Con la elevada inflación, los altísimos precios de la energía y en plena emergencia climática, el sector del transporte debe afrontar una completa reconversión hacia fuentes de energías más limpias y de emisiones cero. Lo cual supone un gran desafío en un sector que depende al 95% de los combustibles fósiles. En concreto, resulta especialmente difícil para la aviación ya que adolece de un desarrollo tecnológico que permita volar reduciendo las emisiones de CO2 en línea con los compromisos climáticos adoptados tras el Acuerdo de París.

El avión resulta el medio de transporte más contaminante. Hasta el estallido de la pandemia, las emisiones absolutas del sector aéreo crecían alrededor de un 5-7% anual. A la luz de los datos, resulta evidente que, desde el punto de vista de la sostenibilidad medioambiental, cualquier subvención que incentive un mayor volumen de vuelos en avión resulta una pésima idea, por los efectos que supone al lastrar una economía verde y unos hábitos de movilidad libres de combustibles fósiles. Así se ha hecho eco Greenpeace, que a través de un informe denuncia las subvenciones públicas por parte de autonomías y ayuntamientos, sorteando la ley, que reciben diversas aerolíneas.

Aeropuertos infrautilizados en España

Tal y como señala un informe del Tribunal de Cuentas de la Unión Europea, al cual la organización ecologista hace referencia, existen varias infraestructuras aeroportuarias infrautilizadas en nuestro país como el de Albacete, Algeciras-Helipuerto, Badajoz, Burgos, Córdoba, Huesca-Pirineos, León, Logroño, Sabadell y Salamanca.

Según este informe, los aeropuertos que no alcanzan la cifra de 100.000 viajeros al año sufren unas pérdidas medias de 130 euros por pasajero y mantenerlos abiertos solo se justifica ante alguna necesidad específica y difícilmente solventable con otras estrategias de movilidad. Su construcción atendió a una política de transporte global y supuso un enorme sumidero de dinero publico proveniente de los fondos europeos.

Sorteando la ley: “El patrocinio publicitario”

La Unión Europea ya ha dictaminado en varias ocasiones que las ayudas directas a las compañías aéreas son ilegales, salvo que sean declaradas Obligación de Servicio Público (OSP), ya que dichas ayudas directas vulnerarían la directiva europea sobre libre competencia.

Sin embargo, para sortear dicha prohibición, tanto autonomías como ayuntamientos han puesto en marcha otros mecanismos legales para camuflar dichas subvenciones. El mecanismo elegido, dada su facilidad de uso, es el de los “patrocinios publicitarios”, por el que se licitan ayudas que no subvencionan el billete ni pagan a las compañías por las rutas establecidas, sino que pretenden que el importe de las ayudas se destine a campañas de promoción turística de aquellas ciudades o comunidades que aportan la subvención. Greenpeace deja evidencia la estratagema legal aportando dos razones:

  • Las autoridades responsables (como alcaldías o consejerías de la comunidad autónoma) declaran a la prensa que están garantizando la conectividad aérea como un servicio a sus poblaciones (ya sea directo o enfocado al turismo y al atractivo para las empresas) sin poner el peso en la publicidad generada.
  • Los requisitos en las licitaciones suelen imponer la creación de nuevas rutas, un número de vuelos mínimos u otras condiciones contractuales.

Tal y como advierte la plataforma ecologista, la ilegalidad de dichas ayudas, a todas luces una estratagema reglamentaria, puede tener repercusiones a medio plazo. Ya existen denuncias sobre esta actividad subvencionadora en los aeropuertos de Girona y Reus (Tarragona) y la UE está estudiando si son o no ilegales.

El chantaje de la aerolíneas

Las subvenciones a las líneas aéreas son estratégicamente cuestionables. Estas medidas, que en la inauguración de los aeropuertos se catalogaron de temporales, han acabado siendo permanentes en no pocos casos. Si bien algunos aeropuertos han terminado prescindiendo de ellas, otros muchos siguen manteniendo esta política de forma indefinida, tal y como apunta el estudio del grupo ecologista.

Una de las consecuencias de mantener esta política es la relación de dependencia que se acaba creando hacia las compañías aéreas. Algunas, como Ryanair, son conocidas por publicitar el abandono de las instalaciones (que, en algunos aeropuertos, como Girona, supone dejarlo sin actividad) cada vez que el importe de las ayudas no le parece suficiente o su plantilla local exige mejoras. Esto genera una gran ansiedad en la población y por tanto presiona a los cargos políticos, pudiendo determinar las decisiones posteriores, incluyendo el mantenimiento o crecimiento de las ayudas.

De la España vaciada a la España del turismo

La mayoría de los aeropuertos subvencionados y deficitarios se encuentran en el centro peninsular, la España vaciada. Las subvenciones a las líneas aéreas, que en los primeros años se presentaron como un incentivo al desarrollo económico local, han terminado en muchos casos potenciando vuelos a la periferia turística: Costa del Sol, Levante y las islas.

Hay un claro desequilibrio en el uso turístico de los diferentes territorios, con lo que no se compensa el balance. En pocas palabras, es mucho más probable que una habitante de León o Burgos tome un vuelo para pasar sus vacaciones en Valencia que a la inversa.

“Esto supone que el flujo de dinero de las arcas territoriales de las zonas menos turísticas (como Castilla-La Mancha y Castilla y León) termina siendo una inversión para potenciar una industria turística establecida en otros territorios en lugar de potenciar la propia suya.”, apuntan desde la organización.