El Gobierno ha dado un requiebro nocturno con el que trata de evitar una nueva crisis como la de la reforma laboral, salvada in extremis por el voto erróneo de un diputado del PP. Las amenazas de sus socios habituales de tumbar el decreto que aprueba el Plan de Choque contra las consecuencias de la guerra en Ucrania han hecho que el Ejecutivo de Pedro Sánchez acceda a tramitar como proyecto de ley el texto que ampara las últimas medidas, como el descuento al precio del combustible o el tope a las subidas de los alquileres. Una decisión que, por una parte, puede aplacar a sus socios al permitir “las aportaciones de los grupos parlamentarios”, pero también puede atraer al Partido Popular, cuya principal condición era este cambio de forma. Sin embargo, desde Génova también recuerdan otras exigencias trasladadas a Moncloa y sacadas del plan económico de Alberto Núñez Feijóo, pero, por el momento, han recibido la negativa en forma de carta de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Desde el Ejecutivo niegan que haya una cesión al PP y fuentes de Moncloa subrayan que “ponemos por delante a los ciudadanos” y dudan de que los populares vaya a votar en contra de “beneficios que ya están notando millones de ciudadanos”. En las últimas semanas, y ante las amenazas y ultimátum de oposición y socios de investidura, Moncloa se ha esforzado en trasladar las medidas que están en juego. Tanto la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, como el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, insistieron el martes, tras el Consejo de Ministros, en recordar la batería de ayudas que lleva aparejadas el Plan de Choque, como la rebaja de 20 céntimos por litro del combustible, la limitación de la subida de los alquileres, el IVA reducido de la electricidad o el aumento del Ingreso Mínimo Vital.

“Ellos dirán”, señala un dirigente del Gobierno, que apunta a que ahora la pelota está en el tejado de Génova. “Veremos si hay nuevo PP o es el de siempre”, en alusión a la postura del partido bajo la batuta de Pablo Casado, que abanderó la postura de dar al Ejecutivo el “no” a priori. Sobre la posibilidad de aceptar el resto de exigencias del PP, que pasan por reducir el impuesto del IRPF o reducir el tamaño del Gobierno, la postura es clara: “Eso no se puede hacer para mañana y lo saben”.

Cruce de cartas entre Montero y Bravo

Las negociaciones entre PP y Gobierno tuvieron el pistoletazo de salida con la llamada de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a quien ahora ocupa la silla que ella tuvo en la Junta de Andalucía: Juan Bravo. El consejero de Hacienda de Juan Manuel Moreno Bonilla ha sido elevado a hombre fuerte de Feijóo y es el encargado de la política económica del nuevo PP. A él fue a quien Montero telefoneó el martes por la noche para reclamar el apoyo del PP al Plan de Choque de Ucrania, después de que los habituales socios parlamentarios del Gobierno, ERC y Bildu, amenazasen con tumbar el decreto este jueves por el espionaje con Pegasus a destacados dirigentes independentistas.

Bravo replicó a la petición de la ministra este miércoles con una carta que solicita que el Plan de Choque no se aprobase como decreto ley sino como un proyecto de ley para que los partidos pudiesen incluir modificaciones. A esa petición, “para permitir las aportaciones de los grupos parlamentarios”, accedía Moncloa en la noche del miércoles, pero hasta ahí estaban dispuestos a llegar. Un dirigente del PP señalaba, al conocer la cesión del Gobierno, que “no es solo eso” lo que se pedía en la carta de Juan Bravo.

Efectivamente, la misiva reclamaba al Gobierno cuatro medidas más, que salían del plan económico que Feijóo está promocionando desde hace una semana. En resumen, pide “actualizar la tarifa del IRPF para familias con rentas medias y bajas”, “reducción del IVA del gas y la electricidad al 5%”; “agilizar la ejecución de los fondos europeos” y “racionalizar el gasto burocrático y el tamaño del Gobierno”. Fuentes del PP también insisten en que, además de las medidas, reclaman “un plazo concreto”. La carta de Bravo que la tramitación "no se extienda durante un tiempo indeterminado".

"Requiere un análisis profundo"

Aunque Bravo y Montero se habían emplazado a hablar esta tarde para llegar a un acuerdo, la filtración de la carta de Juan Bravo a los medios y su difusión en redes sociales, ha molestado en Moncloa. De hecho, la ministra ha optado por responder también por el mismo para recriminarle, desde la primera línea, que la primera carta la “habéis enviado inmediatamente a los medios”, mientras que ella ha mantenido “la prudencia y discreción acordadas, necesarias en cualquier negociación”. Por ello, replica la ministra, ahora sobre su réplica también por vía epistolar, “entenderás que tras la presión mediática que habéis generado, dé a conocer el contenido de esta respuesta”.

La carta de Montero rechaza la premura con que el PP quiere aprobar estas medidas porque “requiere de un análisis profundo”. “Es necesario estudiar, entre otras cuestiones, el impacto económico y presupuestario, aspecto fundamental que cualquier gobierno responsable debe tener en cuenta, y que no viene reflejado en el mismo”. La ministra, además, le recuerda que un pacto entre PP y Gobierno es “una forma eficaz de ejercer la política” y reclama a Feijóo que también se abra a otros “acuerdos que puedan ser buenos para el interés general”, como la renovación del Consejo General del Poder Judicial o el regreso de la formación conservadora al Pacto Antitransfuguismo.

Mano tendida a otros partidos

Desde el Gobierno también desvinculan el cambio a proyecto de ley de la petición del Partido Popular y otro alto cargo de Moncloa apunta a que era una consideración trasladada desde varios partidos políticos que exigían añadir aportaciones. De hecho, señalan, el propio Bolaños ya adelantó esta posibilidad en una entrevista en RNE el pasado 8 de abril. "No habría ningún problema en que se tramitara como proyecto de ley", señaló entonces el ministro de Presidencia.

Sin embargo, en un último intento por presionar al resto de partidos, la portavoz del Gobierno rechazó este martes, tras el Consejo de Ministros, que sería un decreto para decir “sí o no y esperamos que el PP diga sí”. La modificación a proyecto de ley pone la presión sobre el PP al ser una de sus principales exigencias, pero también abre la puerta a que otras formaciones puedan dar su apoyo al Plan de Choque y que no se repita una votación ajustada -o casi perdida- como la que tuvo lugar con la reforma laboral, aprobada in extremis por el voto erróneo del diputado del PP Alberto Casero.