La vivienda, el quinto pilar del Estado del bienestar, continúa siendo casi un imposible para buena parte de la población. Y es que los precios del alquiler, pese a que en mayo han descendido un 1,5% -según el portal Fotocasa-, dejan un mapa de desigualdades según la comunidad autónoma de residencia, ya que la situación en España no es homogénea. El Madrid de Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida, por un lado, sigue alzándose como una de las zonas más encarecidas con un aumento de más del 14%; en cambio, Cataluña mantiene sus precios topados gracias a la aplicación de la normativa nacional que busca solucionar la problemática de los precios de vivienda.
Pese a que el alquiler ha bajado un 1,5% en mayo a rasgos generales, lo que se convierte en el segundo descenso en lo que va de 2024 con una media de 12,12 euros por metro cuadrado, en comparación con los registros de 2023, el aumento ha sido del 4%, según los datos publicados por el portal inmobiliario Fotocasa.
A nivel nacional se ha registrado un aumento en tasa interanual, especialmente en Asturias (16,6%), Madrid (14,2%), Castilla-La Mancha (13,0%), Baleares (13,0%) y Galicia (11,2%). En aquellas comunidades autónomas donde se ha contabilizado un incremento menor del 10% han sido en País Vasco (9,8%), Extremadura (9,6%), Cantabria (9,4%), Comunidad Valenciana (8,9%), Castilla y León (8,5%), Canarias (7,6%), Andalucía (7,2%), Región de Murcia (7,1%), Aragón (5,8%), Navarra (4,1%), La Rioja (3,3%). De esta manera, es en Cataluña (0,8%) donde menos ha ascendido el precio del alquiler debido a que es la única autonomía que ha aplicado el tope en 140 municipios declarados como zonas tensionadas, siguiendo así la hoja de ruta de la Ley de Vivienda nacional.
De esta manera, y como Cataluña ha sido la única autonomía en materializar la normativa del Gobierno central, ya son ocho las autonomías que han superado los precios máximos del alquiler de vivienda por metro cuadrado al mes, encabezando la lista Baleares (18,75 euros por metro cuadrado), seguida de la Comunidad de Madrid (19,69 euros) y, en tercer lugar, País Vasco (15,59 euros). Le siguen Cantabria con 13,34 euros por metro cuadrado al mes, Comunidad Valenciana (12,16), Asturias (10,12), Galicia (9,31) y Extremadura (6,86).
Mismo escenario el que se traslada a las provincias. A excepción de Jaén y Huelva, los mayores ascensos en los precios del alquiler se han dado en Girona (20,3%), Cáceres (20,2%), Asturias (16,6%), Segovia (16,5%), Huesca (16,4%), Cuenca (16,4%), Madrid (14,2%), Castellón (13,6%), Baleares (13,0%), Zamora (12,5%), Pontevedra (12,4%), Teruel (12,4%), A Coruña (12,2%), Vizcaya (11,4%), Sevilla (10,9%), Ávila (10,6%), Valencia (10,6%) y Santa Cruz de Tenerife (10,5%).
Madrid no aplica la Ley de Vivienda estatal
Uno de los condicionantes de mayor calado que ha generado este acuciado coste de la vivienda en alquiler en los principales núcleos de población es la no aplicación de los contenidos de la normativa estatal en esta materia. A diferencia de Cataluña, en el Madrid de Ayuso y Almeida se ha rechazado por activa y por pasiva aplicar el contenido de esta ley. La presidenta madrileña se refirió a la misma como “lesiva para las competencias autonómicas” y que traería efectos como la “multiplicación de la ocupación, hunde la oferta del alquiler y aumenta los precios”. Una teoría que no vino sustentada por argumentos y que cayó por su propio peso cuando la Corte de Garantías del Tribunal Constitucional le dio luz verde al cumplirse un año de su entrada en vigor, rechazando así la mayoría de las impugnaciones autonómicas y dándola por válida.
