El tensionamiento del mercado de la vivienda español es cada vez mayor y la inaccesibilidad a un alquiler, descontada la compra, se extiende por un elevado porcentaje de la sociedad. Ante esta tesitura, y con una ley de Vivienda que permite el establecimiento de topes pero que las comunidades autónomas del Partido Popular (PP) y Vox se niegan a aplicar, al Gobierno central se le abren diversas vías. Esta semana, previsiblemente el martes, el Congreso deberá debatir una proposición no de ley impulsado por EH Bildu para declarar a nivel nacional la emergencia habitacional. A la par, el modelo Viena comienza a resonar a lo lejos.
Emergencia habitacional nacional
La izquierda vasca continúa pugnando por desarrollar la ley de Vivienda para que su aplicación sea efectiva en todos lo territorios, pese a las derechas, y aborde más temáticas de las contempladas. La proposición no de ley que será objeto de debate en la Cámara Baja pretende desarrollar la regulación de los alquileres de temporada, controlar los posibles fraudes y entrar en casuísticas como los arrendamientos de habitaciones, problemática que afecta en mayor medida a los jóvenes.
“La vivienda se ha convertido para las generaciones más jóvenes, y también para el conjunto de la población, en un problema de primera magnitud”, justificaba Oskar Matute la presentación de la proposición. El portavoz adjunto de los abertzales en el Congreso denunciaba una “situación de emergencia” que requiere “soluciones integrales, efectivas y rápidas” y le sobran “excusas y demoras sin ninguna razón”. La pretensión es garantizar el derecho efectivo a una vivienda digna y asequible para todos.
La vía defendida por Bildu es “ampliar la cobertura de las medidas de vivienda a todos los supuestos y cerrando cualquier vía a quienes quieren sortear la legislación actual”. Esto podría conseguirse dotando de “más garantías” a los inquilinos, aumentando la protección de los arrendatarios “frente a situaciones fraudulentas o abusivas”. “Podemos poner en primer lugar el derecho a la vivienda, frente al bien de mercado con carácter especulativo e inalcanzable para la mayoría social trabajadora, situada al albur de un mercado salvaje fuera de control”, zanjaba Matute.
Modelo Viena: entrada de las ONGs
El modelo Viene de vivienda, llamado así por su desarrollo en la capital austriaca, ha penetrado en el debate español. Este se basa en la gestión de alquileres sociales por parte de Organizaciones No Gubernamentales y sin ánimo de lucro (ONG). El de Viena es un caso paradigmático, pues el coste de los arrendamientos es mucho menor al registrado en Madrid o Barcelona pese a que el sueldo medio de sus habitantes supera en más de 1.000 euros el español.
En España, casi cinco de cada diez hogares (47,5%) afronta serios problemas a fin de mes para abonar su renta. Además, el país cuenta con tan solo un 2,5% del total del parque de vivienda que esté en mano de las administraciones públicas, problema que no se va a solucionar con la lluvia de pisos prometidos por todos los gobiernos. Mientras, el 58% de los ciudadanos que vienen en la capital austriaca de alquiler residen en un piso de titularidad pública.
Esto se realiza a través de las ONGs, que con la percepción de subvenciones o con la concesión de créditos a interés bajo, cuenta con la titularidad de diversas viviendas que ofertan con precios asequibles. Además, más allá de comprar y construir este tipo de inmuebles asequibles, también funcionan como intermediarios avalistas entre inquilinos y caseros, exigiendo a los segundos una reducción del precio a cambio de garantizarles el cobro.
España ya no es el país de propietarios que fue antaño. En comunidades autónomas como Madrid, Barcelona o Baleares el porcentaje de ciudadanos que viven en régimen de arrendamiento supera ya el 20% y la acumulación de la vivienda en manos de grandes fondos crece. Las hipotecas y los precios de compra son inaccesibles para la clase trabajadora, que ve preocupada como avanzan los alquileres vacacionales y la oferta de arrendamiento se reduce. Una seria de causas cuya consecuencia es un estrés financiero que golpea a gran parte de la población.
La gran mayoría de competencias en materia de vivienda se encuentran en manos de las comunidades autónomas, razón por la que la ley nacional tiene actualmente poco calado. Tan solo Cataluña ha anunciado su aplicación, mientras que las autonomías lideradas por la derecha o por una coalición de esta y la extrema derecha han anunciado que no meterán mano al mercado de la vivienda, dejando a los especuladores y grandes fondos extranjeros hacer y deshacer a su antojo.
