La vivienda es un derecho para la ciudadanía, así se recoge en la Constitución y constituye el quinto pilar del Estado del Bienestar. Sin embargo, se encuentra con una traba que lleva incrementándose en los últimos años: la proliferación de los pisos turísticos en Madrid, Barcelona y puntos de la costa española. Los límites parecen difusos, ya que es en estos enclaves concretos en las que actualmente hay un número mayor de estas viviendas de acceso temporal para los meses de verano que las indicadas para los residentes. ¿Por qué se ha relegado a un segundo plano este derecho fundamental de miles de residentes?
La hemeroteca de los últimos meses es el claro reflejo del laberinto de factores que deja el escenario de las viviendas vacacionales en España. Por un lado, movilizaciones a pie de calle en aquellas autonomías más turísticas en las temporadas estivales -Baleares y Canarias-, por otro, las decisiones adoptadas por gobiernos autonómicos como el de Valencia de suspender futuras licencias turísticas al haber engullido la oferta para los residentes. Como causas puntuales, el efecto rebote que ha tenido el reciente concierto de Taylor Swift en la capital, que también ha evidenciado que la masiva migración de turistas a las zonas más concurridas generado un nudo en la garganta.
Los datos hablan por sí solos. Partiendo de la base de que el sector turístico, y los ingresos que de este se vierten, suponen más del 13% del PIB en España, la problemática de las viviendas vacacionales se ha convertido en una fuente de tensiones. Cuando se espera superar la cifra de turistas de 2023 -85 millones-, la oferta de esta clase de pisos continúa al alza: según los datos recogidos por el Ministerio de Vivienda, entre 2010 y 2018, estos alojamientos se dispararon en un 80%. A su vez, los números que reflejó el Instituto Nacional de Estadística (INE) al respecto dieron cuenta de que el pasado mes de febrero había 351.389 apartamentos turísticos a escala nacional, lo que se traduce en 1,7 millones de plazas turísticas, un incremento del 13,3% con respecto al año pasado. Por ende, y como consecuencia negativa, el parque de vivienda para los residentes se ha reducido en un 30%, socavando aún más el acceso con un alza del 12% en los precios del mercado del alquiler.
Movilizaciones vecinales en Baleares y Canarias
Ambas islas han sido escenario en los últimos meses de movilizaciones multitudinarias aupadas por los vecinos autóctonos que claman por un turismo más sostenible social y económicamente, que vele por el respeto a los residentes.
En el caso de Baleares, en las distintas manifestaciones que han tenido lugar en contra del turismo masivo se han podido leer y escuchar proclamas tales como "Mallorca no se vende". Fue el sábado 25 de mayo cuando unas 25.000 personas se echaron a la calle para reivindicar que quieren “vivir en Mallorca sin ser ricos”, denunciando así el alza excesiva de los precios de la vivienda en la ciudad. Una reivindicación de la que se hizo eco el Banc de Temps de Sencelles con motivo de esta movilización vecinal y en la que dieron cuenta de los miles de personas que “teniendo dos trabajos no llegan a fin de mes”, viéndose obligados a abandonar las islas por el alto coste de vida.
Des del banc del temps de Sencelles us demanem tornar a compartir aquest vídeo per tal de tenir seguidores a "X" i començar a difondre la manifestació que convoquem dia 25 de maig, gràcies i lluita!
— Banc del temps de Sencelles (@BDTSencelles) May 10, 2024
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Misma situación la que se traslada al archipiélago de Canarias. “Queremos ser anfitriones, no esclavos” o “Somos extranjeros en nuestra propia tierra” son otras de las proclamas que los canarios trasladaron a pie de calle contra la llegada masiva de turistas en las vísperas del verano en la manifestación del 20 de abril, donde se llegaron a concentrar unas 20.000 personas.
GALERÍA: Manifestaciones en Canarias y Baleares contra el turismo masivo
Decenas de personas se manifiestan en Canarias. EP.
Manifestaciones contra el turismo masivo en Canarias. EP.
Pancarta de la manifestación en Canarias. EP.
Otro cartel de protesta contra el turismo masivo en Canarias. EP.
Manifestaciones contra el turismo masivo en Baleares. EP.
Pancarta en inglés de la manifestación en Baleares. EP.
Manifestantes en Palma de Mallorca contra el turismo masivo. EP.
