Tras más de cinco años desde que la primera propuesta llegara al Congreso y después de haber recibido un toque de atención, el Gobierno de Pedro Sánchez ha activado la maquinaria para abordar la reforma de la ley de Secretos Oficiales vigente, que data del franquismo. En junio de 2020 el Congreso admitió a trámite la iniciativa presentada por el PNV, bloqueada desde 2016 por PSOE y PP. Desde entonces, la ley está parada, pues la Mesa amplia sistemáticamente los plazos para presentar enmiendas, dejando la normativa en el limbo sine die. ElPlural.com preguntó a todos los grupos parlamentarios que tienen representación en la Mesa del Congreso y todos los dedos apuntaban a Defensa como el arquitecto de la paralización de la ley. Este periódico contactó hace varios días con el Ministerio en cuestión para preguntar los motivos, no obteniendo respuesta. Ahora, El País ha publicado que el Ejecutivo ha designado una comisión pilotada por Carmen Calvo e integrada por Defensa, Interior y Exteriores, para abordar elaborar un nuevo documento al margen de la propuesta del PNV.

La pasada semana, fuentes del PNV, lamentaron a este periódico que “la ley está parada” pese a que fue aceptada a trámite porque “se ha ido prolongando cada semana el plazo para las enmiendas” “Vamos camino de que suceda lo mismo que en la XII Legislatura”, censuran, y añaden que “no parece que haya voluntad” de reformar la ley que, recordemos, data de la dictadura.

Fuentes parlamentarias de Unidas Podemos confirmaron a ElPlural.com que la prórroga “tiene que ver con la voluntad del Ministerio de Defensa”. De hecho, la postura de los morados es clara: “Pensamos que esta ley del año 68, de la dictadura franquista, tiene que ser evidentemente modificada para ponerla en línea con los países más avanzados y que los españoles puedan conocer los detalles de lo que ha ocurrido en España en nuestro pasado ya no tan reciente. Por ejemplo, cuál fue el papel de cada uno en el golpe de Estado del 23F. Si el relato de que el rey salvó la democracia es cierto, ¿qué miedo hay a que se conozcan los documentos de aquella época?”.

Por su parte, el PSOE se limitó a justificar que “no es una ley fácil”.

Dadas las acusaciones vertidas sobre Defensa por Unidas Podemos, este periódico contactó con la cartera dirigida por la ministra Margarita Robles. Tras una conversación telefónica, solicitaron que la consulta fuera remitida por correo electrónico. Pero nunca hubo respuesta.

Días después de esa comunicación, El País publica que la intención del Gobierno es elaborar un articulado paralelo al del PNV y, para ello, la Vicepresidencia Primera ha recibido el encargo de redactar una propuesta teniendo en cuenta las sensibilidades de Defensa, Exteriores e Interior; no habiendo plazo límite para su conclusión más allá de que se pretende aprobar esta legislatura.

Una ley franquista

La reforma de la ley de Secretos Oficiales es una de las asignaturas pendientes de la democracia española. La vigente Fata de abril de 1968 y fue firmada por Francisco Franco y Luis Carrero Blanco. Tal es la anacronía que otorga a un organismo que ya no existe como es la Junta de Jefes de Estado Mayor la potestad de clasificar documentos.

La norma únicamente prevé dos categorías, a saber, secreto y reservado, y no contempla otras habituales como confidencial o de difusión limitada. Tampoco la de muy secreto.

Uno de los aspectos más lesivos es que los documentos únicamente podrían ser desclasificados por el órgano que los clasificó. En este sentido, la propuesta del PNV pretende que el límite para desclasificar archivos pase de 25 a 10 años mientras que la idea del Gobierno es que no existan plazos sino que estén sujetos al grado de protección y el nivel de secreto. En otras palabras, habrá archivos que por su sensibilidad no verían la luz.

PP y Ciudadanos, abiertos a la reforma

Fuentes parlamentarias del Partido Popular han asegurado a ElPlural.com que están preparados para afrontar el debate y que “se tramite en cuanto se pueda”. “Tenemos nuestras propuestas y estamos decididos a presentarlas en cuanto se pueda”, agregan.

Ciudadanos, en la misma tónica, lamenta que el Gobierno continúe aplazando sine die su tramitación aunque no consideran que abordar esta ley sea urgente dada la actual situación de pandemia. Los naranjas propondrán situar en 20 años el límite para desclasificar documentos incluir “mayores cambios en los plazos transitorios de desclasificación de estas materias en el momento en que entre en vigor esta ley, haciéndolos más extensos, con el fin de proteger la seguridad del Estado y los intereses de la sociedad”.