El Gobierno de Ayuso presenta el expediente del ático 'cercenado’: ni informe de necesidad ni justificación de compra

La Comunidad de Madrid ha publicado, 50 días después, el informe referido a adquisición del ático de lujo en Chamberí. Un total de 224 páginas que arrancan con el acuerdo de confidencialidad firmado entre Planifica Madrid y la vendedora del piso y que recoge en diferentes documentos oficiales que su único uso podía ser residencial. Sin embargo, este intento del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso por despejar la polémica no ha hecho más que evidenciar la falta de justificación para la compra de 6,3 millones de euros.

El Ejecutivo del Partido Popular (PP) hace una trampa fácilmente detectable. El documento no contiene informe de necesidad de la compra del ático ni memoria justificativa de dicha operación. Esto significa que la Comunidad de Madrid no explica en ningún momento por qué se produjo esta adquisición ni quién la ordenó, sino que omite dicha parte y salta directamente a justificar la necesidad de que el Gobierno autonómico arrende el inmueble a su propia empresa pública, movimiento que explica aludiendo que es menester contar con una residencia para autoridades.

La cuestión entonces es si Planifica Madrid compró aleatoriamente un ático de lujo frente a la casa familiar de Ayuso y, posteriormente, la Comunidad de Madrid descubrió que era el emplazamiento idóneo para que perfiles institucionales residiesen en él. La empresa pública fue directamente en busca de un piso de dichas características y tan solo aceptó el situado en el número 35 del paseo General Martínez Campos, por lo que no parece que lloviese una ganga del cielo. Entonces, ¿cuál es la razón para la adquisición?

El informe no recoge en ningún momento alusión a las supuestas obras en la sede de la Puerta del Sol ni a la necesidad de encontrar unas oficinas por dichos trabajos, ni siquiera en la justificación del alquiler. La razón detrás de que Planifica Madrid comprase el ático se desconoce porque el Gobierno de Ayuso ha decidido ocultar a conciencia el informe de necesidad y la memoria justificativa de dicha operación, que tuvo que ordenar ser aprobada por el Consejo de Gobierno (ordenada por Ayuso o su consejero de Presidencia) o el consejero delegado de la empresa pública.

Falsa justificación

El consejero de la Presidencia, Miguel Ángel García, ha reconocido que el inmueble tan solo podía tener un uso residencial y que su compra respondía a que autoridades de la Comunidad de Madrid lo usasen como residencia. Asimismo, aseguró que existían razones múltiples para que la Administración hiciese uso del ático. Sin embargo, la justificación tan solo alude al alquiler suscrito entre Comunidad y Planifica Madrid, que fue cancelado cuando saltó la polémica, tan solo unos días después de firmarse. La maniobra de despiste se basa en iniciar el informe dando por sentada la compra.

Lo primero que aparece en las 224 páginas es la firma del acuerdo de confidencialidad de Planifica Madrid con la compradora, el 3 de febrero de 2026. El ático se inspecciona y tasa entre los días 11 y 13 de ese mismo mes y, menos de una semana después, se firman las arras. El 14 de abril se rubrica definitivamente la escritura, dos día después se inscribe el cambio de titularidad en el Catastro, el 23 de este mes se autoliquida el Impuesto de Transmisión de Propiedades y el 7 de mayo el piso se inscribe en el Registro de la Propiedad.

Estos son tan solo los primeros pasos. La Comunidad de Madrid pretende hacer uso directo del ático, por lo que emitie una memoria, el 2 de julio, que justifique la necesidad de alquilar el inmueble. Es decir, la Administración pagará un alquiler de 3.000 euros al mes durante diez años a su propia empresa pública para que cargos puedan usarlo como residencia. Aquí aparece la primera justificación, aunque resulta sospechoso que la Comunidad, en vez de comprar directamente el inmueble, lo que obligaría a mayor trazabilidad y transparencia, se lo encargue a Planifica Madrid para luego alquilárselo.

En la memoria,el Gobierno de Ayuso pretende explicar que requieren de este inmueble, pero sigue sin detallar por qué se compró. “Es una práctica habitual a nivel estatal, autonómico o incluso local disponer de un inmueble institucional de carácter residencial o dependencias específicas para su uso de manera permanente u ocasional por distintas autoridades como apoyo a las sedes oficiales”, recoge la memoria firmada, ese 2 de julio, por la Secretaría General Técnica de la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración local, quien además reseña que tan solo Madrid y otras cuatro autonomías cuentan “no disponen de este recurso”.

Esta parte final delata directamente al Gobierno de Ayuso pues “el recurso” del que tan solo cuatro Comunidades Autónomas no disponen es una residencia oficial. Oficinas, despachos y otros inmuebles sí están en propiedad de todos los Ejecutivos autonómicos; por lo que, en su intención por defenderse justificando que otros territorios también gozan de este tipo de pisos, implícitamente se están refiriendo a una residencia oficial para la presidenta. Es más, la propia Ayuso y sus consejeros han aludido a este dato de que Madrid se incluye entre las pocas que no cuentan con residencia oficial.

Continuando con la justificación, la memoria defiende “la posibilidad de contar con un inmueble institucional de carácter residencial con una zona destinada a lugar de trabajo y un área de descanso y alojamiento ocasional para autoridades”. O, lo que es lo mismo, una casa que utiliza una de las habitaciones como despacho, algo con lo que muchos ciudadanos que teletrabajan o estudian habilitan en sus domicilios, pero no por ello dejan de ser sus residencias o viviendas particulares. Pues bien, esto “se estima necesario por razones operativas, de seguridad y de representación institucional, entre otras”, justifica la Secretaria dependiente de Presidencia.