El presidente de la Patronal, Antonio Garamendi, se ha mostrado a favor, al menos de forma indirecta, de la regularización de cientos de miles de migrantes que persigue la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) con 600.000 firmas que se ha tramitado este martes en el Congreso de los Diputados.

Garamendi se ha pronunciado sobre este asunto durante el Encuentro Comercio este martes en Madrid. El presidente de la CEOE ha asegurado que “en España falta muchísima gente y hay muchos puestos de trabajo sin cubrir”. Según ha dicho, los empresarios “siempre han estado abiertos a que España sea un país de acogida como, en su día, otros países lo fueron para los españoles que salieron fuera”.

En definitiva, la patronal “no tiene ningún problema en que venga la gente de fuera para trabajar, porque hay muchas empresas buscando trabajadores”, ha insistido.

No sorprende que la patronal se haya mostrado a favor de esta ILP, ya que formaciones conservadoras como Junts y PNV han votado a favor y desde el Partido Popular, su presidente, Alberto Núñez Feijoo, ha comunicado que no se opondrán a la tramitación de esta ley en el Parlamento. Al menos el 75% de los migrantes de nuestro país desempeña trabajos calificados de cualificaciones bajas, elementales y en la mayoría de los casos, precarios. Muchos de estos empleos que los migrantes se ven obligados a aceptar pese a traer estudios superiores de sus países de origen, son del sector hostelero y de la construcción. De hecho, la patronal del sector denuncia que no hay camareros y que más del 50% de los bares y restaurantes tiene problemas para conseguir empleados. Es más que probable que sea a esto a lo que se refiere Garamendi cuando dice que “hay muchos puestos sin cubrir”. De hecho, los trabajadores migrantes ocuparon este año pasado el 26,4% de los puestos en el sector agrícola, 11,6% en industria, 24,8% en la construcción y 16,7% en el sector servicios. En muchos de esos casos, los migrantes se ven obligados a trabajar en negro porque no tienen papeles, una situación que esta ILP pretende revertir con el apoyo directo o indirecto de todos los partidos a excepción de la ultraderecha de Vox.

El Congreso saca adelante la ILP

El Congreso ha apoyado este martes la toma en consideración de la ILP para la regulación extraordinaria de las 500.000 personas migrantes que, según los cálculos de los impulsores, viven en España sin papeles y sin derechos básicos. La ILP cuenta con más de 600.000 firmas, así con el respaldo de 900 organizaciones de la sociedad civil. En las horas previas a la votación, tanto los grupos del Gobierno (PSOE y Sumar) como sus aliados, ERC, Bildu, BNG y PNV ya habían anunciado su voto favorable, así como Junts. Cada uno de ellos con sus matices y a la espera del proceso de enmiendas.

De hecho, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho en Cope: “Somos sensibles con los que trabajan en España y no tienen papeles”. Es decir, Feijóo ha dado pistas de que no tienen pensado votar en contra de la toma en consideración de la ILP. Solo la extrema derecha de Vox ha anunciado su voto en contra.

Una vez superado este paso en el Congreso, la norma sigue con su trámite parlamentario en una comisión donde los grupos están habilitados para presentar enmiendas.

Lo que pide la iniciativa

La Iniciativa Legislativa Popular presentada reclama una regularización extraordinaria de quienes ya viven y trabajan en España debido a que “los criterios de acceso a la residencia son altamente restrictivos y de muy difícil cumplimiento”, y por otro lado, “el procedimiento administrativo implementado es lento, burocrático y cuenta con un elevado margen de discrecionalidad a la hora de conceder las autorizaciones o su renovación”.

Lamine Sarr, portavoz del movimiento que llevó al Congreso la regularización de migrantes, dijo en el registro de la ILP: “Hemos sufrido todo tipo de racismo hasta llegar aquí”. Para muchas personas en situación de irregularidad es imposible conseguir papeles”, defendía Sarr: “Entre ellos hay familias con niños que no pueden acceder a la salud o a la educación, se encuentran en una rueda de un sistema perverso que las mantiene en la extrema precariedad”. Sarr, senegalés, a su llegada a España se vio empujado a trabajar como mantero para sobrevivir, y recordaba que entre el cerca de medio millón de personas en situación irregular hay jornaleras, temporeros, trabajadoras sexuales y niños que “habiendo nacido en España heredan el estatus migratorio de sus padres”.

Seis meses al Gobierno

El texto da al Gobierno seis meses para aprobar un real decreto con el procedimiento para regularizar la situación administrativa de los extranjeros que se encuentren en territorio nacional antes del 1 de noviembre de 2021. Los promotores defienden que, sin su regularización, se vuelcan sus derechos fundamentales, se les impide contribuir económicamente a la sociedad y no se pueden planificar ni dimensionar los servicios públicos que necesitan los ciudadanos.

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