La reivindicación histórica de la equidad de derechos de las mujeres que cada 8 de marzo se conmemora tiene sentido, significado y motivos.

En primer lugar, por una estricta noción de justicia. También porque cada vez hay más mujeres liderando la producción, la economía, la vida institucional, la investigación y la dinámica de crecimiento que contribuye a la sostenibilidad ambiental y social en todas las áreas. Es por ello que se hace latente la revisión y actualización de propuestas efectivas.

El debate sobre la ley del Estatuto de las Mujeres Rurales y del Mar de Andalucía llevado al Parlamento por la Consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, ha sido rechazado por PSOE-A en la Cámara regional.

La ley permite “modernizar el mundo rural y pesquero, algo que no se puede hacer sin el papel de la mujer” porque “nunca es demasiado tiempo si se ha incorporado todo lo que las mujeres han querido añadir”, ha declarado Carmen Crespo en su comparecencia, el pasado jueves.

Por su parte, Ana Romero, portavoz de Agricultura del Grupo Socialista, consideró insuficiente el proyecto de ley del Estatuto de las mujeres rurales por su “falta de ambición, de aspiración y de amplitud de miras”.

El PP presenta un texto sin metas ni espíritu de cambio

De nuevo a Moreno Bonilla “le falta compromiso con las mujeres del campo y del mar”. La consejera del PSOE-A volvió a reclamar este domingo una “discriminación positiva” para el colectivo.

Ana Romero considera que las medidas concretas con las que los populares pretenden mejorar la vida de las mujeres de “nuestros pueblos y también de las del mar” además de insuficiente, precisan de una apuesta firme y no programática como ha planteado Carmen Crespo.

Las dificultades de las mujeres en el mundo rural son mucho mayores que en las ciudades, pues tienen una representación que “debe verse reflejada en las organizaciones agrarias, en las cooperativas, en la toma de decisiones (…)”, explica la consejera. La política está para tomar medidas que mejoren y allanen la vida de estas mujeres.

Los socialistas defienden en la enmienda presentada a la totalidad de la Ley del Estatuto de las Mujeres Rurales y del Mar “trabajar por solidaridad con el colectivo femenino, por justicia y pedimos discriminación positiva de representación y de voz”.

La discriminación positiva es necesaria cuando se parte de lugares diferentes para llegar al mismo lugar ya que “las mujeres lo tienen mucho más difícil para llegar a los mismos puestos de representación y queremos formar parte junto a los hombres del presente y futuro de nuestros pueblos” sostiene Ana Romero.

Las niñas: sin referentes en el mundo rural

Un sector “absolutamente masculinizado y también envejecido” son las características que dotan el sector agrario, el cual precisa, en palabras de Ana Romero “de gente joven, apostar por la incorporación de jóvenes en el campo, pero también de mujeres, porque las mujeres se nos están yendo de los pueblos”, lo que implica dejar sin referentes a las niñas sobre cuál es el modelo en la agricultura y la ganadería.

Las mujeres en el medio rural se enfrentan a una doble desigualdad: la primera, el simple hecho de ser mujeres en un sector masculino; la segunda, el entorno rural es limitado en cuanto a oportunidades laborales, acceso a servicios y conectividad digital se refiere.

La socialista reiteró que para la consecución de objetivos “no es suficiente con la enumeración de deseos” sino que “hay que definir y orientar acciones y prácticas para generar un contexto de igualdad efectiva” para lo que “el Estatuto debe reflejar el cambio jurídico necesario para alcanzar un mundo rural más igualitario”

Continúan las barreras estructurales, económicas, administrativas y sociales que no garantizan las mismas oportunidades profesionales, de lo contrario, el éxodo rural continuará siendo femenino, lo que hace que se produzcan importantes desequilibrios que pueden poner en riesgo la sostenibilidad demográfica.

Precariedad laboral de la mujer rural en España frente a Europa

Los techos de cristal se hacen latentes en el acceso al empleo y el desequilibrio en la conciliación. Así lo recoge el XII Informe ClosinGap `coste de oportunidad de la brecha de género en el medio rural´, elaborado por CaixaBank en colaboración con Analistas Financieros Internacionales (AFI) que revela el envejecimiento de la población femenina en el ámbito rural alcanzando una tasa de temporalidad de las mujeres agrícolas del 60,9% mientras que la de los hombres es del 52%.

Además, el porcentaje de contratos temporales en las mujeres es 8,6 puntos porcentuales mayor que en el caso de los hombres rurales, que supone un 13,9% frente al 5,3 puntos, respectivamente.

La precariedad laboral de la mujer rural se da en un contexto de mercado laboral agrícola nacional que sitúa a España en la cola de Europa convirtiéndose en el quinto país europeo con el porcentaje de actividad rural femenina más baja (73%); el tercero de Europa con la tasa de empleo rural femenino más baja (64%); y, el segundo con mayor paro femenino rural (12,9%).

La Agenda 2030 tiene un objetivo prioritario: avanzar hacia un nuevo paradigma donde la paridad sea una cuestión transversal en todos los ámbitos y aspectos de la sociedad.