Efecto rebote por la fiebre ‘swiftie’ en Madrid
El fenómeno de Taylor Swift ha movilizado millones de euros, ha paralizado parte de la capital, y ha cumplido con creces con las expectativas de los fans que se congregaron durante el 29 y 30 de mayo en el Estadio Santiago Bernabéu. Ante una cita de tal calado musical, esta semana Madrid se ha convertido en el punto de acogida de miles de jóvenes procedentes de diversos puntos de la geografía europea, lo que se ha traducido en un lleno total de los pisos turísticos en las zonas más aglomeradas de la ciudad.
Las entradas para The Eras Tour salieron a la venta hace más de un año, por lo que muchos de estos fans extranjeros decidieron asegurarse un sitio para dormir de cara a estos días con numerosos meses de antelación, pero, a la hora de la verdad, ha ganado el pulso las actuaciones fraudulentas que buscaban un mayor rendimiento económico de este tirón. Muchos propietarios han aprovechado este furor para cancelar reservas de sus apartamentos turísticos y coger al vuelo el precio que otras personas, con más urgencia, se disponían a pagar por este techo, cuando incluso el precio base ha llegado a multiplicarse por diez en estas noches.
Escenario de similares características el que se trasladó a los hoteles, con un coste por alojamiento que se ha disparado en un más del 20%. Según la web Hosteltur, el gasto medio por persona habría oscilado estos días en los 360 euros de media.
Un factor que también ha afectado dolorosamente a los bolsillos de las swifties ha sido la movilidad. Según los datos facilitados por Uber en la semana del 26 al 30 de mayo, un 23% de los usuarios extranjeros utilizaron este tipo de desplazamiento, siendo en su mayoría estadounidenses (5%), mexicanos (1,8%) y británicos (1,6%). De la misma manera, llegaron a realizarse unas 3.000 devoluciones al Santiago Bernabéu entre las 17 y 20:00 horas de la tarde; por consiguiente, unas 3.500 recogidas del estadio entre las 23:00 y las 02:00 horas de la madrugada, tanto el miércoles 29 como el jueves 30 de mayo.
Valencia y Mallorca dicen 'basta', mientras Madrid estima en 13.000 sus pisos turísticos ilegales
Para poner coto a una situación que se acerca al extremo, el Ayuntamiento de Palma de Mallorca ha propuesto este miércoles prohibir la apertura de nuevos apartamentos turísticos, limitar el número de determinados cruceros, la entrada de coches de alquiler y las visitas turísticas. Un paquete de medidas con las que se intenta frenar la problemática de la vivienda vacacional.
Siguiendo los pasos de la propuesta planteada en Palma de Mallorca, en el caso de Valencia, a nivel municipal, aprobó este martes 28 de mayo suspender la tramitación y concesión de licencias para estos pisos durante un año prorrogable a otro, recibiendo el visto bueno y la unanimidad de todos los grupos parlamentarios. De esta manera, la suspensión afectará a los alojamientos temporales situados en comunidades de propietarios y en bajos comerciales, extendiéndose la medida no sólo en Valencia, sino también en las pedanías de El Palmar, El Saler y El Perellonet, Benimàmet, Carpesa, Poble Nou, y La Punta.
Trasladando el foco a Madrid, se ha convertido en los últimos años en el epicentro del encarecimiento de la vivienda, un escenario que coexiste a la par con la proliferación de los pisos vacacionales, y es que son sobre estos últimos donde radica buena parte del problema. El pasado mes de marzo, el Gobierno municipal de José Luis Martínez-Almeida reconoció que hay más de 13.000 inmuebles turísticos que son ilegales, es decir, tan sólo el 1% son legales en la capital.
Debido a la falta de legalidad en el registro de estos apartamentos turísticos, es difícil de calcular una estimación real de su número, sirven de guía los portales inmobiliarios. Sobre esta base, Más Madrid llevó al Pleno de Urbanismo del Ayuntamiento al menos 24.000 vivientes VUT de Madrid, sobre las que solo tienen licencia 277, según la Agencia de Actividades. Además, las denuncias sobre estos pisos fueron, en el 90,5%, fueron interpuestas por vecinos; el restante, por los servicios municipales.
En este sentido, la queja formal trasladada por el grupo de Rita Maestre también denunció que el Ejecutivo de Almeida lleva desde 2019, y tomando en ‘herencia’ lo impulsado por el anterior mandato de Manuela Carmena, sin aplicar el Plan Especial de Hospedaje: “Pueden amnistiar a miles de viviendas de uso turístico y hacerlas legales”, lamentó. Como medidas más inmediatas, el Gobierno de Cibeles ampliará un 15% la plantilla de inspectores para perseguir estas viviendas ilegales, publicándose a posteriori las direcciones “exactas” de las mismas para que los usuarios lo tengan en cuenta a la hora de alquilar.
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