La Comunidad de Madrid se está acostumbrando a vivir al filo de la polémica. Tras el aluvión de reproches a la gestión de los incendios de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, lo más reciente ha sido el escándalo por el ático de lujo que la propia administración autonómica adquirió en abril de este año en el paseo del General Martínez Campos, un inmueble que, 24 horas después de que saltara a todos los medios dicha información de la mano de El País, decidían vender de repente. Una rectificación que arroja luz sobre cuál será el destino de la vivienda, pero que no despeja las incógnitas sobre una compra ejecutada por la empresa pública Planifica Madrid sin publicidad previa, sin partida identificable en las cuentas y con la intención inicial de convertir una vivienda de uso residencial en una oficina para la jefa del Ejecutivo y parte de su equipo, en un caso que ha estado marcado por su oscurantismo. Recuerda, a su vez, cuando en 2025 ocurrió algo similar con un chalet de 4,3 millones de euros en Rascafría, también con Isabel Díaz Ayuso como protagonista.
El Gobierno regional adquirió en el año 2023 por 4,3 millones de euros un chalet en el municipio serrano de Rascafría. A preguntas de los periodistas durante un acto en las instalaciones deportivas del Canal de Isabel II, la jefa del Ejecutivo autonómico optó por correr un tupido velo sobre el asunto y jugó la manida carta de la dictadura comunista. "Es así como funciona una dictadura comunista. Se intenta de manera chavista desprestigiar a la gente", aseguró entonces.
La dirigente madrileña ni informó de su estancia en el chalet de verano, ni permitió a la oposición acceder al chalet ni a documentación alguna al respecto del inmueble, en otro ejemplo del habitual oscurantismo del gobierno regional. Aun con todo, la presidenta madrileña justificaba que es ella quien se "paga" las vacaciones, incluyendo sus billetes de avión y restaurantes. "¿Puede el presidente del Gobierno decir lo mismo? Y me pago mi casa. Si voy a unas instalaciones públicas, malo; si vivo con mi pareja, malo; si me pago un hotel con mi propio dinero para gestionar la pandemia, malo, porque quieren acabar conmigo en lo personal. Y si me fuera debajo de un puente, le buscarían la trama al terreno del puente y buscarían a ver si el terreno, el propietario y no sé dónde", elucubró la 'popular'.
Veto a la oposición
La oposición madrileña, más concretamente el PSOE, insistió en visitar la finca, pero no se les permitió el acceso. En declaraciones a los medios de comunicación, la portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, confirmó en su momento que no se les permitió entrar en el inmueble. "Confirmamos lo que ya sabíamos: todos los madrileños le hemos pagado un chalet a la señora Ayuso para que pase los fines de semana cuando ella considere", lamentaba. "Hemos podido entrar en la finca, pero no en el chalet; nos han enseñado todo lo que es la finca. Queda constatado que Ayuso no elige cualquier sitio para sus retiradas, es un sitio idílico y precioso, pero no hemos podido entrar en el chalet por motivos de seguridad y que tiene un uso institucional", aportaba la portavoz.
"Creemos que deberíamos tener acceso a este chalet que, insisto, hemos pagado todos los madrileños. Este chalet iba a tener uso de un centro interpretativo del Parque Nacional, pero ahora dicen que no, que el uso que se le va a dar a la Casa de Madera será el centro. Unos trileros, como hacen siempre, pero ha quedado claro que todos los madrileños le hemos pagado a la señora Ayuso un chalet", señaló Espinar.
"Ayuso piensa vivir por la cara, cueste lo que le cueste. En Madrid lo hace en un ático pagado con dinero defraudado y aquí en un chalet pagado por todos los madrileños. Piensa vivir como Dios sin poner un duro", sentenció.
Un caso que hace ecos con el ático
El caso del chalet de Rascafría, que fue protagonista en los medios de comunicación durante el pasado verano, recuerda al actual en el sentido de que les une el oscurantismo de la administración autonómica al respecto. En el caso del año pasado, la dirigente madrileña no informó de su estancia, cambió la utilización de la casa a conveniencia, y estuvo financiado con dinero público ante las críticas de la oposición.
En el caso del ático en el paseo del General Martínez Campos, la delicadeza del asunto reside en que no se conocía nada desde las administraciones hasta que trascendió a la prensa, que se pretendía convertir en oficina una vivienda residencial sin información pública alguna al respecto, el recule del Gobierno autonómico al vender instantáneamente el ático, y su propia compra, a través de una empresa pública con dinero del contribuyente y filtrada a la prensa, según informaba El Constitucional, por una persona de la máxima confianza del entorno de Ayuso en el PP de Madrid. En ambos casos, la administración del PP de Madrid ha optado por señalar a la izquierda y a los medios de comunicación, acusándolos de querer fiscalizar su vida personal.
Añadir ElPlural.com como fuente preferida de Google.
Mantente informado con las últimas noticias de actualidad.
