El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha justificado que el espionaje con Pegasus del que es responsable el CNI (18 de los más de 60 afectados que desveló Citizen Lab) se hizo actuando “bajo la más escrupulosa legalidad”. Esa es la conclusión que ha extraído tras estudiar el asunto, puesto que también ha garantizado que las autorizaciones judiciales no se concedieron bajo su mandato, sino en la época de Mariano Rajoy: “Este Gobierno no conoce y no decide. Ha podido pasar en otro momento y con otro Gobierno, pero jamás con este”. Para evitar que episodios semejantes se repitan, ha anunciado la aprobación de una nueva ley de secretos oficiales que sustituya a la vigente, que data del franquismo; así como una revisión de la actuación de los servicios de inteligencia.

En su intervención ante el pleno del Congreso en el marco de un debate monográfico sobre Pegasus, el líder del Ejecutivo ha censurado que el Partido Popular ha utilizado las instituciones “para intentar encubrir la vergüenza de la corrupción”; denunciando la existencia de una mal llamada “policía patriótica” que actuaba al margen de la legalidad por orden de los populares. “Un uso indigno que se dio en el pasado, pero no con este Gobierno”, ha espetado.

Sánchez ha explicado que el Ejecutivo que comanda trabaja con “discreción” para preservar la seguridad nacional, los derechos y la integridad territorial; pero también lo hace “con profesionalidad, rigor y fiel cumplimiento de la legalidad”. “Los servicios de inteligencia trabajan sin descanso para abortar potenciales atentados y desarticular organizaciones. Lo hacen jugándose la vida. El propósito de este trabajo requiere discrecionalidad, que no opacidad. La preservación de cierta información no es una irregularidad democrática. Lo verdaderamente relevante es que no se atropellen sus derechos fundamentales. Hay controles, rendición de cuentas… Desde el control parlamentario como la comisión de secretos oficiales hasta el control de la justicia”, ha insistido.

Es por ello que, al trascender las informaciones sobre el espionaje con Pegasus a más de 60 líderes independentistas, puso en marcha tres vías de actuación. La primera fue crear un organismo de control interno que fiscalizara la acción del CNI. La segunda, la reactivación de la comisión de gastos reservados y secretos oficiales en el Congreso para que la entonces directora del CNI, Paz Esteban, ofreciera explicaciones. Por último, el Defensor del Pueblo abrió una investigación de oficio.

Según ha desvelado el presidente, Paz Esteban esgrimió que el CNI solicitó la autorización “para proceder a la intervención acotada en el tiempo de las comunicaciones de 18” líderes independentistas. Los servicios de inteligencia “propusieron y el juez acordó las medidas oportunas”. En consecuencia, el espionaje a casi una veintena de personas, entre las que se encuentra el president de la Generalitat, Pere Aragonès, “se realizó con pleno respeto a la legislación vigente y con motivos fundados que hacían necesaria dicha iniciativa”. “El objetivo era prevenir, detener e imposibilitar las acciones que pongan en riesgo, amenacen o atenten, la seguridad”, ha zanjado.

No obstante, Sánchez ha admitido desconocer quién está detrás del resto de intervenciones, incluida la de su propio smartphone. A su entender, denunciar el espionaje sufrido ante la justicia ha sido un gesto de transparencia: “Aquellos que nos critican hoy por un exceso de transparencia, estarían criticándonos por un exceso de encubrimiento”.

“Ha habido una brecha de seguridad y lo notificamos”, ha continuado, animando a hacer lo propio al resto de líderes independentistas afectados cuya fuente de intervención de las comunicaciones se desconoce. “Estos son los hechos frente a las especulaciones. La gran mayoría han sido por actores desconocidos ajenos a la Administración. Cualquier persona que haya sido intervenida sin autorización judicial ha sido víctima de un delito y tiene derecho a averiguar la verdad y restablecer sus derechos fundamentales”, ha concluido.

A fin y efecto de poner coto a que un episodio semejante pueda repetirse, Sánchez ha anunciado la aprobación de una nueva ley de secretos oficiales que sustituya a vigente, un articulado franquista. Cabe destacar que, precisamente, hay el PSOE es el principal artífice del bloqueo a la ley de secretos oficiales registrada por el PNV, aprobada por el Congreso y que continúa bloqueada por la Mesa, que aplaza sine die el periodo de enmiendas. También ha anunciado un plan para crear una Red Nacional de Ciberseguridad que estará integrada también con las comunidades autónomas y regular la actuación del CNI para evolucionar y afrontar los nuevos retos tecnológicos.