El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso está protagonizando una importante polémica este miércoles tras haberse conocido que adquirió hace tres meses un ático en el barrio de Chamberí. La vivienda, de 500 metros cuadrados, se ha compró para ubicar allí la oficina de la presidenta de la Comunidad de Madrid, mientras se acometen distintas reformas en la sede principal de esta institución, que se ubicada en el edificio de la Real Casa de Correos situada en la Puerta del Sol. La controversia ha tomado fuerza, así como provocado distintas reacciones críticas en el ámbito político, debido a hechos como que se haya procedido a la compra del inmueble en lugar de aprovechar otras instalaciones que ya sean propiedad del Gobierno madrileño y, más aún, por no haber informado de ello en el portal de transparencia, por lo que se desconoce la cantidad de dinero dedicada a ello.
Así, el Ejecutivo de la Comunidad de Madrid vuelve a ser polémico, o, más concretamente, lo es Isabel Díaz Ayuso por girar en torno a ella la adquisición del piso, cuyo valor de mercado podría estar entre los 2 y los 7 millones de euros, por la compra de determinados inmuebles. El ático de Chamberí llega un año después de la controversia surgida en torno al uso privado y de ocio que la presidenta madrileña hizo el pasado verano de un chalet con piscina, ubicado en la finca Término de El Paular en Rascafría.
La vivienda, por la que el Ejecutivo madrileño pago más de 4 millones de euros en 2023, fue adquirida en el marco de una operación para proponer la ampliación del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. Aunque la propia Comunidad de Madrid ha denominado “muy austero” al chalet, en un vídeo promocional previo a la venta publicado por la propia agencia inmobiliaria Sauber Real Estate, muestra una casa de dos casas en excelente estado, con salón con chimenea, comedor para ocho personas, tres habitaciones dobles, tres baños y una suite con despacho.
La adquisición de la finca fue autorizada por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid en octubre de 2023. El Ejecutivo regional justificó entonces la operación asegurando que serviría para impulsar la ampliación del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama mediante la incorporación de 453 hectáreas de elevado valor ecológico situadas en El Paular. Sin embargo, esa explicación fue seriamente cuestionada, al recordar que la Comunidad de Madrid no tiene capacidad para ampliar por sí sola los límites del parque nacional, sino únicamente para plantear la incorporación de nuevos terrenos, un proceso que además debe cumplir los requisitos establecidos para este tipo de espacios protegidos.
La compra de la conocida como finca Término de El Paular se llevó a cabo ejerciendo el derecho de tanteo y se produjo poco después de que el Ministerio para la Transición Ecológica anunciara la adquisición del cercano Pinar de los Belgas. En aquel caso, el Gobierno central destinó 19 millones de euros para incorporar más de 2.000 hectáreas al patrimonio público con el objetivo de favorecer su futura integración en el parque nacional.
La polémica se intensificó cuando trascendió que Ayuso había utilizado el chalet de Rascafría para disfrutar de unos días de descanso, una circunstancia que resultó llamativa ante las críticas que la propia presidenta había dirigido meses antes contra Pedro Sánchez al que reprochaba vivir en "cuatro palacios", en referencia a Las Marismillas, La Mareta, La Moncloa y Doñana, “pagados por todos los españoles”. La oposición en la Asamblea de Madrid aprovechó entonces esa contradicción para censurar el uso privado de un inmueble adquirido con fondos públicos. Además, ante las declaraciones en las que cargó contra el presidente de España, se recordaron unas declaraciones de la dirigente popular en las que defendía que la Comunidad debía contar con una residencia oficial para quien ocupara la Presidencia regional. Las explicaciones ofrecidas por Ayuso, quien aseguró que se trató de una visita privada y que incluso llevó su propia comida, alimentaron también el debate en redes sociales, donde numerosos usuarios ironizaron sobre el carácter "austero" que el Gobierno madrileño atribuía a la propiedad.
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