El Congreso de los Diputados ha sacado adelante el decreto ley de medidas urgentes para Ceuta con 304 votos a favor, a excepción de los 33 votos en contra de Vox y siete abstenciones de Junts. La norma, aprobada por el Gobierno a principios de mes, incluye 309 millones de euros en un paquete de medidas para la ciudad autónoma tras la entrada masiva de inmigrantes del pasado 30 y 31 de julio
El decreto, que incluye 36,6 millones de euros en ayudas directas a los autónomos y empresas afectadas por la crisis migratoria, se ha enfrentado este miércoles a su debate en el Pleno de la Cámara Baja, después de que el Consejo de Ministros lo sacara adelante el pasado 1 de septiembre. No obstante, la norma ha salido adelante con el rechazo de la extrema derecha y la abstención de los populares.
De esta forma, desde el PP, pese a que finalmente ha votado a favor de la medida, han criticado que el Gobierno central, con esta medida, no pretende ayudar al pueblo de Ceuta, sino “esparcir la propaganda típica del Gobierno”. Asimismo, los populares han subrayado que en el decreto falta el compromiso del Ejecutivo de que no volverá a repetirse un episodio similar y han reprochado que el Gobierno diseña “mal” sus planes de ayudas económicas.
En líneas similares, desde Vox, su diputado José María Figaredo ha censurado la acción del Gobierno ante lo que ha tachado de "invasión", y ha tildado las ayudas económicas del decreto como “limosna”. “Devuelvan a los invasores a Marruecos ya, déjense de repartir limosna”, ha espetado. Además, Figaredo ha señalado que la cuantía de las ayudas es "ridícula" y apenas "migajas", porque, a su juicio, las empresas y los autónomos tocan a unos 2.000 euros de media.
Por su parte, desde Junts han señalado que ven en el decreto ley del Gobierno la “factura” del fracaso del Ejecutivo central. En línea con ello, el diputado de Junts Josep Maria Cruset ha señalado que gobernar “no es llegar con el BOE y la cartera abierta después de una crisis”, sino coordinar una respuesta. “Presentan como una respuesta ejemplar lo que en realidad es una reparación de emergencia después de un fracaso político”, ha lanzado el diputado de Junts.
Todas las medidas y bonificaciones que incluye el decreto
El decreto ley que aprobó el Gobierno a principios de septiembre comprende 309 millones de euros en lo que queda de 2026 para apoyar los servicios esenciales, la seguridad, la acogida de menores y la atención humanitaria y ayudar a empresas y trabajadores en Ceuta tras la entrada masiva de inmigrantes.
La partida más cuantiosa es la destinada a la acogida de menores y atención humanitaria, dotada con 118 millones de euros. Además, la seguridad recibe en el decreto un refuerzo de 90 millones de euros y 80 millones de euros a ayudas directas y otros tipos de apoyo a empresas y trabajadores.
Por lo que hace al tejido empresarial, el paquete de 80 millones incluye un fondo de ayudas directas de 36,6 millones de euros, gestionado por la Agencia Tributaria, para llegar a los 2.500 autónomos y las 1.500 empresas de Ceuta. De esta forma, el decreto destina para los autónomos 5.000 euros y entre 1.000 y 150.000 euros en función de la facturación para las empresas.
Por otro lado, respecto al turismo, el decreto prevé un plan extraordinario de promoción y recuperación de imagen de la ciudad de Ceuta, orientado a mercados internacionales seleccionados.
En materia laboral, la norma contempla una exención del 100% en las cuotas a la Seguridad Social para las empresas que hayan visto interrumpida su actividad y tengan que recurrir a un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE), además de prestaciones extraordinarias por cese de actividad para los autónomos y la posibilidad de aplazar los pagos a la Seguridad Social a un interés del 0,5%.
En concreto, este decreto contempla una prestación extraordinaria por cese de actividad para autónomos con domicilio de residencia o actividad en Ceuta, cuya actividad hubiese cesado total o parcialmente, ya sea de manera temporal o definitiva, a raíz de la reducción de la demanda y de la alteración de la actividad provocadas por la entrada masiva e irregular de inmigrantes, aunque vinculada a la reducción de los ingresos mensuales.
Entre otras cosas, la norma eleva del 50% al 75%, de manera permanente, la bonificación de las aportaciones empresariales correspondientes a trabajadores con contratos indefinidos o de sustitución por incapacidad temporal que presten servicios en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. También se incorporan nuevos sectores beneficiarios de esta medida, como el de la construcción. El impacto presupuestario de estas bonificaciones se fija en 36,6 millones de euros anuales por cada una de las dos ciudades autónomas.
Al margen de ello, el decreto incluye otras medidas de carácter permanente, entre ellas el aumento del 50% al 60% de las bonificaciones en el Impuesto sobre Sociedades para las entidades residentes y la mejora de las posibilidades de deducción de determinados gastos para los autónomos, como los de "difícil justificación". Estas dos medidas estructurales se extienden también a Melilla.
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