Colaboración público-privada” son, sin duda, las palabras que más ha repetido Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda y Agenda Urbana, en la rueda de prensa posterior a la reunión que ha mantenido, junto con el presidente del Gobierno, con las patronales de la banca y el sector financiero. El país necesita, según Rodríguez, un “sprint a la oferta de vivienda asequible” y para ello la apuesta del Ejecutivo es apoyarse en las empresas promotoras y “reforzar la presencia y el protagonismo del tercer sector y la economía social”.

La titular de la cartera de Vivienda tampoco ha dejado pasar la oportunidad de dirigirse a los propietarios, a lo que ha asegurado que “necesitamos”. “El parque de vivienda en alquiler en su mayor parte (95%) pertenece a propietarios particulares”, ha explicado, apuntando a que “el Gobierno va a trabajar en aportar certeza, seguridad jurídica y garantías para que también desde la iniciativa privada puedan poner más vivienda a disposición del alquiler asequible, aquel que implique el desplegar menos del 30% de nuestras rentas”.

Dos peticiones de los constructores asumidas

“Los trámites para hacer una promoción normal pueden llegar a los dos años y no hay oferta de suelo”, ha denunciado Pedro Fernández-Alén, presidente de la Confederación Nacional de la Construcción. Ante este problema, el representante de la patronal ha pedido a las administraciones públicas que “pongan a disposición de las empresas privadas terreno”. La respuesta del Gobierno, en dos patas: agilidad para tener más suelo disponible y acelerar toda la tramitación.

Cinco pilares han sido los definidos por Rodríguez: la agilidad en el despliegue de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el aumento de la oferta, la mayor implicación y presencia del tercer sector, la dotación de seguridad a los propietarios, la modificación de la ley de Suelo para dar más manga ancha a los constructores y la transformación y modernización del sector que, según la ministra, “sigue sufriendo las consecuencias de la crisis inmobiliaria de la pasada década”.

Llamamiento a las comunidades autónomas

Este Gobierno se ha comprometido en la política de vivienda”, ha trasladado la ministra, que ha recibido diversas críticas en las últimas horas por centrar su discurso en el “negocio” y dirigirse más a los propietarios que a los ciudadanos que están sufriendo la presión del mercado. “El Gobierno está dispuesto a trabajar y acelerar todo lo que sea posible para dar respuesta a lo que creemos es, en algunos casos, una emergencia social que marca la vida de las personas”, ha trasladado, antes de concluir su discurso asegurando que “si para algo está este Gobierno es para mejorar su vida”.

Durante su comparacencia, Rodríguez también ha lanzado un mensaje destinado a los líderes territoriales. "Hago un llamamiento a todas las comunidades autónomas a que atiendan la realidad de las zonas tensionada, donde se congrega un mayor número de población de nuestro país. Quienes están sufriendo especialmente la “angustia” de destinar más del 30% de su salario a la vivienda son los habitantes de estas zonas tensionadas, ubicadas en las principales ciudades españolas. “Hay métodos, instrumentos legales, disposición del Gobierno a ayudar” ha expuesto para introducir una pregunta destinadas a territorios como el liderado por Isabel Díaz Ayuso: "¿por qué confrontar?"

Modificación de norma ECO

Durante la rueda de prensa, Rodríguez también ha indicado que se modificará la orden ECO/805/2003, de 27 de marzo, sobre normas de valoración de bienes inmuebles y de determinados derechos para ciertas finalidades financieras para facilitar el acceso a la financiación de las comunidades autónomas, un cambio que complementaría la modificación de la Ley del Suelo que está en trámite parlamentario.

"Esto complementa la dirección de esa idea en el sentido de que ya hay ayuntamientos y comunidades que están trabajando en la agilidad de sus procesos urbanísticos de concesión de licencias. Hay licencias que se llaman abreviadas, básicas, sencillas y que son licencias que ya están en el 'argot' y en la práctica urbanística en nuestro país, pero que por la norma ECO, no estaban incorporadas esas fórmulas y (...) les estaba propiciando sobre todo un problema a la hora de acceder a la financiación', ha detallado.

En consecuencia, Rodríguez ha defendido que esta modificación de la norma ECO facilitará "la financiación" a los ayuntamientos para la construcción de vivienda. "Se necesitaba de la aclaración de esta norma ECO para ver si estos nuevos medios [Ley del Suelo] que están ya en los ayuntamientos y en las comunidades autónomas en aras a la agilidad, podían obtener financiación", ha subrayado.

Asimismo, ha indicado que aprovecharán el trámite de audiencia pública al que se va a someter esta norma a partir de este jueves para incorporar en la tramitación de este tipo de licencias nuevas técnicas constructivas y factores de sostenibilidad que no estaban incorporados en la norma porque era de 2003 y "había poca gente que pensara en términos de sostenibilidad".

"Considero que ha sido una muy buena reunión para actualizar nuestros compromisos con el sector, de ver qué hemos cumplido, de saber que no vamos a parar, de ser conscientes de la gravedad del problema y de tener la mano tendida para todas las administraciones y el sector privado", ha recalcado.