La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, intervino para que los aviones que llegaban con material sanitario al inicio de la pandemia no pagasen tasas ni se vigilasen en aduanas.

Sobre el pago de tasas, la líder regional defendió que no era lógico que los aeropuertos cobrasen tasas a los vehículos que traían material como mascarillas, una reclamación que formalizó en la primera Conferencia de Presidentes -evento habitual en época Covid para que las administraciones llevaran a cabo una gestión conjunta-, a fecha de 29 de marzo de 2020. Tan solo cuatro días después, el 2 de abril, AENA acordó hacerse cargo de ello.

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La Comunidad de Madrid informó de este hecho, poco menos que considerado como un hito por parte de la responsable de Sol, en una nota de prensa que este medio ha recuperado para el presente artículo y que se adjunta a continuación.

Control de aduanas

Este no fue el único reclamo que hizo Ayuso en los primeros y más duros días de la pandemia respecto de los aviones que llegaban a Madrid procedentes de China. Y es que la presidenta de la Comunidad insistió mucho en pedir garantías para que los vuelos cargados con material sanitario alcanzaran la capital en tiempo y forma.

Fue una acusación que la política popular hizo de manera reiterada a Moncloa y que encontró la respuesta del entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa, quien acentuaba que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado solo actúan de manera especialmente exhaustiva en la aduana cuando hay sospechas de irregularidades como pueden ser abusos de precios o tráfico ilícito.

 

Hay que destacar que tanto la presidenta madrileña como su entorno tienen pleno conocimiento de la manera en la que funciona el tráfico aéreo de productos sanitarios. Aquí aparece un nombre propio: el de Tomás Díaz Ayuso, quien ha estado en el centro de la controversia tras haber recibido una comisión de 280.000 euros por su intermediación en un contrato sanitario de mascarillas. A pesar de que la Fiscalía Europea archivó la causa por falta de pruebas el escándalo político continúa. 

Los aviones fletados coincidieron en fecha con las mascarillas de Tomás Díaz Ayuso

Los negocios del hermano de la política estuvieron en el punto de mira desde el principio, cuando los aviones fletados por la administración de Ayuso coincidieron en fecha con las mascarillas de Tomás Díaz Ayuso. El asunto traería mucha cola al margen de lo novedoso que ha contado este periódico, tal y como demuestran, por ejemplo, las denuncias interpuestas por el conjunto de la oposición madrileña -dentro de la cual todavía se encontraba Unidas Podemos- que llevó a la Fiscalía Anticorrupción -con ampliaciones posteriores de la denuncia en febrero de 2022- las sospechas.

En estas, el PSOE de Madrid (PSOE-M) presentó numerosa documentación adicional para solicitar, entre otras cosas, que se investigaran los aviones fletados por parte del equipo regional en aquellas fechas, así como la calidad de las mascarillas para saber conocer si se pagaron sobrecostes. De igual forma, pedirían que se esclarecieran más contratos adjudicados a Artesolar Iluminación S.L, empresa en la que sí aparece directamente el nombre del hermano de la presidenta.

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La relación de Ayuso con la electromedicina

La presidenta de la Comunidad de Madrid también tiene, presumiblemente, amplios conocimientos sobre productos de electromedicina y todo lo relativo a la importación y exportación de estos. Ayuso continúa siendo propietaria de una compañía que desde 2014 incumple con la obligación legal de presentar sus cuentas anuales al Registro Mercantil y que comparte, precisamente, con su hermano. Se trata de Sismédica S.L, una sociedad limitada que se dedica al alquiler de bienes inmobiliarios y que los hermanos Ayuso tienen al 50%.

Tal y como pudo comprobar ElPlural.com, el objeto social que figura en el registro mercantil concreta que Sismédica se dedica principalmente al sector inmobiliario, pero  también apunta a labores como la “compraventa, importación, exportación” y distribución de “productos de electromedicina” y “en general de materiales y productos de carácter científico”.

Un familiar piloto 

No es la única compañía de electromedicina que está directamente relacionada con Ayuso. Tal y como publicó en exclusiva este periódico, la vivienda de la que la presidenta de la Comunidad de Madrid es única propietaria funciona a su vez como sede de una sociedad denominada ‘Ayuso Lahoz S.L’, cuyo objeto social es el “comercio interior y exterior, explotación, distribución de aparatos y material fungible y consumibles de equipo médico”.

De dicha sociedad forma parte un familiar directo de Isabel Díaz Ayuso con experiencia como piloto y que debido a su vida laboral tiene amplios conocimientos de exportación e importación de material sanitario y del funcionamiento de los aeropuertos. 

Para más inri, como reveló este medio, el inmueble -situado en Chamberí, uno de los barrios más exclusivos de Madrid- fue una donación de sus padres en el momento en el que una de las empresas familiares de los Díaz Ayuso, MC Infortécnica S.L, empezó a ser incapaz de hacer frente a las deudas contraídas con la firma semipública Avalmadrid.

Se trata de una “nuda propiedad”, lo que quiere decir, como explicaría de manera más detallada este medio, que no puede hacer uso de ella. La nuda propiedad se corresponde con un movimiento muy habitual en las sucesiones, cuando muchos herederos reciben la nuda propiedad mientras el usufructo vitalicio pertenece a un tercero que suele ser el matrimonio de los padres o el cónyuge viudo. En nuestro país es habitual entre las personas de avanzada edad que no cuentan con descendencia o no quieren traspasarles su vivienda. Por ello lo que hacen es vender la nuda propiedad al banco o a otro particular y mantener el usufructo, recibiendo con ello un desembolso por la nuda pudiendo disfrutar de ella hasta su fallecimiento.

Alberto González Amador también se enriqueció con la compra de mascarillas

Entorno de Ayuso y enriquecimiento ilícito -especialmente en pandemia- parecen ir de la mano. La polémica en el entorno de la presidenta también ha salpicado recientemente a su pareja, Alberto González Amador, investigado por dos delitos de fraude fiscal y uno de falsedad documental y habiendo empleado para sus movimientos todo un entramado de facturas falsas y sociedades pantalla para desviar los beneficios obtenidos en la compra de material sanitario. El montante total de la cantidad defraudada asciende a más de 350.000 euros.

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