PSOE y Unidas Podemos están decididos a agotar la legislatura. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se sacudió el pasado martes los rumores sobre posibles cambios en el Gobierno que pudieran provocar una crisis interna. Los socialistas siempre han insistido en que la coalición aguantará. También sus socios. Sin ir más lejos, este jueves, el coportavoz morado, Javier Sánchez, ha reiterado que son un ejemplo de estabilidad. Sin embargo, la cuestión no es si mantendrá la coalición, sino en qué condiciones, puesto que a partir de septiembre habrán de afrontar varias negociaciones espinosas.

Para empezar, el plato fuerte: los Presupuestos Generales del Estado 2023. Las conversaciones sobre los mimbres ya han comenzado, pero en las próximas semanas se abordarán las líneas maestras para, posteriormente, concretar los principales puntos de fricción, como la subida del gasto en Defensa. Sánchez adquirió ante la OTAN el compromiso de elevar la inversión hasta llegar al 2% del PIB. Buen ejemplo de ello fue el crédito de 1.000 millones de euros que aprobó vía fondo de contención, evitando al Congreso y propiciando un choque frontal con sus socios de Unidas Podemos. Los morados no aprueban aumentar el gasto militar y, pese a que se hará de forma paulatina, las diferencias hasta la fecha parecen difíciles de salvar. Ione Belarra, secretaria general y ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, ha dejado claro que mostrarán perfil propio y, si Sánchez quiere su respaldo, el coste será elevado y en forma de inversión social.

En esta cuestión, no hay alternativa. El Partido Popular se ha pronunciado a favor, pero el incremento del gasto en Defensa deberá figurar en los Presupuestos Generales, y a buen seguro Alberto Núñez Feijóo no prestará su bancada para unas cuentas con sello morado.

Más allá de lo engorrosas que resulten las negociaciones en el marco de los PGE, lo que verdaderamente probará la unidad del Ejecutivo de coalición serán la ley de Vivienda y la reforma de la ley de Seguridad Ciudadana, comúnmente conocida como Mordaza.

Ambas iniciativas, tal y como ha publicado ElPlural.com, estaban haciendo de tapón al resto junto a la ley de Memoria Histórica. Las tres eran prioridad absoluta para el Ejecutivo hasta el punto de aparcar otros asuntos para encauzar y concretar estos. No obstante, las diferencias obstaculizaron el entendimiento y únicamente se dio salida a la ley de Memoria Histórica tras un acuerdo con EH Bildu y PNV (ERC se abstuvo). Las otras dos, quedan pendientes para septiembre.

En octubre del 2020 PSOE y Unidas Podemos cerraron un acuerdo para legislar el precio de los alquileres, pero no fue hasta el pasado 1 de febrero de 2022 cuando el Consejo de Ministros aprobó el proyecto y lo remitió al Congreso. Una vez allí, la Mesa de la Comisión de Transportes ha ampliado en no pocas ocasiones los plazos para registrar enmiendas, llegando a acumular más 850. ¿El resultado? La ley lleva seis meses bloqueada a la espera de que se convoque la ponencia que redacte el informe. Los problemas, según fuentes, se hallan en la imposibilidad de PSOE y Podemos de seducir a otras formaciones como ERC, Bildu o PNV. Uno de los principales motivos es que entienden que invade competencias autonómicas. Moncloa espera encarrillar las conversaciones en septiembre y tenerla lista para finales de año.

Por su parte, PSOE y Unidas Podemos pretendían dar un impulso a la reforma de la ley Mordaza en Semana Santa, pero la coyuntura (guerra de Ucrania y caso Pegasus) dilataron los plazos. Actualmente, se encuentra en su fase de ponencia. Las convocatorias se anularon por falta de avances significativos: “Todos los grupos decidimos que era mejor porque no estaba habiendo avances importantes y optamos por cerrar acuerdos al margen y, luego, convocar la ponencia”. Desde entonces, se han aprobado enmiendas parciales a una treintena de artículos gracias a diversas reuniones bilaterales y a tres bandas entre los socios de la coalición y sus aliados en el hemiciclo. El principal escollo a salvar es el tipo de material antidisturbios.

Todo esto, salpimentado con los desencuentros que ha provocado la nueva ley de Secretos Oficiales y los plazos para desclasificar archivos. Se augura, en consecuencia, un septiembre con mucho trabajo por delante.