El novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, ofreció pagar más de 380.000 euros para evitar la cárcel. El empresario, que reconoció haber cometido dos delitos fiscales por valor de 350.000 euros y un tercero de falsedad documental en sus declaraciones del impuesto de sociedades de los cursos 2020 y 2021 -coincidiendo con la pandemia del Covid- estaba dispuesto a pagar la cantidad defraudada con los intereses de demora (4,025% en dos ejercicios) para así rebajar la pena, que iba desde el año hasta los cinco por cada delito fiscal.
La pareja sentimental de la líder regional asumió que había defraudado a Hacienda, mientras que la presidenta le presentaba como víctima ante los medios de comunicación, llegando a decir que estaba sufriendo una persecución por parte de la Agencia Tributaria. Así las cosas, González Amador asumió entre mayo de 2022 y enero de 2024 la falsedad de facturas de 600.000 euros y de casi un millón con las que pretendió deducirse gastos.
Pese a todo, el novio de Ayuso presentó el pasado miércoles una querella contra la Fiscalía Provincial de Madrid, acusándole de un delito de revelación de secretos. El órgano jurídico envió una nota en la que se informaba de que fue el propio González Amador el que había ofrecido un acuerdo a través de su abogado, y no al revés como trataron de justificar desde la Comunidad de Madrid. De este modo, la pareja sentimental de la líder regional había ofrecido un acuerdo para evitar la prisión que consistía en “proceder a resarcir el daño causado pagando íntegramente la cuota y los intereses de demora”.
Atendiendo al Código Penal, la persona involucrada en estos casos debe pagar no solo la cuota defraudada y los intereses de demora, sino también una multa “del tanto al séxtuplo” de la cantidad. En la práctica, esto supone que podrían reclamar hasta dos millones de euros a la pareja de la presidenta para aceptar un acuerdo que se traduzca en la rebaja de la pena de prisión.
Querella de Alberto González Amador contra la Fiscalía
Entre las últimas noticias que destacan del caso que salpica al novio de Ayuso se encuentra la querella que ha interpuesto en las últimas horas contra la fiscal jefa de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández, y el fiscal de delitos económicos, Julián Salto, por un presunto delito de revelación de secretos, según apuntaba el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).
Los hechos por los que González Amador tomó medidas contra el órgano jurídico se enmarcan dentro de la mencionada nota informativa que aportaba datos sobre el correo que el fiscal del caso y el abogado del compañero sentimental de la responsable de Sol se habían cruzado con el objetivo de llegar a un acuerdo.
Se trata de la derivada a la que se aferra el novio de Ayuso después de que la inspección de la Agencia Tributaria evidenciara una serie de facturas falsas y un presunto fraude a las arcas públicas de 350.000 euros. En este escenario, señala ahora a los fiscales que considera responsables de la filtración y si el tribunal le admite a trámite abrirá un procedimiento penal contra ellos porque están aforados. En este contexto, González Amador considera que ambos conocían el contenido de las comunicaciones por razón de su cargo y que al difundirlo cometieron un delito de revelación de secretos.
Las derivadas del caso del novio de Ayuso
El caso que apunta directamente a González Amador acumula ya varias derivadas después de las informaciones que han ido relevando los medios de comunicación, entre ellos ElPlural.com, a lo largo de los días.
Una de estas es la que tiene que ver con el piso, que comparte con la presidenta madrileña, por valor de un millón de euros. En el mismo, destaca el ático que, a su vez, fue adquirido por Luis Gómez Fidalgo, la persona que le asesoró frente a la Agencia Tributaria. El mismo, así como la vivienda, comparten notarios con la sede del PP en Génova y el ‘caso Avalmadrid’. Dentro de lo puramente material, hay que destacar también que González Amador disfruta de un Masserati y un Porsche Panamera de empresa.
En otro orden de cosas, destacar que el inicio de las investigaciones a la pareja de Isabel Díaz Ayuso se encuentra en su intermediación en la compra de mascarillas. Concretamente, facturó más de un millón de euros a la compañía FCS Select Products S.L. para que ésta vendiera mascarillas a Mape Asesores, una de las compañías que, a su vez, se encuentra entre las grandes beneficiada por los contratos que la Xunta de Galicia formalizó al inicio del Covid.
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