Pedro Sánchez ofreció a sus socios una nueva ley de secretos oficiales y una reforma del CNI para asegurar un mayor control sobre los servicios de inteligencia. Con ambas iniciativas el PSOE espera superar la crisis provocada por Pegasus y encarrilar la legislatura. Sin embargo, se avecinan nubarrones en el horizonte del bloque de la investidura porque el presidente del Gobierno no recurrirá a Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) o EH Bildu para acometer las reformas, sino que priorizará al Partido Popular

Según ha adelantado El País, Sánchez buscará pactar la nueva ley de información clasificada con Alberto Núñez Feijóo ya que, al tratarse de un asunto que afecta directamente a la seguridad nacional, una de las columnas vertebrales del Estado, quiere integrar al principal partido de la oposición con el que los socialistas se han alternado el Gobierno en los últimos 40 años.

El caramelo con el que Sánchez pretendía aplacar los ánimos de sus socios ya estaba viciado previamente. Ha avanzado una nueva ley de secretos oficiales cuando el Congreso de los Diputados ya aprobó una en junio del 2020 y es el propio PSOE el que la tiene bloqueada.

Este año 2022 Moncloa ha incluido su ley de Información Clasificada en el calendario legislativo, pero la inflación, el Plan de choque contra las consecuencias de la guerra en Ucrania y el tapón provocado por la Ley Mordaza, la Ley de Vivienda y la de Memorias Histórica dispusieron una excusa perfecta para volver a aplazarla. En el año 2016 la primera propuesta para reformar la ley franquista de Secretos Oficiales llegó al Congreso a lomos del PNV. PSOE y PP se encargaron de bloquear su tramitación en la Mesa. Al finalizar la legislatura, los nacionalistas vascos tuvieron que volver a registrarla y, ya en junio de 2020, la Cámara Baja dio su visto bueno. Sin embargo, los socialistas aplazan sine die los plazos de enmiendas, dejando la ley en una suerte de limbo. Todas las leyes que no han completado su camino hacia el BOE en la legislatura en que fueron votadas decaen con la disolución de las Cortes Generales.

De cumplirse las previsiones del presidente del Gobierno, la legislatura se agotará en 2023. El tiempo corre y, pese a que Sánchez ha expresado su aspiración a abordarla este año, no sería la primera vez que se extrae del calendario legislativo. Si se diera el caso de que se disuelvan las Cortes y se convocaran elecciones antes de concretar la iniciativa del PNV, la formación vasca habrá de volver a registrarla y cumplir todos y cada uno de los pasos nuevamente.

Las maniobras de Defensa y “otras prioridades”

Desde que el Congreso aprobara la ley de secretos oficiales en junio de 2020, la Mesa amplía sistemáticamente los plazos para presentar enmiendas, condenándola al limbo. El Ejecutivo la incluyó en su calendario de 2021, pero tal y como explicaron fuentes de Moncloa consultadas por ElPlural.com, se aparcó porque había “otras prioridades”, a saber, la recuperación y consolidación económica.

Ahora, las “otras prioridades” del 2022 son los fondos europeos, el Plan de choque, medidas económicas para paliar los efectos de la inflación, intervención del mercado energético, Mordaza, Vivienda, Memoria Histórica, la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)… Todo lo que no sea Secretos Oficiales. Y es que, según ha podido confirmar este periódico, los socialistas, por orden de Defensa, son los artífices de este filibusterismo parlamentario cuyo objeto es aplazar la reforma mientras trabajan la suya propia.

Desde Unidas Podemos admitieron que la prórroga “tiene que ver con la voluntad del Ministerio de Defensa”. De hecho, la postura de los morados es clara: “Pensamos que esta ley del año 68, de la dictadura franquista, tiene que ser evidentemente modificada para ponerla en línea con los países más avanzados y que los españoles puedan conocer los detalles de lo que ha ocurrido en España en nuestro pasado ya no tan reciente. Por ejemplo, cuál fue el papel de cada uno en el golpe de Estado del 23F. Si el relato de que el rey salvó la democracia es cierto, ¿qué miedo hay a que se conozcan los documentos de aquella época?”. El PSOE justificó que “no es una ley fácil” y, en paralelo, armó un grupo de trabajo comandado por la entonces vicepresidenta Carmen Calvo que integra al Ministerio de Defensa, al de Exteriores y a Interior para desarrollar su propio articulado.

El ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, heredó el grupo de trabajo de Calvo, pero al estar centrado en otros asuntos más acuciantes, no se han producido avances.