La Comunidad de Madrid es el territorio con el alquiler más caro de España. El metro cuadrado alcanza los 18,32 euros, lo que significa que el arrendamiento de un piso de 70 metros cuadrados asciende de media hasta los 1.282,40 euros. El instrumento facilitado por el Gobierno para aliviar la tensión en estos núcleos de población es la ley de Vivienda, que cuenta con la posibilidad de definir zonas tensionas; sin embargo, el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso reniega de aplicar esta política y delimitar los precios con los que los grandes propietarios (cinco o más viviendas) castigan a la ciudadanía.
En ningún caso delimitar estas zonas supondría rebajas inmediatas del alquiler, sino que obliga a los grandes tenedores y a viviendas fuera de mercado desde hace cinco años a no superar el límite máximo del índice de precios del alquiler en nuevos contratos. No obstante, desde el Gobierno de Ayuso reniegan de aplicar esta herramienta, asegurando que “no arregla el problema de la vivienda”, mientras el Partido Popular (PP) nacional defiende una ley antiokupación que aseguran que sí que es vital, pese a que los números a la baja no lo refutan.
La apuesta del Gobierno madrileño es dejar la vivienda y a sus inquilinos al albur del mercado, aferrados al falso dogma de que se regula solo. Los planes paralelos de Ayuso pivotan en torno al alquiler para ricos de su Plan Vive, que exige cobrar mínimo 2.300 euros limpios al mes para acceder al piso público más pequeño y barato. "Lo que tiene que hacer es crear oferta de vivienda para que todas las familias y los jóvenes puedan acceder, tanto en opción de compra como en alquiler a precios asequibles”, ha defendido el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García.
La lógica de la burbuja inmobiliaria: liberalizar suelo y construir más. En España sobran pisos, de hecho una parte importante del parque de vivienda se encuentra vacío por la especulación de fondos, pero establecer una obligatoriedad de lanzarlos al mercado, como ha sucedido en Portugal o Bruselas, no llena los bolsillos de constructoras y grandes fondos. “Nosotros no vamos a participar en lo que consideramos que es una ley errónea y que invade las competencias de las comunidades autónomas", ha garantizado el consejero de Ayuso.
Es más, como acostumbra a hacer el PP cuando una ley que ha obtenido la mayoría parlamentaria no le gusta, la han llevado a los tribunales, como sucediera con la norma del Aborto o la del Matrimonio Homosexual. "Es una Ley que hemos recurrido al Tribunal Constitucional (TC) y que también lo han hecho otros gobiernos regionales (todos del PP) porque creemos que va en la mala dirección”, ha presumido García. “Esto en lugar de arreglar el problema de la vivienda en nuestro país lo va a dificultar", ha añadido.
Ayuntamientos madrileños claman
La cerrazón del Gobierno de la Comunidad de Madrid perjudica todos los ciudadanos por igual. Grandes ayuntamientos que son conscientes de que sus ciudadanos cada vez lo están pasando peor, como es el caso de Fuenlabrada, Alcorcón o Getafe, han pedido formalmente al Ejecutivo de Ayuso la posibilidad de poder definir zonas tensionadas y aplicar límites de precios en sus municipios. La respuesta autonómica, cuando llega, es la del perro del hortelano, ni actúa ni deja actuar. Varios plenos de los consistorios han realizado propuestas formales, pero nada.
El cinturón rojo de la Comunidad, ubicado al sur, sufre un gran tensionamiento del mercado de la vivienda y, a diferencia de otras zonas, quieren actuar al respecto. El resto del territorio también, pero con José Luis Martínez-Almeida afincado en el Ayuntamiento es imposible esperar que haya alguna acción al respecto. Es más, el propio alcalde presumió en campaña de que su política en materia de vivienda era hacer “nada”, salvo que sea para defender a los propietarios de un argumentario falso para vender alarmas.
Así lo ejemplarizará también hoy los de Alberto Núñez Feijóo que, con Cuca Gamarra, secretaria general del PP, a la cabeza, defenderán su plan de vivienda. Facilidades a la financiación de los bancos, liberalización de suelo público, incentivos a los propietarios para que especulen un poco menos y airear el problema de la okupación son los principales pilares de la propuesta de los conservadores. Entregar viviendas a la Iglesia Católica, al estilo Almeida, y regalar vivienda pública a fondos buitre, más propio de Ayuso, completan el pack.
