Territorios como Cataluña y Andalucía están atravesando momentos dramáticos por la sequía. Las lluvias de la última semana dan un poco de tregua a los ciudadanos, con restricciones al consumo, y las actividades económicas dependientes del recurso, pero las administraciones trabajan a destajo para garantizar un bien de primera necesidad. En este contexto, la Comunidad de Madrid quiere volver a erigirse como protagonista pese a no tener ningún problema de abastecimiento. Este “nacionalismo hídrico” de Isabel Díaz Ayuso ha sido denunciado por Teresa Ribera, ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
El equipo de la lideresa del Partido Popular (PP) ha vuelto a inventarse una guerra con el Gobierno central para echar balones fuera y el arma arrojadiza ha sido, en este caso, algo tan sensible como el agua. “Trato discriminatorio” es lo que ha aludido Ayuso para recurrir el plan del Tajo al considerar que “pone en peligro el abastecimiento de siete millones de personas”. A Ribera no le ha quedado otra cosa que llevarse las manos a la cabeza, calificando este miércoles las afirmaciones de un “despropósito”.
“Con el agua bromas las justas, por no decir ninguna. El agua es el asunto más sensible para cualquiera”, ha reclamado la también vicepresidenta tercera durante un desayuno organizado por Europa Press. No obstante, no se ha mostrado sorprendida por el uso de estas prácticas en la Comunidad de Madrid. “El nacionalismo hídrico que tan de moda se ha puesto en determinados momentos y que, de repente, curiosamente se ha desplazado a esa hipérbole del nacionalismo que existe en la Puerta del Sol tiene poco sentido”, ha denunciado.
La afirmación de Ribera se sustenta en un argumento muy claro: “tiene poco sentido porque afortunadamente Madrid no tiene ningún problema de agua”. Los datos de la reserva hídrica así lo evidencian, pero la mandataria autonómica del PP parece ignorarlos o prefiere obviarlos. Ayuso ha cargado contra un plan hídrico que afecta a múltiples territorios, pero “el Tajo no es de Madrid, el Tajo no es de Castilla-La Mancha, el Tajo es de todos los españoles”, le ha recordado la titular de la cartera de Transición Ecológica.
En cuestión de agua, ha reiterado, “el Gobierno de la nación tiene que velar por el interés general del conjunto de los territorios y hacer una gestión eficiente del conjunto del recurso”. Una gestión que, a su vez, debe ser “respetuosa de que el agua y los ríos”, que aparte de servir para el abastecimiento “son también un bien ambiental”. Es por eso que para Ribera este tipo de declaraciones, “que debemos enmarcar en el contexto de ruido porque sí”, se antojan fuera de lugar.
Este proceder es habitual en el Gabinete de Ayuso y, como ya sucediera con la aprobación conjunta entre Gobierno y autonomías del Adenda del Plan de Recuperación, la única pretensión es el boicot. “No es fácil hablar porque su manera de actuar es pegar un grito primero, acusar a quien sea de lo que haga falta y después protestar si alguien contesta”, ha lamentado Ribera, que no obstante ha agradecido a otros territorios, también gobernados algunos por el PP, la predisposición y el buen talante para abordar una materia tan seria.
“Abrir el grifo y que salga agua o que la actividad económica que está vinculada a la disponibilidad de agua no esté en riesgo han sido nuestros objetivos durante estos años y yo creo que lo hemos cumplido estupendamente bien. Y nuestra intención es seguir haciéndolo”, ha defendido la vicepresidenta, enfocada en combatir la sequía y obviar las declaraciones fuera de lugar. “Los planes hidrológicos interiorizan por primera vez los escenarios climáticos y nos preparan para escenarios de exceso y defecto”, ha puesto en valor.
Ayuso y Almeida exigen dinero a todos los españoles
El nacionalismo madrileño esbozados por los principales líderes del PP en la región se acaba, sin embargo, cuando hay que realizar inversiones necesarias en su propio territorio. Es el caso de la modernización del sistema de saneamiento y depuración del área metropolitana de Madrid que, según ha señalado Ribera, Ayuso y Jose Luis Martínez-Almeida pretenden que pague el Estado.
“El Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid pretenden que toda la modernización la pague el Estado y el conjunto de los españoles, cosa que no tiene ningún sentido cuando el área metropolitana de Madrid tiene capacidad para financiar sus infraestructuras”, ha evidenciado la contradicción. “No tiene ningún sentido que pueblos de menos de 500 habitantes contribuyan a la modernización del sistema de depuración de Madrid”, ha zanjado.
