La Ley de Memoria Histórica permanece encallada y Más País trata de reanimarla. La formación liderada por Íñigo Errejón registrará una Proposición no de Ley para que Moncloa se comprometa a aprobar todas las iniciativas relacionadas que se encuentran paralizadas en el Parlamento. El Gobierno aprobó el articulado de Memoria Democrática en Consejo de Ministros en septiembre del año pasado y el plazo de enmiendas del Congreso ya ha concluido. Aún no ha visto la luz, pues se encuentra paralizada en la Comisión Constitucional con motivo de las discrepancias entre PSOE, Unidas Podemos y ERC. Las negociaciones avanzaban más lento de lo deseado y el Gobierno pretendía dar un potente impulso en Semana Santa, tal y como adelantó ElPlural.com. Sin embargo, el estallido del caso Pegasus congeló las conversaciones. Las reuniones se suspendieron y los contactos se limitan a “llamadas puntuales”, según fuentes conocedoras de las negociaciones.
El objetivo de la formación liderada por Íñigo Errejón es “garantizar el derecho a la verdad, a la justicia, la reparación y las garantías de no repetición a toda la ciudadanía española”, según figura en la propuesta a la que ha tenido acceso ElPlural.com.
La Ley de Memoria Histórica era uno de los buques insignia del Gobierno de coalición y pretendían que viera la luz en este periodo de sesiones. Escudándose en la candente actualidad, el PSOE esgrimía que había “otras prioridades” y no está claro si se resolverá antes del parón estival.
El bloqueo no es consecuencia de Pegasus, es anterior. El espionaje ha enfriado algo que ya estaba congelado. ERC, el socio principal del Congreso, es necesario para su aprobación y su condición sine qua non es la derogación de la Ley de Amnistía del año 1977, de forma que se declare ilegal el régimen salido del golpe de Estado de Francisco Franco. Esto daría pie a la posible reparación del patrimonio de las víctimas, para que, cualquier persona física o entidad jurídica pudiera reclamar inmuebles o bienes incautados por la dictadura. Este es el principal punto de fricción: los socialistas no están por la labor de derogar la Ley de Amnistía de 1977 y Esquerra insiste en que una Ley de Memoria Histórica digna ha de reconocer cualquier perjuicio económico de las víctimas y su derecho a ser reparado; bien devolviendo lo requisado o mediante una recompensación económica.
Errejón acelera
La exposición de motivos de la iniciativa de Más País denuncia que “el Gobierno no está cumpliendo sus compromisos ni con la ciudadanía ni con los organismos internacionales”, recordando que Sánchez se comprometió en su acuerdo de investidura con Podemos a “impulsar un programa de exhumaciones de las víctimas del franquismo realizado directamente por el Estado, a retirar los símbolos franquistas de lugares públicos y a anular las condenas y sanciones represivas” de la dictadura. Sin embargo, pasado el ecuador de la legislatura, todos los articulados que abordan estas cuestiones permanecen bloqueados: Ley de Memoria Democrática, reforma de Secretos Oficiales, ley de bebés robados…
Los de Errejón censuran que la parálisis que sufre la Memoria Histórica se debe a que “no satisface demandas fundamentales de las víctimas”, como es el “reconocimiento al derecho a la justicia”. “Tampoco se declaran ilegales las sentencias judiciales represivas de la dictadura ni se garantiza la reparación económica en el caso que sea necesario”, reza la PNL.
Además de urgir al Gobierno a comprometerse a desbloquear todas estas iniciativas, la PNL pretende forzar a Sánchez a incorporar todas las enmiendas que mejoren el texto y “colaborar con la justicia argentina en la causa denominada Querella Argentina, que investiga las violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen franquista”.
"Maquillaje” y patrimonio
Precisamente la reparación económica es uno de los puntos más calientes de la negociación. Fuentes parlamentarias moradas aseguran que Esquerra está empeñada en recuperar el patrimonio incautado durante la guerra civil y el franquismo. El montante de inmuebles ascendería a “entre 150 y 200”, lo que supondrían “entre 80 y 90 millones”. Desde Esquerra niegan la mayor y, en declaraciones a ElPlural.com, alegan que el patrimonio “nos da bastante igual”. Lo verdaderamente importante, según su versión, es “que cualquier ciudadano que quiera denunciar no tenga que irse a los tribunales de otro país a ver si, con suerte, un juez de Argentina les hace caso”.
“La ley es puro maquillaje”, es “simbólica” si “no hay una reparación”, insisten: “No vale con dar un diploma. No la podemos aprobar tal cual está”.
ERC razona que al frente de las negociaciones está Joan Tardá, todo un referente, un puntal para las asociaciones que demostraría que no se trata de una cuestión del patrimonio del partido, sino que es “un asunto troncal”.
Además, explican que “otros muchos puntos importantes”. Ente otros, la implementación de una Fiscalía de Sala que “solo investiga, no denuncia”. También lamentan que no se exijan responsabilidades a la Iglesia por su papel durante la dictadura. Con todo, “hay conversaciones, pero tiene que dejar de ser una ley simbólica”.
