El espionaje a más de 60 líderes del independentismo catalán y vasco ha congelado la relación del PSOE con sus socios hasta el punto de que Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) amenaza con romper la baraja si no se investiga el caso Pegasus y se depuran responsabilidades -dimisiones mediante-. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha avanzado que se ha mensajeado con Pedro Sánchez y espera cerrar un encuentro en los próximos días. Hasta entonces, hasta que todo se aclare, las conversaciones por varias leyes vitales que el Gobierno de coalición pretendía aprobar en este periodo de sesiones quedan en el limbo puesto que, según fuentes, el clima se verá afectado.
Tal y como ha publicado ElPlural.com, hay dos articulados que están haciendo de tapón porque son prioritarios para socialistas y morados y no despacharán otros asuntos hasta dar salida a estos: Vivienda y Mordaza. Pocos han sido los avances de los últimos meses dado que Moncloa se ha centrado en la elaboración del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias de la guerra en Ucrania. El Ejecutivo esperaba dar un importante impulso en los días posteriores a Semana Santa a la Ley de Memoria Histórica, avances que engrasarían la relación y desencallarían las negociaciones de la reforma de Mordaza.
Sin embargo, ante la ausencia de progresos, las partes “se han intercambiado papeles” y convocado nuevas reuniones para ultimar flecos como dejar al margen las devoluciones en caliente, que se incluirán en la Ley de Extranjería. Todo esto se ha visto afectado por la publicación de las informaciones sobre Pegasus. El propio Aragonès admite que la confianza con el PSOE está quebrada e impone tres condiciones para recuperarla. Solicita, en primer lugar, una investigación interna con supervisión independiente que evalúe al Gobierno, al CNI y, si fuera necesario, a Interior. Urge también la creación de una comisión en el Congreso que ya ha sido registrada conjuntamente por ERC, Junts, CUP, BNG, PNV, PDeCat, Más País, Compromís e incluso Unidas Podemos. Por último, exige depurar responsabilidades. Traducido al sincerolés: dimisiones.
Este paquete de medidas, cuyo objetivo es dilucidar “quién, por qué, qué datos se han utilizado y con qué autorización”, se concretará en una reunión al más alto nivel. El president de la Generalitat ha confesado que ya ha hablado con Sánchez por mensaje y se han emplazado a concretar un encuentro que “espero que sea en los próximos días”.
Llueve sobre mojado
Tras el costalazo de la reforma laboral que agrietó el denominado bloque de la investidura el Gobierno y sus socios se propusieron engrasar las relaciones para aprobar leyes importantes y avanzar en la legislatura. Con objeto de evitar un episodio semejante, coincidieron en la necesidad de cerrar todos y cada uno de los flecos sin pausa, pero sin prisa. Las fechas posteriores a la Semana Santa eran claves, pero la falta de avances significativos se ha agravado por el caso Pegasus.
Para ERC y EH Bildu es prioritario aclarar lo ocurrido. Esta semana, según fuentes, no hay reuniones agendadas de los grupos de trabajo de las antecitadas leyes. La agenda se mantiene, pero "está por ver si la actitud ha variado". El cariz será bien distinto y aunque existe voluntad de lograr acuerdos, el ambiente no es el ideal.
Existen poderosas diferencias entre Moncloa y ERC en Memoria Histórica y en Mordaza, y el hecho de que los socialistas no contribuyan a mimar el clima sacudiéndose la responsabilidad y esgrimiendo que el CNI no desvela su actividad no ayuda.
Memoria Histórica: el cuento de nunca acabar
La Ley de Memoria Histórica superó su primer examen en el Congreso de los Diputados el pasado octubre de 2021. Hace más de cinco meses y, por el momento, el acuerdo no se atisba en el horizonte. Este articulado achica los márgenes del Gobierno: no hay vía alternativa. Solo los aliados habituales prestarán sus bancadas. ERC es el principal obstáculo, puesto que al igual que EH Bildu y PNV, consideran que se queda corta. La condición sine qua non de la formación independentista es que se derogue la Ley de Amnistía del año 1977 de forma que se declare ilegal el régimen salido del golpe de Estado de Francisco Franco. Esto daría pie a la posible reparación del patrimonio de las víctimas para que, cualquier persona física o entidad jurídica, pudiera reclamar inmuebles o bienes incautados por la dictadura. Este es el principal punto de fricción: los socialistas no están por la labor de derogar la Ley de Amnistía de 1977 y Esquerra insiste en que una Ley de Memoria Histórica digna ha de reconocer cualquier perjuicio económico de las víctimas y su derecho a ser reparado; bien devolviendo lo requisado o mediante una recompensación económica.
El patrimonio de Esquerra
Fuentes parlamentarias moradas aseguran que Esquerra está empeñada en recuperar el patrimonio incautado durante la guerra civil y el franquismo. El montante de inmuebles ascendería a “entre 150 y 200”, lo que supondrían “entre 80 y 90 millones”.
Desde Esquerra niegan la mayor y, en declaraciones a ElPlural.com, alegan que el patrimonio “nos da bastante igual”. Lo verdaderamente importante, según su versión, es “que cualquier ciudadano que quiera denunciar no tenga que irse a los tribunales de otro país a ver si, con suerte, un juez de Argentina les hace caso”.
“La ley es puro maquillaje”, es “simbólica” si “no hay una reparación”, insisten: “No vale con dar un diploma. No la podemos aprobar tal cual está”.
ERC razona que al frente de las negociaciones está Joan Tardá, todo un referente, un puntal para las asociaciones que demostraría que no se trata de una cuestión del patrimonio del partido, sino que es “un asunto troncal”.
Además, explican que “otros muchos puntos importantes”. Ente otros, la implementación de una Fiscalía de Sala que “solo investiga, no denuncia”. También lamentan que no se exijan responsabilidades a la Iglesia por su papel durante la dictadura. Con todo, “hay conversaciones, pero tiene que dejar de ser una ley simbólica”.
