en el que va a participar un grupo multidisciplinar de expertos que incluye desde filósofos a inspectoras de trabajo, pasando por sociólogas, psiquiatras, médicas de familia y enfermeras. Todo porque en España no hay reconocido de forma oficial ningún trastorno ligado directamente al trabajo o las condiciones laborales, a pesar de que -según el informe PRESME del Ministerio de Trabajo- la precariedad laboral ha causado unos 170.000 casos de depresión en el año 2020.

Además, el Comisionado también va a impulsar un nuevo plan para analizar las condiciones que llevan al suicidio, así como a medidas para poder atajarlo. "Continuaremos con proyectos que ya se venían desarrollando, como el teléfono de asistencia 024, al que vamos a añadir mejoras como la recomendación de activos de salud para los usuarios que puedan beneficiarse de ello. A lo largo de 2025 contaremos además con un plan de acción frente al suicidio que tendrá financiación independiente", ha sostenido la comisionada.

 

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