Los precios del alquiler han vuelto a marcar máximos históricos durante el primer trimestre del año después de experimentar una nueva subida del 7%, según el último estudio de Fotocasa. Tanto el alquiler como la compra de un inmueble se antoja imposible para las familias trabajadoras en gran parte de los núcleos urbanos; sin embargo, los Gobiernos del Partido Popular, muchos de ellos en coalición con Vox, se niegan a intervenir en el mercado para auxiliar a sus ciudadanos. Ahora, esta negativa a declarar zonas tensionadas podría dejar fuera de una partida presupuestaria a estos territorios.
El Gobierno de coalición, encabezado en esta materia por la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, no renuncia a expandir la aplicación de la ley aprobada en la pasada legislatura. La mayoría de competencias en esta materia se encuentran delegadas en los ejecutivos autonómicos, pero el artículo 18.5 de la ley 12/2023 deja abierta una puerta: “el Departamento Ministerial competente en materia de vivienda, en el marco del ejercicio de las competencias estatales, podrá desarrollar, de acuerdo con la administración territorial competente, un programa específico para dichas zonas de mercado residencial tensionado”.
Dentro de estos programas específicos que podrían implantarse se incluyen “el diseño y adopción de medidas de financiación específicas” orientadas en el sentido de contener o reducir los precios de alquiler o venta y el “establecimiento de medidas o ayudas públicas específicas adicionales dentro del plan estatal de vivienda vigente”. El Gobierno, según ha adelantado la Ser, podría jugar así a la discriminación positiva, es decir, premiar a aquellos territorios que reconocen el problema de la vivienda y trabajan para desarrollar, mientras aquellos que reniegan de abordarlo y defienden el mercado pierden una financiación extra.
Madrid, Baleares, Valencia y Andalucía, en el foco
El problema de los precios de la vivienda se ha convertido en una realidad nacional, pero la principal asfixia se produce en determinados territorios. Los ciudadanos de la Comunidad de Madrid son los principales damnificados, pero su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, defiende a capa y espada la negativa de actual al respecto, dejando que el mercado haga y deshaga a su antojo. Lo mismo sucede en Baleares, donde la coalición de PP y Vox se mantiene estática ante la transformación de la autonomía en un complejo vacacional, mientras sanitarios duermen en furgonetas ante la falta de oferta y los precios desorbitados.
La tercera en discordia, como no podía ser de otra manera, es Cataluña, que concentra sus principales problemas en torno a Barcelona. No obstante, la gran diferencia con las dos anteriores es que el Gobierno de la Generalitat si ha decidido hacer algo al respecto y, por el momento, es la única autonomía que está trabajando en el desarrollo de las zonas tensionadas. La Comunidad Valenciana liderada por Carlos Mazón y la Andalucía de Juanma Moreno Bonilla, territorios donde la progresión de los precios es preocupante, del 15,9% y el 13,6% anual, respectivamente, tampoco pretenden aplicar los mecanismos estatales.
Los datos del informe de otro portal inmobiliario, Idealista, evidencian la necesidad de actuar desde la administración pública ante el desvarío del mercado. Ante la desprotección sufrida por los ciudadanos en algunos territorios, donde sus gobiernos no pretenden ninguna actuación que frene el enriquecimiento de los propietarios a costa del empobrecimiento de la ciudadanía, el Gobierno se está rompiendo la cabeza para buscar fisuras que le permitan actuar. No obstante, la contienda competencial resulta muy compleja y su resolución podría tener como campo de batalla, una vez más, los Tribunales.
Metro cuadrado, en máximos históricos
La pugna política está teniendo lugar mientras la población española soporta unos precios disparados. El estudio publicado este lunes por Fotocasa recoge que la Comunidad de Madrid ha superado su nivel histórico y eleva el precio del metro cuadrado hasta los 18,32 euros. Esta situación es "alarmante" porque continúa "subiendo con fuerza sin vistas a moderarse", asegura la directora de Estudio y portavoz del portal inmobiliario. De estos niveles emanan unas rentas mensuales inasequibles para gran parte de la población.
En Madrid, el coste de un alquiler de un piso de 70 metros cuadros, atendiendo al precio medio, se dispararía hasta los 1.282,40 euros. En Baleares, donde la media se reduce hasta los 17,54 euros, un inmueble de la misma dimensión alcanzaría los 1.227,80 euros, por los 1.154,30 euros de Cataluña, los 1.074,50 euros de País Vasco o los 835,10 euros de Comunidad Valenciana. Para esclarecer la magnitud del problema, cabe destacar que la mitad de todos los trabajadores españoles (salario mediano) cobra menos de 1.545 euros al mes.
