El Gobierno ha resuelto el análisis de la opa de Magyar Vagon sobre Talgo con un no a la propuesta presentada por los húngaros. En las últimas horas, el Ejecutivo ha argumentado su veto a la propuesta de Magyar Vagon por razones de "seguridad nacional" y "orden público" tras el análisis realizado por la Junta de Inversiones Extranjeras, el organismo interministerial encargado de analizar la oferta. Para ello, el Gobierno se habría servido de un informe del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que habría observado una vinculación de la compañía interesada en Talgo con el Gobierno ruso de Vladimir Putin. Un informe que se alejaría de la conclusión a la que llegaron los bancos que, hace apenas unos meses, también analizaron la propuesta de Magyar Vagon para hacerse con el negocio de Talgo.
Las más de 20 entidades financieras que analizaron la propuesta de Magyar Vagon sobre el negocio de Talgo no observaron -o al menos dieron su visto bueno- una vinculación o relación directa entre Magyar Vagon, el grupo Ganz-Mavag Europe o el Gobierno húngaro de Viktor Orban o con Vladimir Putin. Y, de haberlo hecho, no encontraron indicios de que esta relación llevara consigo un riesgo para la "seguridad nacional" en España. De hecho, entre las entidades que analizaron la opa amistosa entre febrero y marzo sobre Talgo estaba Banco Santander, con sede en España.
Algo muy diferente ha observado el CNI en el informe que ha realizado en los últimos meses, que el Gobierno ha calificado como "información clasificada", y en el que parece haber constatado la existencia de que la relación entre la empresa y el Gobierno de ultraderecha húngaro tendría consecuencias negativas para la "seguridad nacional" y el "orden público" español. También tendría consecuencias a la hora de proteger la "autonomía estratética" de la industria española, especialmente del sector ferroviario por ser Talgo el mayor fabricante de trenes a nivel nacional, además del gran suministrador de vehículos de Renfe, el operador nacional. Por su parte, en los últimos minutos, la Comisión Europea ha avalado la decisión del Gobierno nacional, alegando que se trata de una prerrogativa de la que disponen los Estados miembros.
¿Motivaciones políticas o industriales?
Desde los sindicatos de Talgo, concretamente CSIF, deslizan incluso que el no del Gobierno podría tratarse más de motivaciones "políticas" y no tanto industriales. Ante esto, reclaman al Gobierno plantear una opción B y, además, reunirse con ellos para informar de los planes presentes y futuro para asegurar la capacidad de producción de Talgo. Si algo tiene claro la plantilla es que la compañía necesita de un socio industrial para poder hacer frente al amplio volumen de pedidos actuales y futuros, teniendo en cuenta también la expansión del sector ferroviario a nivel internacional.
Mientras tanto, Magyar Vagon ya ha anunciado que recurrirá a “todas las acciones legales a su alcance” tras el no del Gobierno a su propuesta sobre Talgo. La compañía ha avanzado que recurrirá a acciones legales, tanto en España como a nivel europeo, para defender su oferta sobre el negocio de Talgo. Una opa que, además, tiene carácter amistoso y no hostil, ya que fue aprobada por el consejo de administración de la compañía objeto de interés. Los húngaros están convencidos de la "legitimidad de su oferta voluntaria por Talgo" y pretenden defenderla también por vía legal.
En esta línea, defienden que la operación cumple “con todos los requisitos legales vigentes” y basan su argumentario precisamente en el visto bueno, y aval, que recibió de las más de 20 entidades financieras que ya dieron su ok a la opa húngara sobre el 100% de Talgo en la primavera de este año. Un primer paso con el que el grupo húngaro veía posibilidades de seguir adelante en su carrera por Talgo. El principal directivo de Magyar Vagon, András Tombor, confirmaba en julio, hace poco más de un mes, contar con el aval del sector financiero a la opa, uno de los pasos clave en el plan para hacerse con el fabricante de trenes.
Todos contemplaban la opción de veto
No obstante, el veto al Gobierno a la opa era algo que todos los actores implicados han contemplado en los últimos cinco meses. Desde el Gobierno, con Óscar Puente asegurando que el Ejecutivo iba a hacer "todo lo posible" para frenar la opa de los húngaros -la voz más crítica de esta historia- y con María Jesús Montero avanzando conversaciones con un "importante socio inversor nacional" para proteger la "autonomía estratégica" de Talgo frente a los húngaros; pero también desde el punto de vista de Magyar Vagon. El propio Tombor avanzaba en una rueda de prensa celebrada en Madrid al principio del verano que la empresa contaba con la posibilidad legal de recurrir la decisión del Gobierno si este no diera su visto bueno a la opa. Algo que ya ha ocurrido y que Magyar Vagon, tal y como había avanzado, ha cumplido.
Ahora, habrá que esperar que dice la justicia, española y comunitaria, sobre la propuesta de opa presentada por Magyar Vagon y si da la razón al Gobierno, y apoya el informe "clasificado" del CNI; o si, por el contrario, da la razón al grupo húngaro, apoyando así el informe de los bancos que estudiaron el caso. Este mismo jueves, la portavoz comunitaria Francesca Dalboni ha avanzado en Bruselas que la situación podría terminar dirimiéndose en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, como ya ha anunciado el propio grupo húngaro.
Mientras tanto, las voces más críticas reclaman al Gobierno contar con más detalles sobre el veto que expliquen y argumenten su decisión frente a la opa húngara sobre Talgo. Con todo eso, la dirección de la compañía ha optado por mantener la calma a la espera de que la justicia marque su futuro o, al menos, el futuro de la opa de Magyar Vagon sobre su negocio.
