La magistrada que ha abierto diligencias de investigación por la compra de un ático de lujo por parte de la empresa pública Planifica, y que la oposición cree que era para uso y disfrute de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dado el primer paso. La juez Rosario de Fátima ha emitido una providencia, a la que ha tenido acceso ElPlural.com, en el que dice que le pasen los autos a Ministerio Fiscal "para que informe sobre competencia de esta Plaza y lo que a su derecho convenga y una vez hecho se acordará lo que proceda".
De Fátima abrió diligencias a raíz de una denuncia de Iustitia Europa. Después se personaron también un particular, el PSOE de Madrid y Más Madrid. Ahora, la magistrada quiere que Fiscalía diga si son competentes o no para la investigación, pues si la denuncia es contra Ayuso, al estar aforada, los juzgados de plaza de Castilla no serían los competentes para investigarla.
El tema de la competencia viene derivado, de hecho, por un párrafo de la denuncia de Iustitia Europa en el que afirmaban: "Si durante el curso de la investigación aparecieran indicios racionales de criminalidad respecto de persona que ostente la condición de aforada, singularmente la presidenta de la Comunidad de Madrid, doña Isabel Díaz Ayudo o el consejero de presidencia, Justicia y Administración Local, Don Miguel Ángel García Martín y tales indicios aparecieran vinculados a su concreta intervención, conocimiento, autorización, instrucción u omisión en la cadena decisoria de la operación investigada, se interesa desde ese momento que se proceda conforme a las reglas de competencia objetiva aplicables".
El expediente
Esta decisión de la magistrada se ha tomado menos de 24 horas después de que la Comunidad de Madrid hiciera público el expediente de compra del ático. La Comunidad de Madrid publicaba este jueves por la tarde, 50 días después, el informe referido a adquisición del ático de lujo en Chamberí. Un total de 224 páginas que arrancan con el acuerdo de confidencialidad firmado entre Planifica Madrid y la vendedora del piso y que recoge en diferentes documentos oficiales que su único uso podía ser residencial. Sin embargo, este intento del Gobierno deIsabel Díaz Ayuso por despejar la polémica no ha hecho más que evidenciar la falta de justificación para la compra de 6,3 millones de euros.
El Ejecutivo del Partido Popular (PP) hace una trampa fácilmente detectable. El documento no contiene informe de necesidad de la compra del ático ni memoria justificativa de dicha operación. Esto significa que la Comunidad de Madrid no explica en ningún momento por qué se produjo esta adquisición ni quién la ordenó, sino que omite dicha parte y salta directamente a justificar la necesidad de que el Gobierno autonómico arrende el inmueble a su propia empresa pública, movimiento que explica aludiendo que es menester contar con una residencia para autoridades.
La cuestión entonces es si Planifica Madrid compró aleatoriamente un ático de lujo frente a la casa familiar de Ayuso y, posteriormente, la Comunidad de Madrid descubrió que era el emplazamiento idóneo para que perfiles institucionales residiesen en él. La empresa pública fue directamente en busca de un piso de dichas características y tan solo aceptó el situado en el número 35 del paseo General Martínez Campos, por lo que no parece que lloviese una ganga del cielo. Entonces, ¿cuál es la razón para la adquisición? Esa pregunta es una de las que deberá responder la investigación judicial.
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