Moncloa dispone de 24 horas para convencer al conjunto del arco parlamentario para que apoyen el real decreto relativo al Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas de la guerra de Ucrania. Hace unas semanas tenía la votación atada gracias al bloque de investidura, que parecía lamerse las profundas heridas provocadas por el cisma de la reforma laboral y la decisión de Pedro Sánchez de plegarse al plan de autonomía de Marruecos para el Sáhara Occidental. Pero todo ha cambiado. El espionaje con Pegasus a más de 60 líderes independentistas catalanes y vascos ha impactado en las relaciones del Gobierno con los que hasta ahora consideraba sus socios y la aprobación del plan de choque peligra, máxime cuando el nuevo Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo no parece por la labor de colaborar.
Todos los aliados del Gobierno de coalición, sin excepción, han censurado la gestión del PSOE de la crisis provocada por Pegasus. Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), EH Bildu, Más Madrid, Compromís… Ni un solo grupo parlamentario ha aplaudido, loado o simplemente entendido la postura de los socialistas. No en vano, han firmado un manifiesto conjunto denunciado la monitorización de los smartphones de disidentes políticos.
El diputado y portavoz en el Congreso de Esquerra, Gabriel Rufián, ha dado un ultimátum al Ejecutivo: tiene 48 horas para dar “muchas explicaciones”, de lo contrario, tumbarán del real decreto anti crisis. El líder republicano ha admitido que votar en contra “puede ser lesivo” para su formación, pero están dispuestos a asumir el coste porque “lo más lesivo es espiar a nadie simplemente porque no te gusta cómo piensa. En una democracia se le pincha el teléfono a la gente con un mandato judicial”.
“El único idioma que entiende el PSOE es tumbarle la agenda legislativa”, ha espetado visiblemente enfadado. Y es que la atmósfera de las fuerzas progresistas se ha enturbiado. A ninguno de los integrantes del denominado bloque de investidura le parece suficiente que los socialistas pongan en marcha la comisión de gastos reservados y secretos oficiales, órgano encargado de fiscalizar la labor de los servicios de inteligencia. Tampoco compran la investigación interna propuesta por el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, porque el CNI no se va a investigar a sí mismo; ni ven aceptable que un asunto de tal gravedad se reduzca a un informe del Defensor del Pueblo.
Apuestan por una comisión de investigación pública. “La comisión de secretos oficiales ya sabemos cómo va. Es a puerta cerrada, y nos parece mal, porque ya que está todo esto [el Congreso] lleno de cámaras, estaría muy bien que hubiera. No las hay y no las habrá. Aún es más absurda porque, aquellos que participáramos, no podemos decir o hablar sobre nada de lo que ahí se nos ha dicho”. En la misma tónica se ha movido la portavoz parlamentaria de EH Bildu, Mertxe Aizpurua; el líder de Más País, Íñigo Errejón; Joan Baldoví, de Compromís; y Mireia Vehí, de la CUP.
Rufián: "El único idioma que entiende el PSOE es tumbarle la agenda legislativa"
La situación es tan delicada que, al igual que ERC, la izquierda abertzale ha admitido que están "valorando” el apoyo al Plan de choque. Por su parte, Errejón ha advertido al Gobierno que “en tres meses la legislatura se ha tambaleado en tres ocasiones: con la reforma laboral, con el Sáhara Occidental y con Pegasus. "La ratio no es nada buena, deben tomar nota y demostrar que tiene las prioridades claras”, ha avisado.
Una comisión insuficiente
ElPlural.com avanzó el pasado viernes que la intención de los socialistas era dar las pertinentes explicaciones en la comisión de secretos oficiales, pero primero, se ha de constituir. Es en este pilar donde el PSOE apoya su argumentario: los asuntos de seguridad nacional e información clasificada no pueden tratarse en otro lugar que no sea a puerta cerrada y en esta comisión. Acusaban, además, a PP y Vox de bloquearla porque ambos se oponen a que los representantes de Esquerra y EH Bildu la integren pese a que una resolución de la Mesa del año 2004 recoge que habrá un miembro de cada grupo parlamentario. Los republicanos catalanes estaban presentes en la anterior legislatura y la izquierda abertzale no porque aún no disponía de grupo propio en la Cámara Baja.
Génova, la ultraderecha y también Ciudadanos se oponen a que el independentismo catalán y vasco tengan acceso a un órgano que dispensa información clasificada y aborda asuntos nucleares para el Estado, incluida la Seguridad Nacional. Es por ello que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha maniobrado para modificar el sistema de elección rebajando la mayoría de tres quintos (210 votos) a una mayoría simple (más síes que noes). Un gesto que, a juicio de los afectados, es insuficiente.
Presión al Gobierno
Rufián ha admitido que utilizarán la votación del real decreto para presionar a los socialistas y, conscientes de que peligra, Moncloa ha activado la maquinaria. Tiene dos vías: el bloque de investidura y el PP. El primero ya ha manifestado sus exigencias. Las condiciones fueron anunciadas por el president de la Generalitat, Pere Aragonès, en su visita a Madrid: comisión de investigación pública, una investigación independiente que examine los protocolos y la actuación del CNI, Defensa e Interior; y asunción de responsabilidades. Por el momento, esta última arista pasa por la dimisión de Margarita Robles, tal y como han señalado ERC y EH Bildu: “Por omisión o por acción, es responsable”, ha esgrimido Rufián.
La segunda opción lleva a Génova, que no lo pondrá nada fácil. La secretaria general, Cuca Gamarra, ya ha advertido que Feijóo remitió el plan económico al Ejecutivo y que valorarán abstenerse -no descartan el ‘sí’- toda vez que Sánchez asuma algunas de sus iniciativas.
La pelota está en el tejado del Gobierno que, sin embargo, actúa como si la legislatura no se tambalease: dicen no imaginar que el Congreso no dé luz verde al paquete de medidas anti crisis porque atentaría contra el interés general. Y a eso lo fían todo.
