Que los trabajadores generan un valor productivo muy superior a la contraprestación que reciben por su fuerza de trabajo es una máxima irrebatible que sostiene el tejido empresarial. Este excedente (plusvalía) va al bolsillo de los empresarios, que mientras se quejan de los impuestos y demás gastos que tienen que pagar para desviar el debate. La no apertura de una discusión en torno a esta cuestión es uno de los principales esfuerzos del neoliberalismo, pero Antonio Garamendi, presidente de la patronal española, ha activado la polémica con sus últimas declaraciones.

El líder de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), cuyos últimos grandes posicionamientos han sido contra la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) o los impuestos a la banca y las energéticas, ha propuesto ahora que los trabajadores se paguen su cotización social. “Lo que habría que hacer es que las empresas pudiéramos pagar a cada uno de los trabajadores el coste real y que cada trabajador fuera el que realizara su declaración ante la Seguridad Social”, ha sugerido el empresario vasco en el IV Encuentro del Comercio.

El máximo dirigente de los empresarios considera que esta sería “la forma de que se vea el coste real de los salarios en España”. Desde luego no sería positivo para el trabajador. Ante estas palabras, las críticas se han sucedido a gran velocidad y le han planteado otra idea a Garamendi: que el trabajador perciba un salario correspondiente a todo lo que genera con su fuerza de trabajo y, posteriormente, le entregue una parte al empresario. Otra propuesta con muchos adeptos ha sido el reparto de los beneficios empresariales entre la plantilla.

La crítica más dura ha llegado de la número tres del Gobierno de coalición, Yolanda Díaz, que ha tachado la idea de Garamendi de trumpismo. “Es imprudente que un líder empresarial tan importante se deje secuestrar por discursos más propios de Milei o de Trump”, ha lamentado la ministra de Trabajo y Economía Social. Además, la vicepresidenta segunda ha dejado claro al empresario que, lejos de acercarse a su postura, “debe saber que este Gobierno camina en la dirección contraria”.

“También pueden cobrar (los trabajadores) todo lo que producen y luego pagarles la plusvalía a los empresarios. Eso sí que aclararía las cosas”, ha subido la apuesta Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Sira Rego, ministra de Juventud e Infancia ha coincidido con las declaraciones de Bustinduy, las cuales ha compartido en sus redes sociales.

En la misma línea, Aina Vidal, portavoz de Sumar en el Congreso de los Diputados y compañera de partido del ministro, ha apuntado que “podemos dar todos los beneficios a la gente que los produce: los trabajadores. Y lo que sobre repartirlo con los directivos para que ellos decidan las cotizaciones a la Seguridad Social”.

Desde el sector empresarial también han querido responder a Garamendi. Unai Sordo, secretario General de Comisiones Obreras (CCOO), ha planteado imputar al balance de las empresas los costes de infraestructura, tal que carreteras, puertos, aeropuertos, vías ferroviarias, la formación que los trabajadores obtienen antes de saltar al mercado laboral o la sanidad, que garantiza su buen estado de salud, para ver el coste real que las empresas "no asumen" porque son inversiones pagadas por el conjunto de la ciudadanía española.

Por el momento, economistas neoliberales como Juan Ramón Rallo o Daniel Lacalle han apoyado la propuesta de Garamendi, esbozando argumentos como que el Estado te roba con tu cotización e impuestos, pese a que estas contribuciones están muy por debajo de lo que supondría para un trabajador asumir los costes de todos los servicios públicos que se costean con dichas contribuciones.

“El parasitismo estatal prefiere la opacidad fiscal para que no seamos conscientes de lo que nos arrebatan”, asegura Rallo, que defiende que el trabajador “sea consciente de que todo ese dinero podría ser suyo”. Lacalle se ha sumado a la fiesta y ha espetado que “esta es una medida clave para que los ciudadanos conozcan su salario total y gestionen sus impuestos con transparencia”.