La familia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha salvado un match ball judicial. La solicitud de la Asociación Libre de Abogadas y Abogados (ALA) para que investiguen tanto a su madre, como a su hermano, Tomás Díaz Ayuso, en el caso Avalmadrid ha sido rechazado por el juez al considerar que los delitos estarían prescritos. El magistrado ha seguido la estela marcada por la Fiscalía, quien ya anticipó la prescripción, aunque existiera indicios de delito.

El caso Avalmadrid investigaba un presunto alzamiento de bienes, que habrían cometido la madre y el hermano de Ayuso, y que estaría relacionado con una ayuda de 400.000 euros de Avalmadrid para la empresa MC Infortécnica S.L. que fue concedida en el año 2011. Supuestamente, los avalistas, hay más además de los Ayuso, habría reaizado una serie de operaciones inmobiliarias para evitar que su patrimonio se viera afectado al incumplir los plazos de devolución del crédito.

Fecha de prescripción de los presuntos delitos

Sin embargo, desde ALA, tal y como ha adelantado El Periódico de España, le recuerdan al juez que, durante la pandemia por coronavirus, los plazos judiciales se vieron interrumpidos, lo que, a su juicio, dilataría la fecha de prescripción, y permitiría investigar los presuntos delitos cometidos por los familiares de Isabel Díaz Ayuso.

Hay que recordar que el Tribunal Supremo ya archivó una querella contra Ayuso. Es más, el juez que ahora ha dado carpetazo al caso hace referencia a ello en su auto: "El pronunciamiento ya emitido del Tribunal Supremo por el supuesto idéntico, no consta que no sea de plena aplicación al presente caso, en el que se presenta un supuesto fáctico exactamente igual que aquel ya resuelto", y donde el Supremo no apreció "la concurrencia de indicios consistentes".

En el auto apostilla sobre el plazo de prescripción: "Ya está notablemente sobrepasado al tiempo de la presentación de la querella, lo que produce efectos extintivos de la responsabilidad penal y hace innecesario el examen de la competencia territorial por razón de la ubicación del bien".

Sobre el resto de avalistas, el magistrado cree que sus causas deberán ser instruidas por los jugados competentes, El Campello, en Alicante, y Majadahonda, en Madrid. Así, y a este respecto, dice el auto que "deberá producirse y procurarse su enjuiciamiento de forma individual o conjunta, en su caso, ante el Juzgado de Instrucción competente territorialmente, para todos o alguno de ellos, teniendo en cuenta que los mismos no han sucedido en este ámbito territorial".