“Yo no tengo nada. Siempre he vivido de alquiler”, ha repetido Isabel Díaz Ayuso en varias entrevistas. Pero esa afirmación contrasta con una sucesión de domicilios, usufructos, áticos y escapadas que han ido marcando su carrera política. La presidenta madrileña ha protagonizado varios episodios en los que su lugar de residencia ha generado más titulares que su gestión: de una donación inmobiliaria en el caso Avalmadrid al uso de un chalé público en plena sierra.
A lo largo de los últimos años, la relación entre Ayuso y sus distintas moradas ha estado salpicada por situaciones que, aun siendo legales, han levantado recelos y han abierto varios debates públicos. Algunos de estos episodios están ligados a decisiones familiares, otros a relaciones personales y otros, directamente, al uso de recursos institucionales. Todos, sin embargo, han contribuido a erosionar la narrativa de una presidenta sin bienes ni privilegios, al margen de las comodidades del poder.
El caso Avalmadrid: una donación familiar en el momento clave
El primero de estos episodios se remonta a 2011, cuando el padre de Ayuso le donó la nuda propiedad de un piso en Chamberí. Fue una operación legal, pero su contexto despertó suspicacias. Pocos meses después, MC Infortécnica, la empresa familiar, dejó de pagar un crédito de 400.000 euros concedido por Avalmadrid. El traspaso de la nuda propiedad impidió que el inmueble pudiera ser embargado para saldar la deuda, al no figurar ya como propiedad directa del padre.
La donación apareció de forma genérica en la declaración de bienes de Ayuso de 2016 como "una vivienda en nuda propiedad", sin mayores explicaciones. La oposición habló de un posible alzamiento de bienes (un delito que castiga con hasta cuatro años de prisión) y exigieron aclaraciones sobre una maniobra que, a ojos de muchos, permitió blindar el patrimonio familiar ante los acreedores.
La comisión de investigación promovida en el Parlamento regional, sobre los avales concedidos por Avalmadrid entre 2007 y 2018, concluyó que existió un trato “preferente” y “personalizado” en el caso del padre de Ayuso. Sin embargo, la Fiscalía del Tribunal Supremo optó por no abrir diligencias penales, al estimarse que el presunto alzamiento de bienes ya había prescrito, y no se identificaron indicios suficientes de responsabilidad penal.
El “trato de favor” de Room Mate
En marzo de 2020, con la pandemia de la COVID-19 en su fase más crítica, Ayuso anunció que se trasladaba a un apartahotel de lujo de la cadena Room Mate, propiedad de Kike Sarasola. Aseguró que su casa habitual era demasiado pequeña para teletrabajar y gestionar la crisis sanitaria, y que necesitaba un espacio más amplio para cumplir con sus funciones.
La presidenta ocupó dos apartamentos unidos en pleno centro de Madrid, con plaza de garaje y servicios incluidos. Según se supo, lo hizo por una tarifa reducida muy inferior a la del mercado, lo que suscitó preguntas sobre si estaba recibiendo un trato de favor. La controversia se intensificó cuando apareció, por error, una adjudicación pública a Room Mate en el portal de contratación regional. Aunque fue retirada de inmediato y tanto la Comunidad como la empresa negaron cualquier relación entre ambas cuestiones, el episodio dejó un poso de desconfianza.
Ayuso acabó pagando la factura con recursos propios, pero la polémica marcó uno de los momentos más delicados de su mandato en plena emergencia sanitaria. La sombra del conflicto de intereses planeó durante semanas, mientras la oposición exigía investigación parlamentaria.
El ático de Chamberí y las comisiones millonarias de su pareja
Tres años después, otra residencia se sumó a la lista de moradas polémicas. Ayuso se mudó a un ático en Chamberí valorado en más de un millón de euros. El inmueble pertenece a su pareja, Alberto González Amador, empresario investigado por cobrar comisiones millonarias durante la pandemia en contratos de venta de mascarillas a administraciones públicas. Según la Fiscalía, el empresario ocultó ingresos y presentó facturas falsas, motivo por el que ha sido imputado por fraude fiscal y falsedad documental.
Ayuso ha defendido a su pareja y ha denunciado una campaña de persecución. Pero la convivencia en un piso adquirido tras operaciones bajo sospecha ha reactivado las críticas sobre su relato de presidenta “sin patrimonio”. Si bien la propiedad no está a su nombre, su uso habitual y el vínculo personal con González Amador han situado nuevamente su vivienda en el centro del debate.
A ello se suma que el piso se encuentra en el mismo distrito donde ella recibió la nuda propiedad del inmueble familiar, lo que refuerza la idea de que el relato de “alquiler permanente” no encaja del todo con los hechos conocidos.
El palacete público en Rascafría de 4,3 millones para uso privado
El último capítulo de esta serie de episodios llegó en julio de 2025, cuando El País publicó que Ayuso había pasado un fin de semana con su familia en un chalé con piscina ubicado en una finca de Rascafría. La propiedad, adquirida por la Comunidad de Madrid en 2023 por 4,3 millones de euros, está destinada oficialmente a usos institucionales, aunque todavía no cuenta con un destino fijo.
La noticia provocó una fuerte reacción en la oposición, que acusó a la presidenta de usar un bien público como si fuera una residencia privada. Ayuso no negó su estancia, pero la justificó alegando que “fue un retiro de dos días”, que llevó “comida en táper” y que no utilizó ningún recurso público durante la escapada. Desde la Comunidad de Madrid se explicó que el inmueble aún no tiene asignado un uso fijo y que se eligió por motivos de seguridad.
Pese a la defensa institucional, la imagen de una presidenta disfrutando de un palacete público con piscina en un fin de semana familiar contrastó con la narrativa de austeridad que ha querido proyectar desde que asumió el cargo.
