El nuevo ático de Ayuso en Chamberí y la doble vara de medir de la Puerta del Sol

Mientras España vigilaba con el corazón en un puño la oleada de incendios forestales, la Puerta del Sol ha preferido prender su propio fuego político. El foco de origen es, de nuevo, el entorno de Isabel Díaz Ayuso. Esta vez el combustible no es una comisión sanitaria, sino un flamante ático residencial en Chamberí adquirido en absoluto secreto por el Gobierno autonómico a través de la empresa pública Planifica Madrid.

La opinión pública ignoraba la operación hasta que la prensa levantó la alfombra del expediente oculto. La respuesta del Ejecutivo regional ha sido un prodigio de velocidad: poner el inmueble en venta de inmediato. Cuesta calibrar qué ha sido más rápido, si la primicia periodística o las prisas por tapar el escándalo alegando que el dinero irá a parar a los damnificados por el fuego. Una pirueta de cinismo político tan veloz como sospechosa. Sin embargo, el verdadero giro de guion lo desvela la cronología: la pareja de la presidenta. Alberto González Amador, puso en venta el piso donde residen por 1.790.000 euros justo después de que la Comunidad de Madrid comprara el nuevo y lujoso ático. Las piezas del puzzle encajan con una precisión estética sonrojante.

El misterio reside en la paciencia del ciudadano de Madrid. Esa misma mayoría social que entregó su confianza a la presidenta parece dispuesta a convalidar los negocios de su novio, un “ciudadano particular” con un instinto fabuloso para crecer al calor de la contratación pública. Sorprende la asimetría moral de nuestro tablero político. Se fiscalizaron con lupa implacable las décadas del PSOE en Andalucía, pero el Partido Popular de Madrid puede cumplir 31 años ininterrumpidos en el poder disfrutando de una amnesia colectiva subvencionada. En la calle Génova, la ingeniería inmobiliaria siempre goza de inmunidad.

El blindaje de Ayuso resiste cualquier ley de la gravedad política. Siete mil doscientos noventa y un ancianos murieron atrapados en las residencias madrileñas sin derivación hospitalaria durante la pandemia. Su entorno familiar facturó comisiones por mascarillas. Su pareja arrastra una investigación judicial por presunto fraude fiscal. Y ahora, un ático de lujo sufragado a espaldas de los madrileños mientras el propio Miguel Ángel Rodríguez intenta justificar lo injustificable de cara a la galería. En cualquier democracia europea, este inventario provocaría una caída en bloque del Gobierno. En Madrid se despacha como un martes cualquiera.

Quien ose alzar la voz es automáticamente etiquetado de descortés o machista, como bien aprendió un Pablo Casado fulminado tras denunciar las comisiones familiares en antena. Imaginen un segundo el cataclismo mediático si esta opaca maniobra en Chamberí llevara la firma de Pedro Sánchez. Los mismos que hoy callan estarían exigiendo la aplicación inmediata del Código Penal.

Los madrileños tienen motivos de sobra para exigir transparencia sobre el uso de sus impuestos. Confieso que he perdido la capacidad de sorprenderme con Isabel Natividad Díaz Ayuso. En Madrid siempre ha habido clases y clases, bulas y licencias perpetuas. Para darse cuenta de ello no hace falta subirse a ningún ático. Basta con mirar a Sol.

Diego Ruiz Ruiz es militante del PSOE de Toledo capital