El Gobierno de coalición no está cumpliendo su propio calendario legislativo, muy a su pesar, y ya auguran un septiembre caliente. Al comenzar el año, tenían agendadas varias leyes que conforman la columna vertebral del acuerdo de investidura y que no han podido abordar antes por la gestión de la pandemia de coronavirus y sus derivadas económicas y sociales. PSOE y Unidas Podemos se fijaron como objetivo aprobar la reforma laboral y lo lograron -de aquella manera, pero los resultados ya son manifiestos-. Desde entonces, si bien es cierto que se han sacado adelante iniciativas importantes, todas ellas han sido sobrevenidas, consecuencia de un contexto convulso: Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas de la guerra de Ucrania, la excepción ibérica, el cambio de parecer sobre el Sáhara Occidental… Sin embargo, tenían previsto aprobar o al menos encarrilar Vivienda, Mordaza, Memoria Histórica y la ley trans y ninguna de ellas verá la luz en este periodo de sesiones. Los avances están siendo más lentos de lo previsto y tanto socialistas como morados asumen que el volumen de trabajo tras el parón estival las podría retrasar aún más.
En plena campaña de elecciones andaluzas y a falta de dos semanas para que concluya el periodo de sesiones, no habrá progresos significativos en ninguno de los antecitados articulados. Todos ellos se concretarán a partir de septiembre, coincidiendo, además, con la prórroga del decreto anticrisis, la génesis de los Presupuestos Generales del Estado 2023, las conversaciones para renovar el CGPJ, la ley de secretos oficiales anunciada por Pedro Sánchez, la abolición del proxenetismo… La carga de trabajo es tal que los grupos parlamentarios ya hablan de “tapón” legislativo y confiesan que todo sufrirá un importante retraso.
Fuentes conocedoras de las negociaciones consultadas por ElPlural.com justifican la demora esgrimiendo que el Ejecutivo ha afrontado un contexto muy convulso. Primero con la guerra de Ucrania, que forzó a Moncloa a centrar el tiro enfocándose únicamente en dar respuesta a las consecuencias con el denominado plan anticrisis. Después, Pegasus, que congeló los avances de varias leyes por las reservas de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) a negociar con el PSOE. A ello se le suman las convocatorias electorales autonómicas de Castilla y León y Andalucía que paralizan la agenda.
El deadline era junio
Para Moncloa, la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana y la ley de Memoria Histórica eran prioridades absolutas hasta el punto de que consideraron que no avanzarían en otros frentes hasta resolver este. Ambas se encuentran en fase de enmiendas. Los grupos de trabajo ultiman flecos para aprobarlas en sus respectivas ponencias y elevar los textos definitivos al pleno del Congreso.
En lo que a Mordaza respecta, se progresaba pausadamente hasta que el 26 de abril se canceló la reunión de las formaciones que la están negociando (PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV, EH Bildu y Junts) por el descontento del Grupo Republicano a cuenta del espionaje a más de 60 líderes independentistas catalanes y vascos. Las conversaciones se retomaron días después de forma telemática y no fue hasta el 12 de mayo cuando se vieron nuevamente las caras de forma presencial. Se perdieron tres valiosas semanas. La última reunión tuvo lugar el martes 7 de mayo, según ha podido saber este periódico. El balance no es del todo negativo: hay ya 29 enmiendas a artículos aprobadas en ponencia; media docena acordadas y redactadas; y otra decena sobre las que se han acercado posturas y únicamente faltaría trasladarlas al papel.
ElPlural.com avanzó que se acordó no convocar más reuniones de la ponencia hasta no tener un grueso importante de enmiendas pactadas y redactadas listas para despachar. Se esperaba, no obstante, que en junio se pudiera concretar una fecha para aprobar el dictamen y dejarlo listo para, bien en vísperas del verano o en las primeras dos semanas de septiembre, Mordaza recibiera el okey de la Comisión de Interior y pudiera elevarse al pleno. En otras palabras, que su aprobación fuera un mero trámite. No ha sido así. Aún quedan muchos asuntos, algunos que generan fricciones entre PSOE y UP, por lo que el trabajo será tedioso y requerirá de varias semanas.
Una situación similar asola a la ley de Memoria Histórica. Superó su primer examen en el Congreso de los Diputados el pasado octubre de 2021. Hace más de siete meses y, por el momento, el acuerdo no se atisba en el horizonte. ERC es el principal obstáculo, puesto que al igual que EH Bildu y PNV, consideran que se queda corta. La condición sine qua non de la formación independentista es que se derogue la Ley de Amnistía del año 1977 de forma que se declare ilegal el régimen salido del golpe de Estado de Francisco Franco. Esto daría pie a la posible reparación del patrimonio de las víctimas para que, cualquier persona física o entidad jurídica, pudiera reclamar inmuebles o bienes incautados por la dictadura. Este es el principal punto de fricción: los socialistas no están por la labor de derogar la Ley de Amnistía de 1977 y Esquerra insiste en que una Ley de Memoria Histórica digna ha de reconocer cualquier perjuicio económico de las víctimas y su derecho a ser reparado; bien devolviendo lo requisado o mediante una compensación económica.
Pisando el acelerador
Fuentes de Unidas Podemos aseguran que, pese a las complicaciones, “se va a seguir trabajando con determinación y, pese al retraso, esperamos que no haya más dificultades y se agilicen los trámites”.
Precisamente para desencallar la ley de Memoria Histórica, ElPlural.com adelantó que Íñigo Errejón, líder de Más País, ha registrado una Proposición No de Ley para forzar al Gobierno a comprometerse a desbloquear todas las iniciativas bloqueadas que atañen a la reparación de las víctimas del franquismo.
