El ático de Chamberí que compró la Comunidad de Madrid para que Isabel Díaz Ayuso lo usara como oficina arrastra polémicas desde que se cavó el primer hoyo para construirlo. El inmueble se terminó en 1956 sin “la licencia correspondiente”, pero un año antes la obra ya levantaba suspicacias entre sus vecinos. La dirección del Museo Sorolla, ubicado en el edificio contiguo en el paseo del General Martínez Campos, alertó de que esta construcción ponía en peligro la integridad de la que fue la casa del célebre pintor valenciano.
En 1955 se abrió el expediente para la concesión de la licencia de obra del bloque, entonces el número 31 de la calle en el barrio de Chamberí. Entre los documentos a los que ha tenido acceso ElPlural.com hay una carta fechada a 11 de marzo de ese año, firmada por Francisco Pons Sorolla. Según el propio museo, se trata del primer nieto del pintor, “arquitecto, restaurador y urbanista, clave en la configuración del urbanismo actual”.
La misiva iba dirigida al arquitecto Rafael Barrios, que en los planos y archivos del expediente figura como el encargado de la obra en la que, un año más tarde, se construyó el ático. En los planos enviados al Ayuntamiento de Madrid para solicitar la legalización de la obra se ve que esa novena planta, en la que está el piso por el que la Comunidad de Madrid pagaría 6,3 millones de euros 71 años más tarde, aparecía tachada. El motivo es que, en un principio, el consistorio no permitió la construcción del “segundo ático”, por lo que se pidió el permiso para edificar el bloque solo hasta el octavo piso.
Pons Sorolla alertó de “deslizamientos” de tierra
Las obras en la esquina de Martínez Campos y la calle Zurbano ya habían empezado cuando Pons Sorolla escribió la carta, en la que se dirige al arquitecto como “mi querido amigo y compañero”. Sus líneas revelan en que punto estaba la construcción y su situación al lado de la que fue la casa y taller del mítico artista valenciano: “Diariamente observo la marcha de las obras que bajo tu dirección se realizan en la finca colindante con este Museo Sorolla”, escribió.
Los obreros ya habían cavado el hoyo en el que se levantaría el edificio, lo cual alertó a Pons Sorolla: “Vista la detención de ellas en estos últimos días, después de realizado un vaciado de tierras de gran importancia, no puede por menos de preocuparme, como arquitecto y director del Museo Sorolla, el peligro que supone no actuar rápidamente en las estructuras de sótanos y consolidación de medianeras”, continúa la carta.
Las medianeras son las paredes que se sitúan en el espacio divisorio entre dos propiedades contiguas. En este caso, según explica el arquitecto, “la cimentación del edificio” del museo “no permite, sin recalzos, la profundidad de vaciado” que se estaba llevando a cabo en la finca del número 31, que durante los años siguientes se cambiaría al 35. Pons Sorolla se refería a la necesidad de reforzar los cimientos de la construcción ante la dimensión del agujero cavado, algo que, según explica, no se estaba haciendo.
“Aunque, con precaución plausible, no se ha llegado hasta el plomo de la linde”, esto es, el límite legal del terreno, “no es posible descartar deslizamientos de un terreno con poca garantía, y menos en la época del año en que nos hallamos”, advertía. El arquitecto, que presidía el Patronato -dependiente del Estado- que gestionaba el legado de Clotilde García del Castillo, esposa de Sorolla, pidió a Barrios que la construcción continuara “con la mayor urgencia y garantías en la parte de la obra que puede afectar a la estabilidad de las fábricas” del museo.
Las obras del ático terminaron “sin la licencia correspondiente”
A pesar de la advertencia, las obras del edificio terminaron, y al año siguiente se abrió el expediente para construir ese segundo ático que inicialmente se descartó, con un presupuesto de 634.800 pesetas. Los documentos incluyen el plano en el que se puede ver la polémica terraza, en la que en 1964 se construyó un invernadero que le valió una sanción administrativa a la propietaria. En abril de este año, la Comunidad de Madrid pagó 6,3 millones de euros por el inmueble -sin licencia de oficina- para que albergara el despacho de Ayuso, y ofreció hasta tres versiones distintas de cuánto mide esa terraza.
También figura un oficio que la secretaría general de Fomento del Ayuntamiento de Madrid dirigió al arquitecto responsable de las obras, que era el director gerente de la empresa encargada, Samarga. En nombre del alcalde, se le instó a paralizar la construcción del ático, que ya estaba “terminado en obra gruesa, habiéndose efectuado esta sin la licencia correspondiente”.
El inmueble no cumplía “las ordenanzas municipales”, pero las obras terminaron durante el año 1956. En ese segundo ático se construyó en la década siguiente un invernadero, para el que se cubrió parte de la terraza con una cristalera que, de nuevo, se decretó ilegal. El Ayuntamiento ordenó a la propietaria “su demolición”, tras lo que se abrió un litigio que terminó con una sanción de 5.000 pesetas a la mujer, que se negó a desmantelar la construcción. El ático aún arrastra este expediente de 1964, al que se hace referencia en una orden de abstención de obras enviada en 2015 a la propietaria que se lo vendió a la Comunidad de Madrid, la escritora Astrid Gil-Casares.
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