Existe cierta preocupación en el Gobierno. El caso Pegasus ha agitado el tablero hasta el punto de que sus socios parlamentarios, afectados por el espionaje, se plantean seriamente si convalidar el Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas derivadas de la guerra de Ucrania. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, viajó este fin de semana a Barcelona para reunirse con la consellera Laura Vilagrà y tranquilizar a Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). El president, Pere Aragonès, deslizó que si el Ejecutivo no aclaraba el asunto las relaciones quebrarían, lo que ha encendido todas las alarmas en Moncloa.
En una entrevista en TVE, Bolaños ha insistido en la imperiosa necesidad de desvincular el caso Pegasus de las votaciones parlamentarias. Es por ello que, incluso, ha apelado al Partido Popular: “¿Va a votar en contra de que se suba un 15% el Ingreso Mínimo Vital para las familias más necesitadas? ¿Va a votar a favor de que suba la luz y la gasolina?”.
Hace unas semanas, el Gobierno de coalición cerró el apoyo de Esquerra, Bildu y PNV. Todos ellos manifestaron sus reservas al Plan de choque puesto que consideraban que había muchas otras medidas importantes que no incluía. Sin embargo, el espionaje ha turbado la placidez del bloque de investidura. La izquierda abertzale y los jeltzales apoyarán el Plan, pero el Grupo Republicano mantiene el sentido de su voto en el aire.
Así las cosas, para evitar sorpresas de última hora, Moncloa presiona al Partido Popular. Una abstención sería suficiente para salvar la aprobación del real decreto. Fuentes del Ejecutivo advierten que, en caso de que Génova no apruebe el Plan de choque, “decaería la bonificación de 20 céntimos por litro de carburante, que iba a ahorrar 1.423 millones de euros a familias y empresas; el IVA de la electricidad subiría del 10% al 21% desde el 1 de mayo, como también lo haría del 0,5% al 5,1% el Impuesto de la Electricidad y se recuperaría el Impuesto a la Generación Eléctrica, del 7%, perjudicando a millones de hogares y empresas”.
Además, “no se aplicaría la subida del 15% del ingreso mínimo vital, desprotegiendo a más de un millón de personas vulnerables. Tampoco se ampliaría el bono social eléctrico a 600.000 familias; se pondría fin al límite del 2% de subida a los alquileres, encareciendo el coste de la vida para millones de familias arrendatarias; y no se facilitarían los 10.000 millones de créditos ICO y las ayudas a sectores más afectados: 1.000 millones de inyección a transportistas, 362 millones para agricultores y ganaderos, 68 millones para los pescadores y 625 millones para la industria con gran consumo de energía”.
