Primero la pandemia de coronavirus y luego la guerra en Ucrania están retrasando varias de las leyes estrella del Gobierno de coalición hasta el punto de que corren el riesgo de no salir adelante esta legislatura. Durante su primera etapa, los esfuerzos del Ejecutivo formado por PSOE y Unidas Podemos estuvieron centrados en gestionar la crisis sanitaria, económica y social provocada por el Covid-19; y ahora, la invasión rusa y la galopante inflación han hecho lo propio. El resultado es que Moncloa trata de centrar el tiro, dando prioridad a los articulados que entiende más acuciantes: Ley de Vivienda y Ley Mordaza. Ambas están haciendo de tapón, puesto que, según fuentes de la dirección del Grupo Socialista, “no damos abasto” y “estamos priorizando fortalecer la economía”. Fuentes del grupo confederal de Unidas Podemos, en la misma tónica, admiten que “hasta que se no desbloqueen ambas no podremos abordar otros textos”. Sin embargo, estos últimos precisan que no solo es una cuestión de volumen de trabajo, sino que también hay muchas discrepancias aún y existe el temor a repetir el episodio de la reforma laboral, aprobada únicamente por un voto emitido por error por el Partido Popular. Con todo, se esperan notables avances en Semana Santa.

Los morados auguran una suerte de efecto dominó que acelere el desarrollo de ambas leyes, sobre todo, en lo relativo a la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana. Actualmente, se encuentra encallada en su fase de ponencia. Había agendada una reunión para el pasado 2 de marzo, pero fue suspendida por falta de avances significativos. “Todos los grupos decidimos que era mejor porque no estaba habiendo avances importantes y optamos por cerrar acuerdos al margen y, luego, convocar la ponencia”, explican fuentes del grupo parlamentario de Unidas Podemos. Hasta la fecha, se han aprobado enmiendas parciales a 29 artículos gracias a diversas reuniones bilaterales y a tres bandas entre los socios de la coalición y sus aliados en el hemiciclo.

 El detonante: la Ley de Memoria Histórica

El trabajo está siendo lento y meticuloso dada la complejidad del asunto y el temor a dejar flecos que propicien una nueva fractura del bloque de la investidura, emulando lo ocurrido con la reforma laboral. Fuentes parlamentarias sostienen que esperan engrasar la relación con Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en el marco de la negociación por la Ley de Memoria Histórica y esto haga de palanca para Mordaza.

La Ley de Memoria Histórica superó su primer examen en el Congreso de los Diputados el pasado octubre de 2021. Hace más de cinco meses y, por el momento, el acuerdo no se atisba en el horizonte. Este articulado achica los márgenes del Gobierno: no hay vía alternativa. Solo los aliados habituales prestarán sus bancadas. ERC es el principal obstáculo, puesto que al igual que EH Bildu y PNV, consideran que se queda corta.

La condición sine qua non de la formación independentista es que se derogue la Ley de Amnistía del año 1977 de forma que se declare ilegal el régimen salido del golpe de Estado de Francisco Franco. Esto daría pie a la posible reparación del patrimonio de las víctimas para que, cualquier persona física o entidad jurídica, pudiera reclamar inmuebles o bienes incautados por la dictadura. Este es el principal punto de fricción: los socialistas no están por la labor de derogar la Ley de Amnistía de 1977 y Esquerra insiste en que una Ley de Memoria Histórica digna ha de reconocer cualquier perjuicio económico de las víctimas y su derecho a ser reparado; bien  devolviendo lo requisado o mediante una recompensación económica.

El encargado de las negociaciones y mediador entre PSOE y ERC es Enrique Santiago, diputado de UP y líder del PCE. En las próximas semanas, según las fuentes consultadas por este periódico, se espera que se produzcan avances y en Semana Santa se pueda anunciar un principio de acuerdo.