Alberto Núñez Feijóo sustituyó a Pablo Casado como líder del Partido Popular blandiendo una máxima: una oposición constructiva. Muchos fueron, a juicio del gallego, de Isabel Díaz Ayuso y de sus compañeros afines, los errores que el expresidente de la formación había cometido. Uno de los más relevantes fue reducir a los populares a una mera bancada gritona que emulaba los pasos de Vox. Feijóo prometió que eso cambiaría y que haría una oposición mucho más útil, lo que necesariamente implicaría negociar con el PSOE y con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Sin embargo, pese a que alardea de ser un moderado que apuesta por el diálogo, lo cierto es que su estrategia poco difiere de la empleada por Casado.

El testigo de su predecesor venía acompañado de una importante hipoteca: las negociaciones para renovar el CGPJ. Feijóo asumió el mando de Génova unos meses después de que socialistas y populares acordaran renovar todos los órganos constitucionales caducados a excepción del Consejo General del Poder Judicial. Este asunto se abordó en el primer encuentro que mantuvieron Sánchez y Feijóo, pero apenas se rascó la superficie y aplazaron las conversaciones. A día de hoy, no se ha registrado ningún avance. Más bien, todo lo contrario. Este martes trascendió que PSOE y PP firmaron un acuerdo por escrito en octubre del 2021 para cambiar la ley del Poder Judicial. El documento recogía la firma de Félix Bolaños y del entonces secretario general del PP, Teodoro García Egea. La actual dirección se ha desentendido de dicho documento, tachándolo de “marrullería política” y urgiendo a comenzar las negociaciones desde cero.

El bloqueo continúa y no hay atisbo que aventure cambio alguno, lo que evidencia que el acercamiento de Feijóo a Sánchez no es sino una desiderata. No ha existido y los reproches entre ambos son la tónica habitual, al igual que ocurriera durante la etapa de Casado.

En septiembre, el regreso del curso político supondrá una nueva oportunidad para el gallego de demostrar que el PP no ha cambiado solo de cara, sino de estrategia y acción política. A la vuelta del verano aguardan varios asuntos pendientes en los que socialistas y populares se tomarán el pulso y habrán de negociar más allá de la enquistada reforma del CGPJ.

Objetivo 2%

No se espera que el PP apoye unos Presupuestos Generales del Estado 2023 con sello morado y cuyas líneas maestras comienzan a esbozarse, pero sí que hay un punto en el que los socialistas se encomendarán a la oposición: el gasto en Defensa. Los estados miembros se comprometieron durante la cumbre de la OTAN celebrada en Madrid a elevar el gasto en Defensa progresivamente hasta llegar al 2% del PIB. Sánchez no solo aceptó de buena gana, sino que cerró otros acuerdos bilaterales con Estados Unidos para aumentar la presencia militar en la base de Rota (Cádiz). Apenas unos días después se apresuró a aprobar un crédito de 1.000 millones de euros vía fondo de contingencia para engrasar la inversión en Defensa a la mayor celeridad posible. Sus socios, Unidas Podemos, no aprobaron el gesto. Esgrimieron que no fueron informados e incluso exigieron la convocatoria de una reunión de la comisión de seguimiento de la coalición.

Sánchez ha demostrado que se tomará muy en serio el compromiso de elevar la inversión presupuestaria en Defensa, por lo que se prevén unas negociaciones encarnizadas con sus socios habida cuenta de las discrepancias. El espinoso asunto, no obstante, no turba la placidez del presidente. “No habrá problema. Estoy convencido de que lo vamos a sacar”, insistió, consciente de que en esta materia su sintonía con el Partido Popular es inequívoca. Tanto, que el PSOE aprobó una resolución de los de Alberto Núñez Feijóo en el marco del Debate del Estado de la Nación que instaba al Gobierno a impulsar el incremento de la inversión militar hasta el 2% del PIB para “modernizar” y “mejorar” las capacidades de las Fuerzas Armadas. También para reforzar la presencia militar estadounidense en suelo español, lo que fortalecería los lazos entre ambos países.

Este eventual flirteo puede servirle para aprobar el acuerdo alcanzado con Joe Biden para permitir el despliegue de dos nuevos buques destructores estadounidenses en la base de Rota (Cádiz), no así para elevar el gasto en Defensa. Habrá de hacerse vía Presupuestos Generales del Estado 2023, cuyos trazos comenzarán a esbozarse en las próximas semanas y Unidas Podemos exhibirá perfil propio. Será un complejo encaje de bolillos.

Secretos Oficiales y CNI

El líder del Ejecutivo tampoco cuenta, por el momento, con el respaldo de Unidas Podemos ni otros socios parlamentarios para aprobar en el Congreso la nueva ley de Secretos Oficiales. Las modificaciones introducidas no sacian la sed de transparencia y ventilación que exigen desde la formación morada. El nuevo articulado establece cuatro categorías para la información clasificada, a saber: de alto secreto, secreto, confidencial y restringido; con unos plazos para su desclasificación que oscilan entre los cuatro años y los 50, dependiendo del grado. Este es, precisamente, el principal punto de fricción.

Hay una vía alternativa que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, podría explorar: el PP. La tiene en mente. En mayo, cuando ofreció a sus socios la reforma de la ley franquista de secretos oficiales y una nueva norma que regulase los servicios de inteligencia (CNI) como bálsamo sanador tras Pegasus. Pero el caramelo estaba envenenado. Y es que, Sánchez pretende contar con los populares en ambas cuestiones ya que considera que es un asunto de Estado y, por ello, el principal partido de la oposición y alternativa a ocupar Moncloa ha de estar al tanto.

La secretaria general y número dos de Alberto Núñez Feijóo, Cuca Gamarra, ha afeado que aún no ha habido ningún contacto: “No hemos tenido ni tan siquiera un ‘Ok, nos vemos’”. Sin embargo, ha tendido la mano, deslizando que ya ha habido ofrecimientos por parte de Génova en materia de Defensa y Política Exterior.

Tras ser aprobada en Consejo de Ministros el pasado 1 de agosto, la nueva ley de Secretos Oficiales deberá recibir el visto bueno del Congreso, un primer paso que se antoja complicado. Después, habrá de superar el proceso de enmiendas para volver a ser refrendado. Todo a partir de septiembre.