Las declaraciones de un militar en servicio en Ceuta durante una conversación con la periodista de Diario Red Alejandra Velasco han provocado críticas por el lenguaje empleado contra las personas procedentes de Marruecos y por sus referencias explícitas a la política española.
"La calaña que viene de Marruecos (...) la manda aquí su narco-Rey con sus secuaces para que nos movamos nosotros", afirma el militar durante la conversación. En otro momento, al referirse al Ejecutivo español, añade: "¿Quién gobierna España? (...) La maravillosa izquierda. Veremos a ver cuando cambiemos de bando qué pasa aquí".
Las expresiones han generado especial controversia por producirse, según el relato difundido, mientras el militar se encontraba de servicio. El contenido mezcla referencias a la inmigración y a la delincuencia con una descalificación colectiva por razón de procedencia, al tiempo que introduce una valoración partidista sobre el Gobierno.
Neutralidad e imparcialidad
Las declaraciones adquieren especial relevancia al proceder, según el relato, de un militar en activo. La Ley Orgánica 9/2011, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, establece el deber de neutralidad política y exige a los militares mantener una estricta neutralidad pública respecto de la actuación de los partidos políticos. Ese principio busca preservar la imparcialidad de las Fuerzas Armadas y separar el ejercicio de sus funciones de cualquier posicionamiento partidista.
“¿Y quien gobierna? La maravillosa izquierda, ya veremos cuando cambiemos de bando qué va a pasar”.
— Pablo Iglesias 🔻{R} (@PabloIglesias) September 16, 2026
Esto le dice un militar de servicio a @alemvelasco_ en Ceuta que además llama “calaña” a las personas migrantes. Vean 👇
El @Defensagob no debería tolerar estos comportamientos pic.twitter.com/IxyKwoOJdV
A ello se suma la Ley Orgánica 8/2014, de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas, que contempla como falta grave efectuar públicamente manifestaciones o expresar opiniones que supongan una infracción del deber de neutralidad política o sindical. La misma norma recoge también conductas discriminatorias por razón de origen racial o étnico dentro del régimen disciplinario. La eventual aplicación de estas disposiciones exigiría, en todo caso, determinar previamente las circunstancias concretas en las que se produjeron las declaraciones y la posible responsabilidad del militar
Las reacciones de Velasco e Iglesias
Alejandra Velasco, periodista que mantuvo la conversación con el soldado, criticó públicamente las declaraciones y señaló: "El Ministerio de Defensa no debería tolerar estos comportamientos".
También reaccionó Pablo Iglesias, que dirigió su crítica hacia la titular de Defensa, Margarita Robles, con una pregunta directa: "¿Qué tiene que decir la Ministra Robles sobre esto?".
La controversia plantea ahora una cuestión institucional: si las declaraciones fueran objeto de denuncia o investigación, correspondería a los órganos competentes determinar el contexto exacto, comprobar los hechos y establecer, en su caso, si existe alguna responsabilidad disciplinaria.
Ceuta, escenario especialmente sensible
El episodio adquiere una dimensión particular en Ceuta, territorio fronterizo donde las cuestiones migratorias y de seguridad forman parte de la realidad cotidiana. El Ejército desempeña allí funciones relacionadas con la vigilancia fronteriza y la seguridad, en un contexto especialmente sensible por la proximidad con Marruecos.
Precisamente por esa responsabilidad, las expresiones utilizadas por quienes ejercen funciones de autoridad pública tienen una relevancia que trasciende la esfera estrictamente personal. La existencia de problemas relacionados con la inmigración irregular, el narcotráfico o la seguridad no permite atribuir comportamientos delictivos a un colectivo entero por su origen.
Las declaraciones atribuidas al soldado abren así un debate que va más allá de la polémica política: qué límites debe observar quien ejerce autoridad pública y hasta dónde puede llegar la expresión individual cuando puede comprometer los principios de neutralidad, imparcialidad y no discriminación que sustentan la función policial.
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