Desde que Alberto Núñez Feijóo accedió por vez primera a la presidencia de la Xunta, la Unión Europea ha llamado la atención acerca del deterioro sufrido por el idioma gallego a causa de las políticas impulsadas desde el Gobierno regional. Se da la circunstancia de que, al margen de la ayuda de algunas informaciones interesadas por parte de determinados medios, el PP y su entonces candidato Feijóo, de nuevo con el respaldo mediático, hizo del gallego un elemento de confrontación, acusando al bipartito de aquel momento (PSdeG y BNG) de 'galleguizarlo' todo, convirtiendo el idioma en un ariete contra la Xunta y sus inquilinos.
La llegada del ahora líder nacional del PP coincidió con una gestión de la política lingüística que ha recibido desde entonces numerosas críticas, incluidas las citadas de organismos comunitarios.
La creación de la radio y televisión públicas gallegas respondía a la necesidad de impulsar el idioma. Ambos medios iniciaron sus emisiones en julio de 1985. Presidía la Xunta de Galicia el 'popular' Gerardo Fernández Albor.
La TVG y la Radio Galega vivieron con la llegada de Feijóo cambios que, a día de hoy, aún perviven y se traducen en la más longeva protesta de trabajadores de medios públicos con los llamados Venres Negros. La plantilla de la televisión y radio públicas lleva más de 6 años denunciando la manipulación informativa a favor de la Xunta, del PP, de Alberto Núñez Feijóo antes y ahora de Alfonso Rueda.
Con estos antecedentes, la oposición acaba de poner sobre la mesa un pregunta más que inquietante: ¿Qué busca ahora el Partido Popular con la nueva ley de la Corporación de la Radio y Televisión de Galicia?
El Bloque Nacionalista Galego, a través de su viceportavoz en el Parlamento autonómico, Olalla Rodil, ha exigido al PP que retire el anteproyecto. A su juicio, supondría un claro “retroceso democrático brutal”, instando a que dé marcha atrás y “no se atreva, si quisiera, a presentar tal despropósito”.
Precisamente, desde el BNG han denunciado que después de años usando la CRTVG como “terminal de propaganda”, ahora le quieren dar una vuelta de tuerca para, mediante una reforma legislativa realizada “a la medida de los intereses del PP con el único objetivo de hacerse con el control absoluto” de ambos medios públicos.
Los nacionalistas son claros a la hora de enumerar, en palabras de Rodil, “las tres finalidades muy claras” que tiene el PPdeG con esta nueva normativa: controlar la dirección de la corporación poniéndola al servicio de esta formación, eliminar los órganos de participación profesionales y abrir la puerta a lenguas distintas del gallego.
Tal y como ha subrayado la parlamentaria del Bloque, el texto del anteproyecto permitiría “el nombramiento de la Dirección General de la CRTVG con los únicos votos del PP”, lo que echaría por tierra la ley de 2011 que establece una mayoría reforzada en el Parlamento, lo que supone 45 votos.
Más manipulación y menos transparencia
En un marco de protestas constantes por manipulación por parte de los trabajadores de la Corporación, según ha denunciado Olalla Rodil la nueva normativa que los 'populares' quieren sacar adelante “tal y como trascendió en algunos medios prevé además suprimir el Estatuto Profesional y el consejo de informativos”, que trata de “velar por la independencia, la veracidad y la objetividad”.
Al margen de lo anterior, una de las cuestiones sobre las que más inciden los nacionalistas es que con la nueva ley se demuestra que Alfonso Rueda quiere llegar “hasta donde ahora no se atrevió a ir nadie”, en referencia a lo que calificó como “ataque frontal y sin precedentes” a los derechos lingüísticos de Galicia, mediante la apertura de los medios públicos a otros idiomas, lo que supondría romper la propia idiosincrasia de una radio y televisión gallegas que nacieron, precisamente, como baluartes de la lengua propia.
Los socialistas también han puesto el grito en el cielo y han solicitado ya la comparecencia del presidente de la Xunta en pleno extraordinario para “aclarar las iniciativas relacionadas” con esta nueva normativa, tal y como ha explicado la diputada Silvia Longueira.
En la actualidad, la situación de la CRTVG según el PSdeG, pone de relieve una serie de problemas y deficiencias que hacen más necesaria la transparencia.
La sensación que existe es que desde la Xunta se buscará la justificación de una normativa como esta en base a los resultados que obtienen estos medios públicos, cuya implantación, según cifras ofrecidas por el director general, Alfonso Sánchez Izquierdo, está por debajo de televisiones autonómicas históricas, con una audiencia que disminuyó un 30% y, según los socialistas, parece seguir el modelo de la Televisión de Madrid o la de Aragón, cuyos datos las convierten en testimoniales.
A esto contribuye, sin duda alguna, el apartado presupuestario que, en la actualidad, ha bajado a niveles de 2009, lo que tiene su reflejo en la calidad de las producciones.
En definitiva, parece perseguirse un argumento que justifique, aunque sea de forma irreal, los cambios.
