Consejos vendo que para mí no tengo. Esta es la máxima premisa bajo la que ha decidido gobernar Isabel Díaz Ayuso la Comunidad de Madrid. Una idea y unos principios que, como es fácil de prever, han generado -y lo seguirán haciendo- más de un quebradero de cabeza por la doble vara de medir de la presidenta madrileña. El último ejemplo de esto lo encontramos con el caso de Mónica Oltra y la premura que se dio Ayuso para sentenciar a la entonces vicepresidenta de la Generalitat. Una celeridad que este martes se le ha vuelto en contra, después de que el juez que instruía la causa contra Oltra –por su presunta falta de acción ante los abusos de su exmarido- haya decidido archivar el tema contra todos los investigados al no haberse encontrado indicio de delito alguno.
Sin embargo, como se señalaba en las líneas anteriores, pese a que desde el principio la denuncia arrojaba muchas dudas, Ayuso no dudó en saltarse la presunción de inocencia y cargar duramente contra Oltra cuando salieron las primeras informaciones. Para ser más precisos, a mediados de junio de 2022, Ayuso acusó a la exlíder de Compromís de incoherencia y exigió su dimisión. “Hay que tener en cuenta que estamos hablando de una mujer supuestamente feminista que no solo ha amparado y ha escondido el abuso a una menor tutelada por parte de esta administración sino que urdieron un plan para dejar a la víctima arrinconada y señalarla como la auténtica culpable, a una menor que había sido incluso prostituida por su marido”, llegó a denunciar.
No obstante, las acusaciones de Ayuso no solamente se quedaron ahí, sino que la presidenta madrileña traspasó todas las líneas con Oltra: “¿Qué mujer ampara que su marido esté prostituyendo a una menor que está tutelada por él mismo y permite que se cree una trama para dejarla a los pies de los caballos como una auténtica culpable?”. Unas lamentables declaraciones por las que Ayuso no ha pedido perdón ni ha rectificado. Al menos en el momento que se están redactando estas líneas.
El juez archiva la causa contra Oltra y sus altos cargos por presunto encubrimiento de abusos al no ver delito
Por otra parte, volviendo al archivo de la causa contra Oltra, el titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia ha acordado el sobreseimiento provisional de la causa abierta contra esta y sus ex altos cargos investigados al no ver delito alguno en su actuación ni un presunto encubrimiento de los abusos sexuales cometidos por su exmarido, educador social, a una menor tutelada.
Según un auto de este mismo martes, el magistrado considera que no hay "indicios de la comisión de delito alguno y ello aun cuando en la denuncia y querella iniciales se hicieran de manera meramente provisional calificaciones jurídico-penales que resultan insostenibles con arreglo a lo actuado".
En esta línea, y después de una exhaustiva investigación, que ha incluido el examen de miles de correos, el magistrado sostiene que "se ha reiterado hasta la saciedad que no existe un solo indicio de que se dictara orden o instrucción alguna emanada de los cargos directivos de la Conselleria dirigidas a ocultar los hechos ni a desacreditar a la menor".
De hecho, afirma que Oltra conoció los hechos el 4 de agosto de 2017, cuando se notificó a su exmarido, con el que entonces tenía escasa relación personal, la existencia del procedimiento y las medidas cautelares impuestas por el juzgado que investigó los abusos.
En esta causa figuraban como investigados la propia Oltra, que dimitió el 21 de junio de 2022 de sus responsabilidades en el Consell y Les Corts y otros 15 altos cargos y técnicos del departamento que dirigía en esas fechas, entre ellos, su jefe de Gabinete; el subsecretario de Vicepresidencia; directora general de la Infancia, psicólogos o la directora del centro de acogida donde entre 2016 y 2017 se cometieron los abusos por los que la expareja de la exvicepresidenta se encuentra ya cumpliendo cinco años de prisión, en una sentencia confirmada por el Supremo.
En la causa ha sido acusación particular la menor víctima de los abusos -ahora mayor de edad- y tanto la asociación GobiérnaTe que preside la exdirigente de Vox, Cristina Seguí, como Vox han ejercido de acusaciones populares.
En el auto de sobreseimiento, contra el que cabe recurso de reforma o apelación, el juez rechaza, por no ser esenciales, practicar más diligencias solicitadas por estas partes sobre la forma en la que la joven fue conducida esposada a declarar en la Audiencia para el juicio; los motivos por los que la Generalitat no se personó en la vista o el tráfico de llamadas entre Oltra y su equipo.
El magistrado indica en la resolución que ha cuestionado "múltiples aspectos" de la actuación de los investigados pero recalca que "todos y cada uno de los indicios que fundamentaron en su momento las imputaciones judiciales provisionales (...) se han desvanecido por completo una vez practicadas todas las diligencias necesarias encaminadas a determinar la naturaleza y circunstancias de los hechos".
"Es decir: finalizada la instrucción, oídos todos los investigados, tomando en consideración las declaraciones de todos los testigos" -y "muy en particular" el de la propia víctima, subraya-, "examinada la copiosa documental (...) y examinado el tráfico de 48 correos electrónicos entre los investigados y otros, no subsiste indicio racional de criminalidad alguno contra los imputados ni, en consecuencia, fundamento alguno para dictar una resolución de imputación judicial definitiva (...), pues las meras sospechas, conjeturas o elucubraciones, no sustentadas en indicios racionales, no autorizan a ello", concluye.
El juez detalla de forma cronológica los hechos acreditados durante la instrucción, desde que la víctima sufrió los abusos sexuales hasta 2019, cuando la Fiscalía recibió un informe de la Conselleria realizado por el Instituto Espill relativo a la menor. El magistrado subraya que determinadas conductas seguidas por algunos de los investigados "pudieran haber sido ciertamente distintas a las que fueron" pero sin que de ello "se puedan derivar consecuencias jurídico penales para los mismos".
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