El proceso de inscripción y adjudicación de las viviendas del Plan Vive de la Comunidad de Madrid continúa avanzando y las polémicas se suceden atendiendo al verdadero coste de los alquileres y a los requisitos establecidos por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso para poder acceder a lo que se supone que es una renta asequible. El próximo martes se abren nuevas inscripciones en San Sebastián de los Reyes, donde la oferta más barata (una habitación y 44 m2) estimada por la Comunidad es de 821,72 euros al mes y el requisito es ingresar, como mínimo, 2.350 euros limpios al mes.
Lo mismo ha sucedido en anteriores promociones urbanística, como la de Alcorcón, donde los propios vecinos han denunciado que los precios ofertados están por encima de la media del propio mercado. No obstante, quizá la mayor de las polémicas la ha propiciado la doble vara de medir de los requisitos, dado que permiten acceder a unidades familiares sin problemas económicos aparentes y excluye a familias vulnerables. Esto se está produciendo por una exigencia del equipo de Ayuso: “no destinar más del 35% de los ingresos netos anuales de la unidad de convivencia al pago de la renta total anual”.
La Comunidad de Madrid publicita que los pisos gozan de alquileres desde 714 euros para inmuebles de un dormitorio y 44,48 metros cuadrados útiles. Tan solo cuatro viviendas de las 488 viviendas ofertadas en San Sebastián de los Reyes tienen establecido un alquiler de partida inferior a los 725 euros al mes, a los que además hay que sumarle gastos fijos que definen el coste total. Concretamente, a este cálculo hay que añadir los gastos de los servicios comunitarios, muy elevados por introducir en viviendas de alquiler asequible servicios como piscina o gimnasio, y el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), que también se cobra al alquilado.
El pliego emitido por el Gobierno de Ayuso recoge un cálculo estimado que eleva el alquiler del piso más pequeño y barato hasta los 821,89 euros (9.860,6 euros al año). Además, cabe destacar que el cálculo de la administración es estimado y que el piso podría llegar a costar hasta 881 euros si los gastos se elevan algún mes hasta el máximo, topado en el 18% del total del alquiler.
En consecuencia, para poder cumplir el requisito de que la renta no supere el 35% de los ingresos después de impuestos y acceder a una Vivienda de Protección Pública de precio Limitado (VPPL), es necesario tener unos ingresos anuales netos de 28.173 euros para acceder a 44 m2 públicos con un solo dormitorio y sin amueblar. Esto se traduce en una renta de 2.347 euros limpios al mes.
De cobrar menos de esa cantidad, los 9.860,56 euros de alquiler anual supondrían un peso mayor al 35% de la renta, por lo que el solicitante quedaría excluido automáticamente. El tope por arriba, para los madrileños más adinerados, es menos exigente y podrían acceder a una vivienda pública con precio limitado una persona que tenga unos ingresos brutos anuales de hasta 75.996,38 euros, lo que se traduce en 6.333 euros al mes.
Más Madrid reitera que llevan meses “denunciando la falacia que es el Plan Vive de la Comunidad de Madrid”, que “no garantiza en absoluto el derecho constitucional de acceso a una vivienda digna para la inmensa mayoría de los vecinos”. Los argumentos señalados por la formación autonómica son los precios del alquiler mensual, a los que además hay que sumar “un 20% más” en diversos conceptos. Además, “se impone un segundo requisito, para no superar el 30% que por ley debe suponer la vivienda lo que hacen es solicitar que se haya que tener unas rentas mensuales que multipliquen por tres el precio del alquiler”.
Esta exigencia golpea duramente a familias especialmente vulnerables, como es el ejemplo de una unidad familiar monoparental que quiera acceder a un piso de dos habitaciones. Estos deberán afrontar, atendiendo a todos los gastos, hasta los 1.000 euros mensuales en la promoción de San Sebastián de los Reyes y, en consecuencia, tener unos ingresos limpios mensuales superiores a los 2.800 euros al mes. Lo mismo sucede con el caso de un joven que quiera independizarse en un piso de un dormitorio, en el que deberá pagar 820 euros e ingresar más de 2.300 euros netos al mes.
Más sangrante para viviendas de 2 y 3 dormitorios
Los ingresos mínimos exigidos son aún más elevados, igual que el alquiler, para acceder a una vivienda pública para alquiler sostenible con dos dormitorios y 58 metros cuadrados. El precio del alquiler según la Comunidad de Madrid parte desde los 874 euros, pero este cálculo vuelve a ser engañoso y, sumando todos los costes a la renta final, una familia deberá pagar 1.000 euros al mes, incluido los gastos comunitarios y el IBI que la Comunidad de Madrid cobra al inquilino.
El alquiler de una de estas viviendas asciende a los 12.000 euros anuales, por lo que para que la renta no suponga más del 35% de los ingresos limpios el solicitante deberá percibir 34.285,7 euros, que representan unos ingresos netos mensuales de 2.857,1 euros. La última tipología de vivienda del Plan de Ayuso cuenta con tres dormitorios y 76 metros cuadrados, tampoco está amueblada, pero incluye piscina, garaje y gimnasio, entre otros servicios que la Comunidad ha considerado necesarios, pese a disparar el precio, para alquileres asequibles.
En este último caso, el alquiler mensual más bajo presentado por la administración asciende hasta los 1.287,21 euros al mes, que representan 15.446,52 euros al año, poco menos que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Así, para poder acceder a estos alquileres será necesario tener unos ingresos mensuales limpios mínimos de 3.677,74 euros que garanticen que la renta no tiene un peso superior al 35% en la economía familiar. La exigencia anual sería de 44.133 euros.