De esta manera, es necesario remarcar que el Gobierno madrileño tan sólo aplica lo imperativo para todas las autonomías, como aplicar limitaciones en las actualizaciones de la renta pero, aquello que está en su mano y que es de especial urgencia como declarar zonas tensionadas o aplicar deducciones fiscales a los caseros para estimular el alquiler barato, no lo lleva a término.
Por su parte, el Ejecutivo de Cibeles a cargo de Martínez-Almeida, pese a las peticiones de múltiples ayuntamientos madrileños por declarar zonas tensionadas, rehuyó de esta cuestión presumiendo en campaña que su política en materia de vivienda era hacer “nada”. Este lunes, el alcalde de la capital ha anunciado que ha cumplido con el 90% de su programa electoral y, en lo referido al problema de la vivienda, ha señalado que la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid ha aumentado su parque público en un 8%.
Ni la ubicación ni el tamaño entre los condicionantes
A la hora de buscar una vivienda en alquiler, sea de manera temporal o con vistas a permanecer a medio o largo plazo, el principal condicionante no se ha convertido la ubicación del inmueble, ni tan siquiera los metros cuadrados del mismo, sino el precio, cuánto está dispuesto a pagar el inquilino para entrar a vivir. En un 48% de los casos esta es la primera opción por la que se guían los interesados en una vivienda, según ha desvelado el informe ‘Cuatro generaciones, una vivienda’ elaborado por el portal inmobiliario pisos.com.
En comparación con los distintos perfiles de edad de los interesados, son aquellos de edades más jóvenes los que le dan más importancia al precio del inmueble, siendo así la gran prioridad de la denominada ‘generación z’ (entre los 18 y 27 años) en un 60%, seguida de los ‘baby-boomers’ (+65 años) en un 38%.
Los jóvenes, ahogados
Y es que no es de extrañar que el acceso a una vivienda digna se haya convertido en todo un reto prácticamente inalcanzable para las generaciones jóvenes que, además de optar a empleos precarios, también hacen frente a una escalada de los precios del alquiler que cada vez se hace más cuesta arriba. Un aspecto en el que ha hecho énfasis el director de estudios de pisos.com, Ferrant Font, ya que es este espectro de a población el que se ha visto más afectado por el “deterioro del poder adquisitivo por la brecha entre salarios y precios de vivienda”.
Otra de las conclusiones que emana el informe sobre esta cuestión es la edad de emancipación, que ya no es sólo que sea más tardía, sino que se suma a que la mayoría de los jóvenes se ven abocados a alquilar, sin opción a comprar, aún menos a hacerlo en solitario. Por este motivo, la ‘generación z’, la conformada por los jóvenes en la veintena, viven en un 35% de alquiler, del que el 26% lo hace en pisos compartidos; en comparación, tan sólo el 7% de esta población se encuentra hipotecada. A la contra, es la generación de sus padres, los ‘boomers’ en un 12% los que viven bajo alquiler y los que contratan hipotecas a tipo variable (71%).
El condicionante que también afecta al difícil acceso a la vivienda radica en el demoroso avance al alza de los salarios, impulsados en los últimos tiempos por la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), pero no resulta suficiente. Con este telón de fondo, la mitad de los trabajadores en España se ven obligados a destinar mensualmente más del 60% de su sueldo a pagar el alquiler de su vivienda.
Teniendo en cuenta que la mediana salarial en nuestro país se concentra en unos 1.545 euros al mes, cada español habría destinado en 2023 en torno a un 43% de su salario en costearse el precio de su inmueble, más del 60% para aquellos que cobran menos, según desveló el pasado mes de mayo un estudio de Fotocasa. Por comunidades autónomas, la historia se repite. Baleares (con el 63%), Madrid (62%), Cataluña (58%), País Vasco (54%) y Canarias (51%); datos entendidos en un contexto en el que se dedica más salario bruto al coste del alquiler de una vivienda de 80 metros cuadrados o más.
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