El Salario Mínimo Interprofesional (SMI) ha subido un 54% desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa y Yolanda Díaz al Ministerio de Trabajo. Lejos quedan los 735,9 euros que dejó Mariano Rajoy antes de abandonar el Gobierno, pero los 1.134 euros actuales (1.323 en 12 pagas) no son suficientes para sobrevivir con dignidad en gran parte del territorio español. Consciente de ello, la vicepresidenta segunda ha anunciado que las reuniones con los agentes sociales para abordar una nueva subida comenzarán en el tercer trimestre del año.

La líder de Sumar ha emplazado a los representantes de los sindicatos (UGT y COO) y de la patronal (CEOE y Cepyme) a verse en la mesa de diálogo en septiembre. El acuerdo tripartito fue imposible de cara al último incremento debido a las reticencias empresariales. La confederación liderada por Antonio Garamendi decidió caerse del acuerdo y Díaz ha advertido que, de igual manera que sucedió a comienzo de este año, habrá una nueva subida del SMI “con o sin acuerdo”.

En el recuerdo de los empresarios está la gestión de las últimas negociaciones, que propiciaron una subida un 1% superior por la retirada de sus organizaciones del acuerdo. La cuantía final se ubicó en los 15.876 euros anuales, montante con el que “no se puede vivir” en gran parte del país. "Con 1.134 euros (al mes) no se puede vivir ni en Madrid, ni en Vigo, ni en Coruña, ni en Murcia, ni en Cartagena, ni en Andalucía, ni en ninguna parte. No se puede vivir”, ha sentenciado Díaz durante su comparecencia en la Comisión de Trabajo del Senado.

La pretensión de la vicepresidenta es clara y ha sido detallada en la Cámara Alta. “La estrategia del Ministerio de Trabajo es seguir subiendo el salario mínimo, hacerlo con acuerdo social”, eso sí, “lo vamos a seguir haciendo, haya acuerdo o no". El problema salarial en España y aunque mirando a Europa es más evidente, no es necesario. El salario mediano, aquel que divide a la población, es de 1.545 euros al mes; es decir, la mitad de los trabajadores del país ni siquiera cobre 1.550 euros mientras los alquileres de múltiples ciudades se ubican en las cuatro cifras.

"Tenemos a ingenieros que perciben estos salarios. Y aquí queda mucho por hacer para tener un país mejor y poder también converger con niveles, no 'low cost', sino niveles propios de dignidad de lo que hacen las economías europeas más robustas", ha defendido Díaz, que ha añadido que subir los salarios en España "es un deber moral". Además, incentiva la economía doméstica y el gasto de las familias, lejos de la “hecatombe” que pronostican los cerebros liberales y el sector empresarial cada vez que se atisba una mejora de la clase trabajadora.

España "lidera la creación de empleo en Europa" y crea cuatro de cada diez nuevos trabajos de la Unión Europea (UE). No ha habido despidos masivos ni se ha descompuesto el tejido empresarial, pese a que la derecha teórica, mediática y política así lo pronosticaban, más deseándolo que probándolo. Una nueva del SMI beneficiaría de nuevo a las más de 2,5 millones de personas que perciben lo mínimo legal por el desempeño de su trabajo y aúna sí seguiría siendo insuficiente.

"Estamos eliminando exclusiones históricas", ha puesto en valor Díaz, que ha reconocido la necesidad de seguir luchando "contra las viejas y las nuevas desigualdades", como la vivienda, cuyos precios de alquiler son "imposibles" de pagar en algunas zonas. Uno de los próximos abordajes podría ser la subida del Indicador Público de Rentas con Efectos Múltiples (IPREM), que durante el Gobierno de coalición se ha subido un 11,3%, hasta situarlo el pasado año en 600 euros mensuales.

"No estoy diciendo que esté contenta con esto, estoy diciendo que después de que se congelara desde el año 2011 al año 2020, hemos conseguido subirlo un 11,3%, pero creo que ahora mismo, ya con carácter inmediato, es imprescindible subir el IPREM. Y lo digo porque la crisis del coste de la vida es gravísima en nuestro país. Ya preparamos la norma para subirlo al 3% y seguir subiéndolo a lo largo de la legislatura", ha añadido Díaz al respecto.

Reducción de la jornada laboral

En otro orden temático, la vicepresidenta también ha reiterado que los tiempos de trabajo se aliviarán. Durante la legislatura se materializará la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas a la semana sin reducción salarial, pasando teóricamente a las 38,5 horas este año y alcanzado el nivel prometido el que viene y logrando “acabar con la anomalía de 40 años sin cambios legales”.

La medida beneficiaría a más de 12 millones de personas asalariadas y, según ha explicado Díaz, va a servir también para mejorar la productividad de nuestro país. Desde 1995 a 2022 la productividad en España creció el 15,3%, pero los salarios reales en ese periodo crecieron solo el 1,2%, razón por la que elevar los salarios y reducir el tiempo de trabajo son avances tanto necesarios como totalmente asumibles por el sector empresarial.