Durante la pandemia de COVID-19, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se vio envuelta en una controversia relacionada con su estancia en un apartahotel de la cadena Room Mate, propiedad del empresario Kike Sarasola. La polémica surgió a raíz de las sospechas sobre el uso de fondos públicos para pagar su alojamiento en una 'Royal Suite Skyline' durante el confinamiento.

La suite, con un precio habitual de 200 euros por noche, se ofreció a Ayuso por 80 euros debido a la duración de su estancia. Sin embargo, el escrutinio público se intensificó cuando el portal de transparencia de la Comunidad de Madrid mostró un contrato de 565.749,62 euros adjudicado a Room Mate para convertir hoteles en residencias anti COVID-19, contrato que más tarde fue reemplazado por otro de menor cuantía y adjudicado a otra entidad.

Tanto Ayuso como Sarasola negaron que la estancia fuera financiada con dinero público, y la presidenta mostró pruebas de pago desde su cuenta personal. A pesar de las acusaciones y la investigación de la Fiscalía Anticorrupción, el caso fue archivado, no encontrando indicios de irregularidades.

El Congreso exige "todos los contratos"

Sin embargo, pese a que se dio carpetazo a esta polémica, el tema ha vuelto a la actualidad después de que este martes la comisión del Congreso que investiga los contratos de emergencia destinados a la compra de material sanitaria en pandemia -que echará a andar el próximo lunes- haya solicitado tanto a Room Mate, como a Enrique Sarasola todos los contratos de este proceso.

Para ser más precisos, tal y como recoge la solicitud de información de la Cámara Baja, a la que ha tenido acceso ElPlural.com, el Congreso exige a Room Mate y a Kike Sarasola la siguiente información:

A la empresa Room Mate S. A.

Todos los contratos de alquiler o de cesión, o de cualesquiera prestaciones de servicios, o uso de sus instalaciones hoteleras, o cualesquiera otros inmuebles, con Isabel Díaz Ayuso, o cualesquiera otros miembros o cargos de la Comunidad de Madrid, entre 2020 y la actualidad; así como facturas o justificantes del pago de los servicios contratados.

A Enrique Sarasola Marulanda

Todos los contratos de alquiler o de cesión, gratuita o no, o de cualesquiera prestaciones de servicios, o uso de cualesquiera inmuebles de su propiedad o las empresas de su propiedad, con Isabel Díaz Ayuso, o cualesquiera otros miembros o cargos de la Comunidad de Madrid, entre 2020 y la actualidad; así como facturas o justificantes del pago de los esos servicios o contratados.  

La lista de 134 personas citadas por la comisión del Congreso

Por otra parte, volviendo a las personas citadas por la comisión del Congreso, la lista incluye a los principales nombres del llamado 'caso Koldo', pero también a una treintena de miembros del PP, incluyendo cinco presidentes autonómicos, y a empresarios e intermediarios vinculados a casos que afectaron a los populares.

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La base del listado son los 84 nombres que registró el PSOE la pasada semana, pero, para asegurarse su aprobación, los socialistas han aceptado incorporar a medio centenar de personas propuestas por otros grupos parlamentarios.

Aunque la comisión de investigación se creó con la primera finalidad de esclarecer los contratos suscritos por el Gobierno central, el PSOE ha primado las comparecencias del segundo punto, el de examinar los procedimientos de contratación de emergencia en las otras administraciones.

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