El entorno más cercano de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, continúa viéndose envuelto en escándalos que desembocan en la justicia. Por un lado, la actual pareja de la lideresa autonómica, quien está imputado por fraude fiscal y falsedad documental; por otro, Tomás Díaz Ayuso, el hermano de la dirigente, y las comisiones que se llevó por la compraventa de mascarillas durante la pandemia.
Haciendo un simple cálculo, el montante que han logrado cobrar estas figuras tan relevantes de la familia de Díaz Ayuso asciende a, aproximadamente, 3,5 millones de euros. Pero vamos por partes.
A un lado, Alberto González Amador, pareja actual de la dirigente popular, cobró 1.973.000 euros, el 85% de los 2,33 millones de euros que facturó en 2020 a través de su sociedad Maxwell Cremona SL por “intermediar” para la empresa española FCS Select Products SL en esta operación en la que se adquirieron guantes y mascarillas para protegerse frente al coronavirus.
Según rezaba en el acuerdo, el 5 de mayo de 2020 se reflejaron en los ingresos de la sociedad, propiedad al 100% de González Amador, 834.320 euros como concepto de “comercialización de clientes”; tres meses más tarde, figuraron otros 1.138.000 euros.
En paralelo, con respecto al hermano de Isabel Díaz Ayuso, tal y como publicó este mes de marzo elDiario.es, el contrato que investigó tanto la Fiscalía Europea como la Fiscalía Anticorrupción se centró en la adjudicación por parte de la Consejería de Sanidad un contrato de más de 1,5 millones de euros a la empresa Priviet Sportive SL para traer 250.000 mascarillas para el IFEMA al comienzo de la pandemia. En esta empresa, además de Tomás Díaz Ayuso, también actuó un amigo cercano de la presidenta, Daniel Alcázar Barranco.
La comisión, que en un principio era de 283.000 euros -aunque posteriormente la Fiscalía la dejó en 234.000 euros- se sumó a los 55.850 euros directos del contrato de la Comunidad de Madrid. Lo sustancial de esta operación vino de la mano que la empresa del hermano de la presidenta pagó 540.000 euros por la adquisición del material sanitario y del que después terminó cobrando un total de 1.512.500 euros del Gobierno madrileño.
Sumando ambas cifras, el montante que resale de estas operaciones paralelas, pero que confluyen en el mismo entorno familiar, asciende a 3.485.500 euros.
“Un problema sin solución”
La cuestión que rodea al ‘clan Ayuso’ viene de lejos. Tal y como resumió Genoveses en ElPlural.com, la familia de la presidenta madrileña logró en su día pasar página con el crédito impagado de Aval Madrid, un caso de levantamiento de bienes; a su vez, con las comisiones que se llevó Tomás Díaz Ayuso en lo peor de la pandemia y de las que aún no se han depurado responsabilidades.
En este sentido, se hace mención de los escándalos de la pareja de la presidenta, quien imputado por dos delitos de fraude fiscal de 350.951 euros relativos al Impuesto de Sociedades de los ejercicios de 2020 y 2021 y otro de falsedad en documento mercantil. Acusaciones por las que está llamado a declarar ante la titular del Juzgado de Instrucción nº 19 de Madrid el próximo 20 de mayo, junto a otros cuatro colaboradores necesarios (tres residentes de Sevilla ―David Herrera Lobato y los hermanos Agustín y José Miguel Carrillo― y el empresario mexicano Maximiliano Eduardo Niederer). A ello, se suma la compra de un piso valorado en cerca de un millón de euros en el corazón de la capital, el alquiler del ático de dicho inmueble, el coche Maserati con el que se ha paseado la pareja en reiteradas ocasiones o la sociedad que posee González Amador en Florida.
Cabe remarcar que, tal y como trascendió en marzo a través de una información del diario La Razón en 2021, la pareja se conoció gracias a la mediación del hermano de la presidenta: "Ayuso ha conocido a Alberto González a través de su hermano y con el que mantiene una relación desde hace unos meses", rezaba esta publicación.
Estos detalles que afectan de lleno a la familia Ayuso no se entienden sin prestar a su vez atención a otros miembros del mismo núcleo. Sin ir más lejos, la cuñada de la presidenta, Alejandra del Toro, logró una plaza de funcionaria en el Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada (Madrid), a cargo de los populares y que logró a través de un proceso público en agosto del que resultó ser la única seleccionada.
