Como si de un jarrón chino se tratase, el bloque de investidura se ha fracturado en mil pedazos. La votación del decreto ley sobre el Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas derivadas puso de manifiesto que la vasija no quedará igual por mucho que se recompongan los trozos a nivel quirúrgico. Todos los socios del Gobierno de coalición, sin excepción, urgen al PSOE a explicar el espionaje con Pegasus a más de 60 líderes independentistas catalanes y vascos para recuperar la confianza mutua y avanzar en el calendario legislativo. Incluso Unidas Podemos exige la dimisión de Margarita Robles como responsable del CNI. El desencuentro de este jueves no es sino un episodio más en la larga serie de colisiones que acumula Moncloa con sus aliados. ¿Volverá el bloque plurinacional a ser lo que era? ¿Hay vía alternativa?
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) se desmarcó de la reforma laboral, puso en entredicho el envío de armas a Ucrania, censuró que Pedro Sánchez se plegara al plan de autonomía de Marruecos para el Sáhara Occidental y, este jueves, se plantó. No es que discreparan de las medidas del decreto ley, que sí es cierto que consideran insuficientes, sino que hasta que el Ejecutivo no aclare el caso Pegasus la confianza está quebrada y, en consecuencia, no habrá nada que hablar.
“Es un primer aviso”, advierten desde el Grupo Republicano; aunque aseguran que serán proclives al acuerdo una vez se arroje luz sobre el espionaje: “Esquerra Republicana continuará con la mano tendida para impulsar medidas de apoyo a la gente, pero nunca a costa de renunciar a la defensa de los derechos fundamentales”.
La receta, por tanto, para contener una hemorragia de 13 escaños, es evidente: investigar qué ha ocurrido, dar explicaciones y depurara responsabilidades. No obstante, los socialistas no están por la labor. Buena prueba de ello es que el presidente ha trasladado su confianza plena a la ministra de Defensa y el PSOE en su integridad ha cerrado filas.
El presidente del Grupo Parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens, admitió que las relaciones están “dañadas” y hasta que no se esclarezca Pegasus “la legislatura está en riesgo”. ElPlural.com ya publicó el pasado viernes que el calendario legislativo sufrirá por la colisión Moncoa-ERC. En concreto, los daños colaterales serán la ley Mordaza, Vivienda y Memoria Histórica. Según fuentes conocedoras de las negociaciones, se han suspendido todas las reuniones físicas agendadas y verán "cuándo se retoman y con qué actitud”.
“No hay otra opción”
En una entrevista para este periódico, la diputada y portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, ha admitido que “el PSOE no está poniendo las cosas fáciles para poder encaminar esta senda de colaboración que podría ser mucho más fructífera”. Entre otras cosas, porque “vigila demasiado los movimientos de la derecha”. A su juicio, la clave radica en que Moncloa entendiera que “si va a haber un Gobierno progresista hoy, mañana y pasado en este Estado, va a tener que ser contando con esta mayoría plurinacional y con los independentistas de izquierda. No hay otra opción”.
Pero para promover un clima idóneo de cooperación parlamentaria, la dirigente de la izquierda aberztale deslizó que es importante “la confianza”, el feedback, el respeto mutuo y “mimar un poco más esas mayorías”. “Da por hecho que siempre vamos a estar ahí, y puede ser que no. Tienen que cambiar de actitud”, zanjó.
Vía Feijóo
ERC y Bildu han reprochado en no pocas ocasiones a los socialistas que beben los vientos por pactar la derecha, primero con Ciudadanos y ahora con PP. Durante el mandado de Pablo Casado era inviable. Se abonó al ‘no’ por decreto. Pero con Alberto Núñez Feijóo, a priori, las posibilidades aumentan. Tanto es así que, según fuentes de Génova, los contactos para pactar el Plan Ucrania se mantuvieron hasta el último momento. Los populares se enrocaron en el rechazo al decreto porque “se nos ha dicho a todo que no” pese a que se rebajaron las condiciones.
Las mismas fuentes insisten en que, como acto de buena fe, cedieron y el compromiso firmado ya no era condición sine qua non; bastaba con un anuncio desde la tribuna de oradores del ministro de Presidencia, Félix Bolaños. No fue tal. Con todo, la voluntad de acuerdo permanecerá para futuras ocasiones, dicen. La renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) será un buen termómetro para medir su sintonía.
