La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado contra la oposición, a quien ha acusado de “tener mucho tiempo libre” para ver sus entrevistas y ha pedido “no manipular” sus declaraciones.

Lo ha hecho después de las críticas vertidas desde PSOE y Unidas Podemos -el turno de Más Madrid aún no había llegado- hacia su persona por sus palabras sobre los inquilinos de las últimas horas y sobre algunas de las políticas planteadas o puestas en marcha por su gobierno. A renglón seguido, y después de justificar que ella ha vivido “más de 20 años” en Madrid como inquilina, ha señalado: "Vengo de una familia a la que nadie ha regalado nada y que ha trabajado siempre”.

Esto ha despertado la indignación y ha aumentado aún más la crispación en la sesión, que durante unos segundos ha tenido que ser detenida. Al continuar con su intervención, Ayuso ha añadido: “Si tienen algo que decir vayan a los tribunales y dejen de ir contra las familias. Son unos sinvergüenzas”.

Estas palabras han derivado en la petición de la portavoz socialista, Hana Jalloul, pidiendo que retirase el insulto, el gesto de otra miembro de su partido simulando unas esposas y la portavoz de Más Madrid, Mónica García, solicitando también a Ayuso que “respete” al hemiciclo.

El detonante del descontento que han provocado las palabras de la presidenta en el bloque de la izquierda habría sido la querella criminal presentada hace una semana por la Asociación Libre de Abogados por un presunto delito de alzamiento de bienes en el denominado caso AvalMadrid.

El asunto fue destapado por infoLibre y tiene su origen en un préstamo de 400.000 euros aprobados en 2011 por la empresa semipública hacia Mc Infortécnica SL, controlada al 50% por el padre de Ayuso.

Un inmueble propiedad de este fue colocada como aval de la operación, pero cuando la compañía se encontraba al borde de la quiebra pasó en vía de donación a la ahora máxima representante de la Comunidad de Madrid y a su hermano.

La Asociación Libre de Abogados acusa a la lideresa del Ejecutivo de aceptar, siempre presuntamente “la donación efectuada por sus padres de la que era su vivienda familiar, con el fin de sustraer la misma de cualquier ejecución que pudiera acordarse ante los impagos del crédito-aval". La querella contra ella y otras ocho personas ha llegado al Tribunal Supremo.