Con el caso Pegasus ha aflorado una ley franquista de 1968 que sigue vigente gracias al bloqueo del PSOE, que en los últimos años ha frenado su reforma. Se trata de la ley de secretos oficiales, una de las esgrimidas por Moncloa para no hacer públicas las autorizaciones judiciales que atesora el CNI para espiar a 18 líderes independentistas. Este martes el Gobierno cesó a la directora de los servicios de inteligencia, Paz Esteban, pero sus socios parlamentarios consideraron la maniobra insuficiente e insisten en la imperiosa necesidad de articular una comisión de investigación pública y desclasificar las órdenes. En este sentido, Más País ha dado un paso al frente y ha registrado en el Congreso de los Diputados una Proposición no de Ley para que el Ejecutivo se comprometa a reformar el articulado 9/1968, de 5 de abril, de Secretos Oficiales en un plazo no superior a tres meses para que se pueda desclasificar información y archivos que violenten derechos humanos.

En la exposición de motivos, el articulado propuesto por Errejón admite que la legislación internacional atribuye a los Estados la potestad de restringir y/o limitar el derecho de acceso a según que información en pro de la seguridad nacional. No obstante, recuerda que, aún en estos casos, “las autoridades competentes deben demostrar que estas restricciones son necesarias y proporcionales a la amenaza específica”; y en consecuencia, se ha de cumplir “el llamado triple test”: legalidad, necesidad y proporcionalidad.

El derecho de acceso a la información mantiene constante tensión con la facultad de los países de clasificar información para protegerse. Dado que los secretos oficiales en España hoy se rigen por una ley franquista, Más País abunda en la “necesidad de reformar dicha ley” por “su naturaleza preconstitucional, su inconstitucionalidad, así como su constante interpretación abusiva por parte de los gobiernos españoles en democracia y, por tanto, por violar los compromisos de derechos humanos ratificados por España”.

La PnL de Más País pretende comprometer al Ejecutivo a reformar la Ley de Secretos Oficiales en un plazo máximo de tres meses. Entretanto, ha de “garantizar un procedimiento de clasificación y desclasificación de la información pública que obligue a todas las autoridades y administraciones españolas, entre ellas al Gobierno, a demostrar la necesidad y proporcionalidad, así como su propósito genuino de proteger un interés legítimo de la seguridad nacional, a partir de los criterios del denominado Triple Test”. Por último, reitera que se debe “desclasificar toda aquella documentación que permita prevenir, reducir o investigar abusos y violaciones de derechos humanos”.

Filibusterismo parlamentario

El Gobierno lleva seis años obstaculizando la reforma de los Secretos Oficiales. En 2022 Moncloa ha incluido su ley de Información Clasificada en el calendario legislativo, pero la inflación, el Plan de choque contra las consecuencias de la guerra en Ucrania y el tapón provocado por la Ley Mordaza, la Ley de Vivienda y la de Memorias Histórica disponen una excusa perfecta para volver a aplazarla.

La primera propuesta para reformar la ley franquista de Secretos Oficiales llegó al Congreso en 2016 a lomos del PNV. PSOE y PP se encargaron de bloquear su tramitación en la Mesa. Al finalizar la legislatura, los nacionalistas vascos tuvieron que volver a registrarla y, ya en junio de 2020, la Cámara Baja dio su visto bueno. Sin embargo, los socialistas aplazan sine die los plazos de enmiendas, dejando la ley en una suerte de limbo. Todas las leyes que no han completado su camino hacia el BOE en la legislatura en que fueron votadas decaen con la disolución de las Cortes Generales. De cumplirse las previsiones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la legislatura se agotará en 2023. El tiempo corre y, pese a que el Ejecutivo tiene agendado abordarla este año, no sería la primera vez que se extrae del calendario legislativo. Si se diera el caso de que se disuelvan las Cortes y se convocaran elecciones antes de concretar la iniciativa del PNV, la formación vasca habrá de volver a registrarla y cumplir todos y cada uno de los pasos nuevamente.

Las maniobras de Defensa y “otras prioridades”

Desde que el Congreso aprobara la ley en junio de 2020, la Mesa amplía sistemáticamente los plazos para presentar enmiendas, condenándola al limbo. El Ejecutivo la incluyó en su calendario de 2021, pero tal y como explicaron fuentes de Moncloa consultadas por ElPlural.com, se aparcó porque había “otras prioridades”, a saber, la recuperación y consolidación económica.

Ahora, las “otras prioridades” del 2022 son los fondos europeos, el Plan de choque, medidas económicas para paliar los efectos de la inflación, intervención del mercado energético, Mordaza, Vivienda, Memoria Histórica, la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Pegasus… Todo lo que no sea Secretos Oficiales. Y es que, según ha podido confirmar este periódico, los socialistas, por orden de Defensa, son los artífices de este filibusterismo parlamentario cuyo objeto es aplazar la reforma mientras trabajan la suya propia.

Desde Unidas Podemos admitieron que la prórroga “tiene que ver con la voluntad del Ministerio de Defensa”. De hecho, la postura de los morados es clara: “Pensamos que esta ley del año 68, de la dictadura franquista, tiene que ser evidentemente modificada para ponerla en línea con los países más avanzados y que los españoles puedan conocer los detalles de lo que ha ocurrido en España en nuestro pasado ya no tan reciente. Por ejemplo, cuál fue el papel de cada uno en el golpe de Estado del 23F. Si el relato de que el rey salvó la democracia es cierto, ¿qué miedo hay a que se conozcan los documentos de aquella época?”. El PSOE justificó que “no es una ley fácil” y, en paralelo, armó un grupo de trabajo comandado por la entonces vicepresidenta Carmen Calvo que integra al Ministerio de Defensa, al de Exteriores y a Interior para desarrollar su propio articulado.

El ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, heredó el grupo de trabajo de Calvo, pero al estar centrado en otros asuntos más acuciantes, no se han producido avances.

PP y Ciudadanos, abiertos a la reforma

Fuentes parlamentarias del Partido Popular han asegurado a ElPlural.com que están preparados para afrontar el debate y que “se tramite en cuanto se pueda”. “Tenemos nuestras propuestas y estamos decididos a presentarlas en cuanto se pueda”, agregan.

Ciudadanos, en la misma tónica, lamenta que el Gobierno continúe aplazando su tramitación, aunque no consideran que abordar esta ley sea urgente dada la actual situación epidemiológica. Los naranjas propondrán situar en 20 años el límite para desclasificar documentos e incluir “mayores cambios en los plazos transitorios de desclasificación de estas materias en el momento en que entre en vigor esta ley, haciéndolos más extensos, con el fin de proteger la seguridad del Estado y los intereses de la sociedad”.