El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pretendía aplacar los ánimos de sus socios durante el pleno monográfico sobre Pegasus que este jueves ha albergado el Congreso de los Diputados. Ardua tarea que no ha hallado el éxito. Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), EH Bildu e incluso sus socios de Ejecutivo, Unidas Podemos, han expresado sus dudas y reservas. No les han convencido las explicaciones, máxime cuando las soluciones planteadas son una fraude maquillado de desiderata.

Sánchez ha justificado que el espionaje del que es responsable el CNI, es decir, el que pesa sobre 18 de los más de 60 líderes independentistas catalanes y vascos, se hizo actuando “bajo la más escrupulosa legalidad”. Sí que ha admitido -y denunciado- la existencia de una policía patriótica al servicio del Partido Popular. Y sin aclarar si ese grupúsculo se ha disuelto y/o purgado, ha anunciado a bombo y platillo dos iniciativas para saciar a sus socios y encarrilar la legislatura.

En primer lugar ha avanzado una nueva ley de secretos oficiales. Sería encomiable que Moncloa se abriera a reformar una ley franquista que data del 1968 tan anacrónica que fue firmada por Francisco Franco y Luis Carrero Blanco y otorga a un organismo que ya no existe como es la Junta de Jefes de Estado Mayor la potestad de clasificar documentos. Y digo “sería”, condicional, porque en la práctica el PSOE es el responsable de que aún no se haya revisado. Es el propio Gobierno el que lleva seis años obstaculizándola.

Una ley bloqueada

Este año 2022 Moncloa ha incluido su ley de Información Clasificada en el calendario legislativo, pero la inflación, el Plan de choque contra las consecuencias de la guerra en Ucrania y el tapón provocado por la Ley Mordaza, la Ley de Vivienda y la de Memorias Histórica dispusieron una excusa perfecta para volver a aplazarla. En el año 2016 la primera propuesta para reformar la ley franquista de Secretos Oficiales llegó al Congreso a lomos del PNV. PSOE y PP se encargaron de bloquear su tramitación en la Mesa. Al finalizar la legislatura, los nacionalistas vascos tuvieron que volver a registrarla y, ya en junio de 2020, la Cámara Baja dio su visto bueno. Sin embargo, los socialistas aplazan sine die los plazos de enmiendas, dejando la ley en una suerte de limbo. Todas las leyes que no han completado su camino hacia el BOE en la legislatura en que fueron votadas decaen con la disolución de las Cortes Generales.

De cumplirse las previsiones del presidente del Gobierno, la legislatura se agotará en 2023. El tiempo corre y, pese a que Sánchez ha expresado su aspiración a abordarla este año, no sería la primera vez que se extrae del calendario legislativo. Si se diera el caso de que se disuelvan las Cortes y se convocaran elecciones antes de concretar la iniciativa del PNV, la formación vasca habrá de volver a registrarla y cumplir todos y cada uno de los pasos nuevamente.

Las maniobras de Defensa y “otras prioridades”

Desde que el Congreso aprobara la ley de secretos oficiales en junio de 2020, la Mesa amplía sistemáticamente los plazos para presentar enmiendas, condenándola al limbo. El Ejecutivo la incluyó en su calendario de 2021, pero tal y como explicaron fuentes de Moncloa consultadas por ElPlural.com, se aparcó porque había “otras prioridades”, a saber, la recuperación y consolidación económica.

Ahora, las “otras prioridades” del 2022 son los fondos europeos, el Plan de choque, medidas económicas para paliar los efectos de la inflación, intervención del mercado energético, Mordaza, Vivienda, Memoria Histórica, la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)… Todo lo que no sea Secretos Oficiales. Y es que, según ha podido confirmar este periódico, los socialistas, por orden de Defensa, son los artífices de este filibusterismo parlamentario cuyo objeto es aplazar la reforma mientras trabajan la suya propia.

Desde Unidas Podemos admitieron que la prórroga “tiene que ver con la voluntad del Ministerio de Defensa”. De hecho, la postura de los morados es clara: “Pensamos que esta ley del año 68, de la dictadura franquista, tiene que ser evidentemente modificada para ponerla en línea con los países más avanzados y que los españoles puedan conocer los detalles de lo que ha ocurrido en España en nuestro pasado ya no tan reciente. Por ejemplo, cuál fue el papel de cada uno en el golpe de Estado del 23F. Si el relato de que el rey salvó la democracia es cierto, ¿qué miedo hay a que se conozcan los documentos de aquella época?”. El PSOE justificó que “no es una ley fácil” y, en paralelo, armó un grupo de trabajo comandado por la entonces vicepresidenta Carmen Calvo que integra al Ministerio de Defensa, al de Exteriores y a Interior para desarrollar su propio articulado.

El ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, heredó el grupo de trabajo de Calvo, pero al estar centrado en otros asuntos más acuciantes, no se han producido avances.

Más control

El otro caramelo con el que Sánchez ha tentado a sus socios es con un mayor control sobre el CNI, ofreciéndose a reformar la carcasa legislativa que rige la actuación de los servicios secretos españoles para un mayor control y fiscalización. Los aliados parlamentarios del PSOE no se fían, puesto que han denunciado que les piden “un acto de fe”. Básicamente, creer que las cosas se harán bien. Además, cabe recordar que, en última instancia, el presidente del Gobierno ha de estar al tanto en tanto es el máximo responsable de la inteligencia.

Sánchez también ha anunciado un plan para crear una Red Nacional de Ciberseguridad que estará integrada con las comunidades autónomas y actualizar los métodos del CNI para evolucionar y afrontar los nuevos retos tecnológicos.