El Gobierno de la Comunidad de Madrid, con Isabel Díaz Ayuso a la cabeza, está reclamando el dinero de las residencias a personas cuyos familiares fallecieron durante la pandemia del Covid, según ha adelantado este martes la Cadena Ser. Muchas de estas personas se podrían haber salvado en un hospital, tal y como evidencian las propias actas de la región. De ahí que la mezcla entre rabia y enfado sea la tónica habitual entre quienes han recibido las misivas con las que el Ejecutivo autonómico solicita este montante económico. El medio mencionado recoge algunos testimonios en los que queda patente la sorpresa de los familiares a cuyas casas han llegado estas cartas.

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Uno de esos ejemplos es el de Ángela Armingol, quien el pasado 15 de marzo recibió un documento firmado por el director general de Atención al Mayor y a la Dependencia, Óscar Álvarez López, en el que aparece una deuda superior a los 900 euros por los meses de marzo y abril en los que su padre estuvo ingresado en la residencia Amavir.

En sus declaraciones, la receptora del texto -cuyo padre estuvo ingresado en el centro de mayores Amavir Valdebernardo (Madrid) hasta que falleció el 2 de abril a los 89 años- se reconoce “completamente paralizada” y “en shock”: “La he leído por arriba, por abajo, por delante y por detrás porque me parecía increíble”.

El mismo tipo de carta llegó a María de Álvaro el día 11 de marzo, y desde entonces una pregunta ronda en su cabeza: “¿Cómo puede ser esto?”. En su caso, su padre falleció a los 94 años de edad el 5 de abril de 2020, en la residencia Ensanche de Vallecas sin recibir atención hospitalaria. Ahora le piden 674,28 euros, lo que ahonda en su dolor cuatro años después. “Se murió porque unos decidieron que no tenía derecho a recibir una atención sanitaria digna”, evidencia.

“Es repugnante, desolador, descorazonador y terrible (…) Lo primero en lo que pensé al recibir la carta fue en tirarla a la basura. Es como si el asesino de mi padre ahora me reclamara el dinero de la bala. La sensación es esa, de repugnancia, de preguntar ‘¿me puedes decir esto a la cara?’. Y claro que lo dicen. Es muy triste y atenta contra le ética de las personas buenas que hay en el mundo, pero sobre todo la de mi padre, que todavía cuatro años después que estemos así…”

Las familias se niegan a abonar el dinero

Ninguna de las dos familias va a abonar el dinero, según han confirmado al medio señalado. “Ni aunque vaya a la cárcel”, dice María, de forma contundente. “No sé por qué no se cobraron a su debido tiempo”, cuestiona otra de las daminificadas, que no aparta la idea de iniciar una reclamación patrimonial contra la Comunidad de Madrid, así como un recurso de reposición al Tribunal Económico-Administrativo.

Justificación de la Consejería de Asuntos Sociales

La Consejería de Asuntos Sociales justifica la decisión porque “todas las administraciones públicas están obligadas por la legislación estatal a requerir a los ciudadanos sus deudas” y que “la legislación estatal no estableció ninguna excepcionalidad con las deudas pendientes durante la pandemia”, según recoge la Cadena Ser.

Así las cosas, desde el departamento de Ana Dávila exponen que de forma periódica se revisan los expedientes de las plazas con financiación pública de los centros de mayores y que, en el caso de las deudas de residentes fallecidos, el proceso es más complicado y el tiempo a transcurrir es mayor dado que hay que solicitar el dinero a los herederos y localizar los domicilios.

De la misma manera, la Consejería subraya que los afectados pueden presentar un “recurso de reposición o reclamación económico-administrativa” sin dar daros del número de familias al que se le están enviando las misivas.

Lorena Morales, diputada socialista y portavoz de Políticas Sociales del PSOE-M ya denunció estos hechos en la Asamblea, donde lamentó la “poca humanidad” que hay que tener para “reclamar a una familia 600 euros de miseria” en esta situación. “Con una mano ustedes reclaman este dinero cuarto años después a las familias cuyos seres queridos murieron bajo los protocolos de la vergüenza mientras con la otra perdonan a las grandes fortunas mil millones de euros”, apuntó. A esto, la consejera contestó que “las reclamaciones a las familias provienen de un requerimiento del Tribunal de Cuentas”.